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Adrián Z. Rivero
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La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó un aumento salarial de 1,5% para los funcionarios docentes o administrativos que ganan menos que el salario global, que se reconocerá retroactivamente desde enero de 2026.
Así consta en la Resolución de Rectoría R-383-2026, del pasado lunes, en la cual se anuncia la medida.
En el documento se señala que el aumento se calculará sobre la base salarial vigente a diciembre de 2025 y que “en atención a la normativa interna y externa vigente” se otorgará a quienes se encuentran en la modalidad de salario compuesto y su remuneración no supere la establecida en el salario global.
Es decir, quienes reciben una remuneración por encima del salario global no verán ningún ajuste.
Según la resolución, la limitación anterior responde a lo dispuesto en el Transitorio XI de la Ley Marco de Empleo Público (N° 10159).
“El inciso b) del Transitorio XI establece expresamente que las personas servidoras públicas, cuyo salario compuesto supere el salario global correspondiente a su categoría, serán excluidas de «cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos»”, dice el documento, citando el dictamen OJ-72-2026 de la Oficina Jurídica (OJ).
La R-383-2026 también dispone que el ajuste del 1,5% aplicará para los administrativos que se encuentren actualmente en el régimen de salario global, pero no para los académicos que están en esa misma condición.
Este último grupo quedó excluido, según la Rectoría, debido a que el Reglamento de Régimen Salarial Académico (RRSA) se encuentra en consulta ante la comunidad universitaria, por lo que posteriormente se realizará “una valoración sobre una posible modificación” a las escalas salariales de esos funcionarios.
Reacciones en el Consejo Universitario
Tras el anuncio de los aumentos, este jueves varios miembros del Consejo Universitario (CU) manifestaron, en sesión ordinaria, sus inquietudes por el hecho de que no se incluyera a toda la población laboral dentro de los aumentos.
El que inició comentando el tema fue el representante del sector administrativo, Hugo Amores, quien aseguró tener una “profunda preocupación” por las exclusiones y calificó el documento como “un balde de agua fría”.
“El ajuste por costo de vida no representa un privilegio; representa, simplemente, evitar que el salario siga perdiendo capacidad adquisitiva frente a la inflación. No genera enriquecimiento, no crea incentivos nuevos y no rompe la equidad. Únicamente mantiene el valor real de la remuneración pactada convencionalmente”, sostuvo Amores.
Para el representante administrativo, existen suficientes fundamentos jurídicos como para reconocer el aumento “sin distinciones” a todos los funcionarios, independientemente del esquema remunerativo en el que se encuentren.
Por su parte, el director del CU y representante del Área de Ciencias Básicas, Keilor Rojas, manifestó que la resolución se contradice:
“Argumenta, claramente, que el ajuste por costo de vida no es un plus, sino es simplemente recuperar la pérdida del valor del dinero en el tiempo que todas las personas hemos sufrido y luego se decanta por otra tesis”, dijo Rojas, quien pidió a la Rectoría brindar mayores explicaciones sobre lo decidido.
Finalmente, la representante del Área de Salud, Carolina Santamaría, resaltó que el tema no podría tener un trasfondo financiero, pues el ajuste “ya estaba considerado dentro del presupuesto para el 2026”.
“Es necesario que la comunidad universitaria reciba una explicación al respecto, porque la pérdida de valor adquisitivo la hemos padecido todos los miembros de la comunidad universitaria”, dijo la representante.
Sindeu convoca reunión urgente
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la UCR (Sindeu) lanzó una convocatoria para una Asamblea General Extraordinaria Informativa el próximo 30 de julio, en la cual se pretende analizar las implicaciones de la Resolución R-383-2026.
En este sentido, el sindicato solicitó a la Rectoría que otorgue permiso a los funcionarios universitarios para que puedan asistir al evento “con carácter de urgencia”.
Mientras tanto, algunas seccionales del sindicato, como la de Mantenimiento y Construcción, han manifestado su “absoluto repudio” a la resolución.
“Vemos con gran preocupación cómo las medidas de austeridad de la administración nos están ahogando. Nos congelan los salarios mientras el costo de vida sube”, dice una carta divulgada por dicha instancia.
La seccional también aseguró estar lista para emprender movimientos para reclamar por el tema:
“En cuanto la Junta Directiva Central (JDC) haga el llamado, tomaremos las acciones necesarias para recuperar lo que se nos adeuda”, dice el documento remitido a la Administración de la UCR.
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Por su parte, el Sindeu defiende que tiene una “minuta de acuerdos” en la que la Administración promete pagar anualidades y escalafones de los últimos años.
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El criterio OJ-72-2026 sostiene que existen fundamentos jurídicos para reconocer el ajuste por costo de vida previsto en la Convención Colectiva y concluye que la Rectoría podría aplicarlo pese a la Ley Marco de Empleo Público.
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