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Vinicio Chacón Soto
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“El pueblo existe, o sea, el pueblo no está en Chorreras, pero el pueblo está, existe, está a la orilla de una casa, tal vez arrimado, o incluso finqueros llegaron y les prestaron un pedacito para que pudieran aunque sea hacer techos de plástico y meterse ahí. Así está ahorita la situación”.
Con ese convencimiento describe la situación Susan Campos Espinosa, quien tenía cuatro años de vivir en el pueblo fronterizo de Chorreras, cuando en noviembre del año pasado toda la comunidad fue desplazada a la fuerza por el gobierno de Laura Fernández, que movilizó a Fuerza Pública, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), incluso al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para intentar borrar esta comunidad costarricense.
Campos relató que tenía cuatro años de vivir en esa comunidad, pero su esposo era vecino “desde chiquillo”, tenían un bar restaurante y “como 100 gallinas”, además su esposo llevaba gente a pescar. “Era un pueblo tranquilo, no había gente extraña, todos éramos los mismos, todos nos conocíamos los hijos de los hijos de los hijos”.
Todo ello empezó a derrumbarse el año pasado cuando, tras una muy cuestionable entrega de notificaciones, empezó el proceso que culminó con el desplazamiento forzoso de todo el pueblo.
“En realidad no sabíamos que eran notificaciones, nosotros preguntamos y lo que nos dijeron fue que era un censo de algo del Ministerio de Salud, como que nos iban a poner no sé si era un EBAIS, algo así fue lo que entendimos”, relató .
Añadió que “sinceramente jamás pensé que nos iban a sacar, es que tantos años y con papel y todo”. Pero eso fue exactamente lo que pasó, tras la acción del gobierno Campos Espinosa lo perdió todo, su casa, el bar restaurante, las cien gallinas, a nadie le importó que tiene una discapacidad, que es hipertensa o que tiene dos hijos menores de edad, a quienes debió sacar del colegio.
Tomasa Robleto Valle tenía unos ocho años de ser parte de esta comunidad y cuatro hijos menores de edad. “Fue algo terrible, inesperado, algo que nos partió el alma en el momento en que vimos llegar todas esas patrullas, todas estas instituciones sin saber uno para dónde darle, no tener para dónde si sabe que ahí está todo, que no tiene nada”.
Confirmó el relato de que cuando empezó el proceso de las notificaciones, se les hizo creer que era un censo.
“Yo vendía comidas, vendía fresco, vendía helados y el freezer, el horno, lavadora, todo eso se quedó por ahí y uno ahí perdió todo”, denunció.
“En el tiempo que hemos pasado no nos hemos podido levantar porque, diay, uno no tiene fuerza económica suficiente, uno vive nada más pulseándola ahí para sobrevivir, comer. La familia de nosotros es una familia grande, hasta el momento que digamos que estamos bien de economía, no. El desalojo nos trajo más bien deudas”, lamentó.
Empuje social
Actualmente la defensa de estas familias desplazadas a la fuerza por el Estado costarricense es emprendida por el abogado Karl Villalobos, quien se incorporó al proceso después de que las instituciones ejecutaran la remoción de toda la comunidad e informó que se encuentra en proceso de constituir una asociación que les permita luchar por sus derechos de una mejor manera.
Tras subrayar que todas estas personas enfrentan un proceso penal, Villaobos recordó que el origen del desplazamiento forzoso de este pueblo se remonta a una denuncia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) sobre un cambio de uso de suelo en la comunidad.
En julio del año pasado las autoridades del Sinac y de Fuerza Pública notificaron, si en efecto se puede usar el término, a las familias de Chorreras que tenían un mes para abandonar voluntariamente la zona, ya que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela ordenó el desalojo. Se alegó “invasión a área de protección”.
El 25 de noviembre finalmente se ejecutó el desplazamiento forzoso de esta población por parte de funcionarios del Minae, de los ministerios de Seguridad Pública, de Salud, de la Policía Profesional de Migración, de la Municipalidad de San Carlos y de la Fuerza Pública.
“Lo que hay es una situación de total abandono, el Estado no ha dado mayor ayuda a las personas, no han dado mayor cobertura social, la red de cuido institucional no ha funcionado y esas personas están totalmente desamparadas”, denunció.
Indicó que las personas vecinas solidariamente se han ayudado a sobrevivir, pero con el desplazamiento “pasaron de tener un terrenito, tener donde sembrar para comer, tener un pequeño negocio, de un momento a otro se vieron expulsadas, al punto llegó el grado de presión que hay acreditados dos hechos de personas que vivían en Chorreras que tomaron la decisión de suicidarse”.
Así, explicó que la idea de buscar la conformación de crear una asociación de desarrollo de Chorreras, es para “tocar puertas” y “luchar por rescatar la memoria histórica del pueblo de Chorreras”.
Ponderó que “aquí se ve toda una intención del Estado, tengo que decirlo, de querer borrar del mapa y querer borrar de la historia del país la existencia del pueblo Chorreras. ¿En base a qué finalidades? Hay muchas teorías, todas giran en torno a un interés económico relacionado con el tema de de la minería, pero son especulaciones”.
Lo que sí afirmó es que “hay un interés claramente marcado con sello estatal de que se desaparezca de la memoria histórica del país el pueblo de Chorreras. Eso no puede ocurrir. Chorreras existe y existió en la historia de de San Carlos y es una comunidad que tiene un interés cultural muy grande”, ya que según explicó siempre fue una comunidad en donde costarricenses y nicaragüenses convivieron “en plena armonía”, lo contrario a “ese discurso racista que se oye en el Valle Central, ese discurso xenófobo”.
Apuntó que “en Chorreras realmente se puede ver cómo grupos de diferentes nacionalidades pueden vivir en armonía, desarrollaron un proyecto económico muy interesante. Es un era una zona de mucho empuje social”.
La entrada Pueblo de Chorreras se resiste a desaparecer tras su desplazamiento forzado: vecinos fundarán asociación aparece primero en Semanario Universidad.
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