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Álvaro Murillo
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Las rebajas presupuestarias anunciadas y ejecutadas en semanas recientes por el Ministerio de Hacienda sobre el Poder Judicial lo colocan en un escenario de alta incertidumbre que impiden una planificación certera del trabajo contra el crimen organizado y que se suma a la presión acumulada en años recientes por más y más tareas que se cargan sobre la espalda del aparato judicial sin un respaldo financiero.
Aunque se trata de porcentajes pequeños dentro del presupuesto total, de más de ₡500.000 millones, los recortes representan cambios abruptos en las tareas judiciales para este mismo año dado que más de 80% lo consumen los salarios de los casi 14.000 funcionarios. Estos, según las autoridades judiciales, no dan abasto ni tienen los recursos suficientes para atender las funciones encomendadas por decenas de leyes de años recientes frente a un aumento de casos de violencia o de criminalidad, además, cada vez más complejos.
Esa suma proviene de presupuestos aprobados por la anterior Asamblea Legislativa y que no fueron girados, más el 5% del dinero del 2026 que los magistrados aceptaron ante el llamado de Chaves para reducir supuestamente a todo el Estado, pero sumándole los ₡3.000 millones correspondientes a una medida que no pasó por la Asamblea Legislativa para congelar el 10% del “flujo de caja” del actual semestre. “Contábamos con eso para terminar el año”, dijo la funcionaria.
Esta última rebaja fue la que hizo saltar las alertas en el Poder Judicial porque golpea la planificación de tareas de manera inmediata, porque se trata de un recorte dictado de manera al menos dudosa por el Poder Ejecutivo, según diversos magistrados, y porque da un mensaje claro de que el escenario presupuestario puede cambiar en cualquier momento, como señaló Romero en entrevista con UNIVERSIDAD.
“El mayor temor es que llegue un nuevo recorte”, dijo el jueves la directora ejecutiva apuntando a una insuficiencia que aducen para las tareas operativas este mismo año, pero también a la imposibilidad de tener certezas que permitan una debida planificación institucional y, por tanto, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
“Nunca previmos recibir una rebaja mediante una orden de no ejecución, un mecanismo atípico con efectos inmediatos, obviando el debido proceso presupuestario”, añadió Romero, quien asegura que esa orden llegó después de que el Poder Judicial ya había “raspado la olla” en junio para entregar, recursos correspondientes al 5% requerido por el Poder Ejecutivo, equivalente a casi ₡13.000 millones.
Esta rebaja no se ha formalizado, pues sí se tramita mediante presupuesto extraordinario y será decisión de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista y alineada con las medidas que lanza el Gobierno, bajo el argumento de que la situación fiscal exige tomar medidas de austeridad a todo el Estado. “Nos vemos en la Asamblea con el presupuesto”, dijo riendo Chaves en un discurso este sábado contra el Poder Judicial.
Antes dijo que “el pueblo de Costa Rica a través de la Asamblea va a considerar un recorte pequeñito a un presupuesto gigantesco”, dijo sobre un monto que, sin embargo, se somete a un marco poco ágil, no sólo porque debe dedicar a salarios más del 80%, sino también por otras normas internas que deberían promover más eficiencia, como dijo Evelyn Villalrreal, coordinadora del Informe Estado de la Justicia.
“El Poder Judicial es poco ágil en mejorar esa parte de gestión”, comentó la investigadora recordando que el presupuesto institucional creció de manera significativa hasta 2017, pero después se estancó e incluso se redujo tras la pandemia, con un leve repunte en 2024 debido a partidas que, sin embargo, llevaban coletilla de uso específico.
El presupuesto del 2024 fue casi igual al de 2018 en términos reales y en 2025 creció un poco más (4,25%), pero los márgenes ya eran reducidos por la cantidad de responsabilidades que numerosas leyes han puesto sobre el Poder Judicial. El Informe Estado de la Justicia 2025 señaló que entre el 2019 y 2024 se aprobaron al menos 46 leyes en materia de seguridad y que 30 modificaron las competencias de la jurisdicción penal, los procesos o los tipos penales con un problema ya recurrente: “la creacion y modificacion de normas sin el correspondiente contenido presupuestario”.
Es un punto en el que ha insistido también Patricia Solano, una de las magistradas que más responde a las versiones del Poder Ejecutivo, cuando indica que sí se ha cumplido el artículo constitucional de dar al Poder Judicial al menos 6% de ingresos corrientes del Estado, pero que el problema es que esa norma se estableció cuando la institución era solo una pequeña parte de los que es ahora y ni siquiera tenía el Organismo de Investigación Judicial. Es como si el presupuesto familiar estuviera garantizado, pero la familia ahora es ahora mucho más grande.
Y las responsabilidades también, advertía Solano, recordando que con la entrada del actual Código Procesal Penal (1998) la cantidad de jueces para etapas intermedias pasó de 65 a 135 en 2020, pero los casos pasaron de 10.000 anuales a 100.000 anuales en 2020, según sus datos. Eso no incluye lo ocurrido en el último quinquenio con la intensificación del crimen y los golpes presupuestarios por la pandemia y por las medidas fiscales actuales. “Si no tenemos los recursos, no podemos dar una respuesta ágil, sabiendo que es un reproche ciudadano”, decía sobre un tema que ha aprovechado el Ejecutivo para alimentar sus críticas contra el Poder Judicial y las justificaciones para cortarle presupuesto y promover leyes para transformarlo.
Chaves niega que ya haya recortes, pero hay documentos
El ministro de Hacienda y jefe de gobierno de Laura Fernández, Rodrigo Chaves, insinuó el sábado en Nicoya que aún no hay ajustes aplicados al Poder Judicial porque será de responsabilidad de la Asamblea Legislativa, pero un documento del propio Ministerio de Hacienda indica lo contrario.
“¿Quién les ha tocado el presupuesto todavía?”, preguntó en modo de plaza pública a pesar de que el oficio MH-DGPN-DG-CIR-0015-2026, del 26 de junio, sí ordenó no utilizar el 10% del gasto proyectado para este segundo semestre.
“Las cuotas de gasto del III y IV trimestre no podrán exceder el 90% del monto que le corresponde en esos trimestres en su ejecución y será responsabilidad de cada institución distribuir la cuota entre sus gastos de operación y las transferencias que así lo requieran en cada centro gestor”, dice el oficio que provocó fuertes reacciones de algunos magistrados de la Corte Plena, con alusiones a una supuesta conducta autoritaria del Ejecutivo o a presuntas intenciones de limitar adrede las operaciones judiciales contra el crimen organizado.
Poder Judicial contesta: sí aprovecha dinero y no hay “buchacas”
Ante las críticas del oficialismo de que presuntamente tiene mucho dinero sin aprovechar, el Poder Judicial respondió que su ejecución presupuestaria en 2025 fue “alta”, de un 96,84%, como lo dice un oficio de Hacienda. Eso significa que quedaron sin ejecutar unos ₡16.000 millones, un monto que según Romero es mínimo ante la complejidad de programas de gasto de la institución y que además corresponde a rubros de difícil ejecución, como infraestructura. El Estado de la Justicia ha señalado también que ese margen de subejecución puede ser efecto de atrasos en la entrega de recursos desde el Ejecutivo.
Además, Ana Romero descartó que haya “buchacas millonarias”, como se señala en referencia a un fideicomiso de $82 millones que está generando intereses en Hacienda y que ya está comprometido con contratos de construcción de obras (para reducir el pago de alquileres), por lo cual deshacerlo implicaría costos que haría imposible conservar el dinero para destinarlo a tareas operativas.
Asimismo, se refirió a fondos que tiene el Poder Judicial en el BCR señalando que es dinero correspondiente a depósitos judiciales de procesos como sucesorios o demandas civiles, el cual corresponde a terceros y no es propiedad de la institución, que sólo ejerce la custodia.
La entrada Recortes de Chaves al Poder Judicial por ₡21.000 millones nublan el trabajo contra el crimen organizado aparece primero en Semanario Universidad.
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