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Ignacio Ortiz Salas
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La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió una resolución que actualiza las medidas institucionales de contención del gasto y restringe durante seis meses la aprobación de nombramientos, incentivos salariales, suplencias y creación de plazas administrativas, como parte de una estrategia para racionalizar el uso de los recursos y preparar la formulación de los presupuestos de 2027 y 2028.
La resolución R-356-2026 sustituye las medidas vigentes desde 2024 y justifica su emisión en la aplicación de la regla fiscal, la incertidumbre sobre el crecimiento de los ingresos universitarios, particularmente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y la necesidad de fortalecer el seguimiento de la ejecución presupuestaria para identificar recursos que puedan reasignarse a prioridades institucionales. Según la Rectoría, las medidas de contención aplicadas desde 2021 han contribuido a una administración “racional de los recursos” y ahora corresponde actualizarlas.
El documento también señala que el comportamiento histórico del gasto y la ejecución presupuestaria del presente ejercicio servirán como insumo para la formulación de los presupuestos de 2027 y 2028, con el objetivo de realizar una asignación más eficiente y sostenible de los recursos universitarios.
Uno de los principales cambios recae sobre la partida presupuestaria “Servicios Especiales”, utilizada mediante el Fondo de Apoyo a Unidades Ejecutoras para financiar nombramientos temporales y otras necesidades extraordinarias de las unidades académicas y administrativas. Durante los próximos seis meses esa partida no podrá utilizarse, salvo excepciones debidamente justificadas, para financiar nuevas dedicaciones exclusivas, remuneraciones extraordinarias, incentivos por méritos académicos, reasignaciones salariales ni jornadas adicionales.
Tampoco podrán realizarse nuevos nombramientos de personas con más de cinco años de experiencia en la administración pública bajo esa partida ni de personal que no cumpla los requisitos definidos por la Oficina de Recursos Humanos. Las personas que ya se encuentren nombradas bajo esa modalidad conservarán esa condición siempre que mantengan la misma categoría salarial o una inferior.
Además, la resolución endurece las condiciones para financiar nombramientos docentes en proyectos de Docencia, Investigación y Acción Social. Entre otras disposiciones, limita la asignación presupuestaria a un cuarto de tiempo completo por proyecto, excluye aquellos con vinculación remunerada externa y exige justificar la necesidad institucional y los resultados de cada nombramiento.
Restricciones en incentivos y plazas
Las medidas también alcanzan otros componentes salariales. Durante el segundo semestre de 2026 no se aprobarán nuevas dedicaciones exclusivas para personal docente y administrativo, mientras la Vicerrectoría de Administración realizará un estudio sobre el comportamiento de ese incentivo para valorar decisiones de cara al próximo año.
Las solicitudes de incentivos por méritos académicos y remuneraciones extraordinarias serán analizadas caso por caso y no procederán cuando la persona funcionaria esté bajo el régimen de salario global. Asimismo, las suplencias solo se autorizarán en casos específicos, como licencias por maternidad, adopción, vacaciones del personal de seguridad o incapacidades superiores a dos meses.
La resolución también suspende los estudios para crear plazas administrativas y los procesos de reclasificación y reasignación de puestos, salvo casos excepcionales previstos en el documento, como aquellas plazas que aún no cuentan con una clasificación formal y cuyo estudio no implique una categoría salarial superior.
Revisión del presupuesto
Además de las restricciones en materia de personal, la Rectoría ordenó a todas las unidades ejecutoras revisar la ejecución de sus partidas de operación para identificar recursos que no se utilizarán durante el presente ejercicio económico y comunicar esas disponibilidades para valorar su eventual reasignación hacia otras prioridades institucionales.
Paralelamente, la Administración realizará un análisis de la ejecución presupuestaria de las distintas unidades con base en el comportamiento observado en años anteriores y durante 2026, con el fin de valorar eventuales ajustes en la formulación del presupuesto institucional correspondiente a 2027 y 2028.
La resolución deja sin efecto las resoluciones R-139-2024 y R-165-2024, que regulaban las medidas de contención anteriores.
Preocupación en el Sindeu
La resolución generó la reacción del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), que manifestó su preocupación por el alcance de las medidas. En un pronunciamiento, sostuvo que la sostenibilidad financiera “no puede traducirse en restricciones permanentes o reiteradas que afecten el desarrollo laboral, la movilidad ocupacional y el reconocimiento de derechos de las personas trabajadoras” y advirtió que “se traslada la crisis a las personas trabajadoras, poniendo en riesgo sus derechos”.
El sindicato también afirmó que “ninguna resolución administrativa puede situarse por encima de la Convención Colectiva de Trabajo” y expresó su preocupación por las limitaciones a las dedicaciones exclusivas, las reclasificaciones, las suplencias y algunos incentivos salariales.
En su criterio, la reiteración de estas medidas obliga a discutir si continúan siendo excepcionales o si “se están convirtiendo en modificaciones estructurales del régimen laboral universitario sin la debida negociación colectiva”.
Como parte de sus propuestas, el Sindeu solicitó abrir una mesa de diálogo con la Administración, realizar estudios técnicos independientes sobre el impacto presupuestario y laboral de las medidas, establecer una revisión semestral mediante una comisión bipartita, garantizar el respeto de los derechos adquiridos y ampliar la participación de la comunidad universitaria en la discusión de estas decisiones.
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