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Moisés Cáceres
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En Nayón, en el norte de Quito, una intervención dejó al descubierto un escenario que distaba de cualquier proceso terapéutico. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) encontró a 40 mujeres, entre ellas nueve menores de edad. Varias denunciaron abusos sexuales, agresiones físicas y castigos con descargas eléctricas en una piscina.
También relataron sumersiones forzadas en aguas residuales y privación de alimentos como parte del supuesto tratamiento. Una interna habló de un intento de violación por parte del encargado de seguridad. Según la información municipal, los familiares pagaban hasta 4 100 dólares por seis meses de internamiento.
Ese caso forma parte de un patrón más amplio. En las dos últimas semanas previas al reporte fechado el 29 de diciembre de 2025, la AMC clausuró cinco centros de rehabilitación clandestinos en Quito. En esos operativos se encontró a 133 personas internadas en situación de vulnerabilidad.
Las inspecciones evidenciaron supuestos maltratos físicos, hacinamiento, deficiencias graves en la atención médica y psicológica y condiciones insalubres.
En Guayllabamba se registró la muerte de un interno por una herida con arma blanca. En La Ferroviaria Alta se ubicó a un adulto mayor reportado por su familia como desaparecido desde el 29 de agosto de 2025.
Entre los casos documentados también consta el de un establecimiento que operaba desde 2022 con permisos falsificados, actualizados de forma irregular en 2023 y 2024.
En ese lugar se halló a 22 personas en condiciones de hacinamiento y se reportaron denuncias de golpes e inmersión en agua helada como método correctivo.
En otros centros hubo denuncias de que estaba prohibido el contacto entre internos y sus familiares, a pesar de que el Acuerdo Ministerial 80 de 2016 prohíbe restringir visitas familiares, salvo justificación técnica escrita.
Las cifras municipales reflejan un crecimiento en las intervenciones. En 2024 se iniciaron 19 procedimientos de sanción contra centros clandestinos y se clausuraron 10 establecimientos. En 2025 se abrieron 23 procedimientos y se clausuraron 21 centros, más del doble que el año anterior.
El informe detalla presencia de menores de edad, denuncias de abusos sexuales, personas obligadas a trabajar para cubrir su estadía y cobros que alcanzaban miles de dólares por un supuesto proceso de rehabilitación.
Desde la Secretaría de Salud de Quito, Roberto Enríquez explica que el fenómeno no puede analizarse solo desde el control administrativo. Señala que el consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas forma parte de un contexto social más amplio y que el tratamiento residencial no debe constituir la primera opción, sino el último recurso.
Según datos expuestos por la entidad, en Ecuador se registran alrededor de 6 000 muertes anuales asociadas al tabaco, cerca de 2 000 al alcohol y menos de 400 a drogas ilegalizadas.
En 2024, el 77% de las emergencias por intoxicaciones reportadas por el ECU 911 se relacionó con alcohol. En 2023, el 58% de los casos vinculados a delitos también guardó relación con esa sustancia. La edad de inicio registrada ronda los 13,3 años para alcohol y 14,1 para tabaco.
Enríquez indica que la evidencia científica prioriza abordajes ambulatorios y comunitarios, con intervención familiar y social. También advierte que muchas familias, ante la falta de información o de servicios oportunos, buscan soluciones inmediatas y entregan a sus parientes a establecimientos que prometen resultados rápidos.
En Quito existen dos centros con permiso de funcionamiento, según el Ministerio de Salud. Se trata del Cetad Carlos Díaz Guerra, dirigido a hombres mayores de edad, cuyo ingreso se rige por el principio de voluntariedad. El segundo es el Cetad Pumamaqui, el único en Ecuador que brinda atención especializada a mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años.
Un establecimiento legal debe contar con autorización de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), cumplir requisitos de licenciamiento en infraestructura, equipamiento, talento humano y normativa, disponer de un programa de tratamiento por fases y garantizar condiciones sin hacinamiento, según Enríquez.
El abogado Pablo Játiva sostiene que estos lugares no prestan rehabilitación real. A su criterio, operan sin permisos adecuados o con autorizaciones que no corresponden a la actividad que desarrollan.
Señala que prácticas como privación de alimentos, aislamiento, golpes o descargas eléctricas no constituyen tratamiento, sino que pueden encuadrarse en figuras penales.
Cuando en estos establecimientos se registran muertes, abusos sexuales o supuesto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, ya no se trata únicamente de infracciones administrativas. En esos casos corresponde aplicar el Código Orgánico Integral Penal como en cualquier otro delito.
Játiva también advierte sobre el componente económico. Los cobros de hasta 4 000 dólares, las exigencias de dinero para hospedaje y alimentación y los testimonios sobre internos obligados a trabajar sugieren, en su análisis, la existencia de un negocio que se aprovecha de la desesperación y el desconocimiento de las familias.
Las clausuras de 2024 y 2025 muestran la dimensión del problema. Detrás de la fachada de rehabilitación aparecen denuncias de violencia, incumplimiento normativo y vulneración de derechos. El debate no se limita al cierre de inmuebles. También exige información, prevención y una revisión estructural de lo que permite que estos centros reaparezcan.
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También relataron sumersiones forzadas en aguas residuales y privación de alimentos como parte del supuesto tratamiento. Una interna habló de un intento de violación por parte del encargado de seguridad. Según la información municipal, los familiares pagaban hasta 4 100 dólares por seis meses de internamiento.
Abusos y tortura en centros de rehabilitación clandestinos en Quito
Ese caso forma parte de un patrón más amplio. En las dos últimas semanas previas al reporte fechado el 29 de diciembre de 2025, la AMC clausuró cinco centros de rehabilitación clandestinos en Quito. En esos operativos se encontró a 133 personas internadas en situación de vulnerabilidad.
Las inspecciones evidenciaron supuestos maltratos físicos, hacinamiento, deficiencias graves en la atención médica y psicológica y condiciones insalubres.
En Guayllabamba se registró la muerte de un interno por una herida con arma blanca. En La Ferroviaria Alta se ubicó a un adulto mayor reportado por su familia como desaparecido desde el 29 de agosto de 2025.
Entre los casos documentados también consta el de un establecimiento que operaba desde 2022 con permisos falsificados, actualizados de forma irregular en 2023 y 2024.
En ese lugar se halló a 22 personas en condiciones de hacinamiento y se reportaron denuncias de golpes e inmersión en agua helada como método correctivo.
En otros centros hubo denuncias de que estaba prohibido el contacto entre internos y sus familiares, a pesar de que el Acuerdo Ministerial 80 de 2016 prohíbe restringir visitas familiares, salvo justificación técnica escrita.
Aumento de clausuras de centros clandestinos en 2024 y 2025
Las cifras municipales reflejan un crecimiento en las intervenciones. En 2024 se iniciaron 19 procedimientos de sanción contra centros clandestinos y se clausuraron 10 establecimientos. En 2025 se abrieron 23 procedimientos y se clausuraron 21 centros, más del doble que el año anterior.
El informe detalla presencia de menores de edad, denuncias de abusos sexuales, personas obligadas a trabajar para cubrir su estadía y cobros que alcanzaban miles de dólares por un supuesto proceso de rehabilitación.
- Esta información le puede interesar: Clausuran centro de rehabilitación ilegal en Quito que operaba con fachada de centro infantil
Autoridades alertan sobre tratamiento y prevención
Desde la Secretaría de Salud de Quito, Roberto Enríquez explica que el fenómeno no puede analizarse solo desde el control administrativo. Señala que el consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas forma parte de un contexto social más amplio y que el tratamiento residencial no debe constituir la primera opción, sino el último recurso.
Según datos expuestos por la entidad, en Ecuador se registran alrededor de 6 000 muertes anuales asociadas al tabaco, cerca de 2 000 al alcohol y menos de 400 a drogas ilegalizadas.
En 2024, el 77% de las emergencias por intoxicaciones reportadas por el ECU 911 se relacionó con alcohol. En 2023, el 58% de los casos vinculados a delitos también guardó relación con esa sustancia. La edad de inicio registrada ronda los 13,3 años para alcohol y 14,1 para tabaco.
Enríquez indica que la evidencia científica prioriza abordajes ambulatorios y comunitarios, con intervención familiar y social. También advierte que muchas familias, ante la falta de información o de servicios oportunos, buscan soluciones inmediatas y entregan a sus parientes a establecimientos que prometen resultados rápidos.
En Quito existen dos centros con permiso de funcionamiento, según el Ministerio de Salud. Se trata del Cetad Carlos Díaz Guerra, dirigido a hombres mayores de edad, cuyo ingreso se rige por el principio de voluntariedad. El segundo es el Cetad Pumamaqui, el único en Ecuador que brinda atención especializada a mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años.
Un establecimiento legal debe contar con autorización de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), cumplir requisitos de licenciamiento en infraestructura, equipamiento, talento humano y normativa, disponer de un programa de tratamiento por fases y garantizar condiciones sin hacinamiento, según Enríquez.
Análisis jurídico sobre el negocio detrás de las clínicas clandestinas
El abogado Pablo Játiva sostiene que estos lugares no prestan rehabilitación real. A su criterio, operan sin permisos adecuados o con autorizaciones que no corresponden a la actividad que desarrollan.
Señala que prácticas como privación de alimentos, aislamiento, golpes o descargas eléctricas no constituyen tratamiento, sino que pueden encuadrarse en figuras penales.
Cuando en estos establecimientos se registran muertes, abusos sexuales o supuesto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, ya no se trata únicamente de infracciones administrativas. En esos casos corresponde aplicar el Código Orgánico Integral Penal como en cualquier otro delito.
Játiva también advierte sobre el componente económico. Los cobros de hasta 4 000 dólares, las exigencias de dinero para hospedaje y alimentación y los testimonios sobre internos obligados a trabajar sugieren, en su análisis, la existencia de un negocio que se aprovecha de la desesperación y el desconocimiento de las familias.
Las clausuras de 2024 y 2025 muestran la dimensión del problema. Detrás de la fachada de rehabilitación aparecen denuncias de violencia, incumplimiento normativo y vulneración de derechos. El debate no se limita al cierre de inmuebles. También exige información, prevención y una revisión estructural de lo que permite que estos centros reaparezcan.
- Información extra: Rehabilitación
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