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Adair Mendez
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La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Escuela de Ciencias Políticas reaccionaron con firmeza ante la agresión ocurrida la noche del 21 de abril, cuando un vehículo embistió a estudiantes que participaban en una manifestación en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Ambas instancias condenaron los hechos, exigieron una investigación y alertaron sobre el impacto de este tipo de violencia en la democracia.
La Rectoría de la UCR calificó el hecho como inaceptable y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra personas que ejercen su derecho a manifestarse. En un comunicado firmado por el rector Carlos Araya Leandro, se subraya que “nada justifica la agresión” y que este tipo de actos contradicen los principios de una sociedad democrática.
Además, la administración universitaria hizo un llamado urgente al respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica, destacando que la protesta social es un mecanismo legítimo, especialmente cuando los espacios de diálogo se ven debilitados. En esa línea, expresó su solidaridad con el estudiantado que se moviliza en defensa de la educación superior pública, señalada como un pilar para el desarrollo y la equidad social del país.
Por su parte, la Escuela de Ciencias Políticas elevó el tono de la denuncia al señalar no solo la gravedad del atropello, sino también una aparente omisión por parte de las autoridades policiales presentes en el lugar. Según el comunicado, basado en registros audiovisuales, oficiales de la Fuerza Pública no habrían intervenido para detener al responsable e incluso “parecieran facilitar su huida”.
Para la unidad académica, lo ocurrido constituye un “acto de extrema gravedad” que trasciende a las víctimas directas y se configura como un atentado contra el derecho a la protesta y la libertad de expresión. En su posicionamiento, advierten que la impunidad frente a este tipo de hechos envía un mensaje alarmante a la ciudadanía.
Asimismo, la Escuela manifestó su “profunda preocupación” ante lo que considera un contexto de debilitamiento de los espacios de diálogo, en medio de las protestas contra políticas que podrían afectar el financiamiento de la educación superior pública.
Entre sus exigencias, destacan la apertura de una investigación inmediata y transparente, la identificación y sanción de la persona responsable, así como una explicación pública sobre la actuación de los cuerpos policiales. También solicitaron garantías efectivas para que el derecho a la protesta pueda ejercerse de manera segura.
Ambas instancias coincidieron en la necesidad de retomar el diálogo como vía para la resolución de conflictos y reafirmaron la importancia del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública y el Estado social de derecho.
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