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Vinicio Chacón Soto
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Esta mañana la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo del proyecto 23. 986, denominado “Ley para garantizar la prisión preventiva en delitos que atentan contra la seguridad ciudadana”.
Se trata de una iniciativa que ha sido muy cuestionada por cuanto criterio experto se ha referido a ella, trátese de la Corte Suprema de Justicia, la propia Sala Constitucional o, recién la semana pasada, la Fiscalía General.
Los cuestionamientos se han centrado particularmente en la polémica disposición de reformar el Código Procesal Penal para imponer la obligación de que se dicte prisión preventiva en caso de que exista peligro para la “comunidad”, ambiguo término que el proyecto define como “conjunto de personas que habitan en una zona geográfica específica en donde se desarrollaron los hechos punibles que son endilgados a la persona imputada y sobre los cuales existen motivos razonables para presumir que la vida e integridad física de este conjunto de personas se encuentra en peligro”.
En la sesión de esta mañana de la mencionada Comisión se aprobó un informe de subcomisión y el resultante texto sustitutivo, de manera que quedó pendiente su trámite por el fondo, para lo cual se aprobó una nueva ronda de consultas a entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Defensa Pública o el Ministerio Público.
La aprobación del sustitutivo no llegó sin que las cuatro diputadas que se le oponen una vez más dejaran claras sus objeciones al texto.
Por ejemplo la independiente y además abogada penalista Gloria Navas expresó que “las reformas que se pretenden, y lo digo esto con todo respeto porque ha sido un proyecto muy manipulado, lo que hacen más bien es poner una camisa de fuerza” que no va a beneficiar a los objetivos que se buscan. Reiteró además por diezmilésima vez que en el tema de la prisión preventiva “hay que tener muy claro que no es para violentar el principio de inocencia, sino esencialmente para garantizar que el proceso se dirija correctamente”.
“Así no sirve este proyecto, vamos a complicar la actividad del juez penal” expresó Navas al tiempo que pidió que se archive el expediente: “con esta normativa vamos a entorpecer el procedimiento”.
De seguido la diputada del Frente Amplio recordó que ya la Sala Constitucional señaló lo inconstitucional de la cuestionada reforma. “Me disculpan, yo sé que se han hecho observaciones y se han incorporado, pero por el fondo no estamos resolviendo lo que la Sala nos señaló en su momento. Sigue teniendo problemas graves”.
“Justo la semana pasada tuvimos una audiencia y viendo la votación que tenemos, me disculpan, pero parece como que no le pusieron atención a la persona que vino acá del Ministerio Público, que no es menor cosa, es el ente acusador”, increpó a las cinco diputaciones que apoyan el proyecto sin miramientos: el independiente Gilberth Jiménez, quien preside la Comisión, Gilberto Campos del PLP, la oficialista Pilar Cisneros, el socialcristiano, Horacio Alvarado y de Nueva República, Fabricio Alvarado.
Vindas leyó del criterio de la Corte que “la pregunta que surge es cómo podrá un persona juzgadora determinar cuándo hay peligro para la comunidad, y esto precisamente hace que la disposición riña con el parámetro de legitimidad convencional y constitucional, porque dada su subjetividad y por ende sus amplios márgenes, convertiría a la prisión preventiva en una medida de aplicación arbitraria”.
Jiménez uso la palabra y defendió su criterio para apartarse de las consideraciones técnicas, y aseguró que la actual redacción “elimina ambigüedades” y que los jueces tomarán la decisión de imponer la prisión preventiva a partir de “prueba contundente”.
Posteriormente la liberacionista Alejandra Larios también recordó que la Sala Constitucional ya dijo que es inconstitucional, y señaló que es “una injusticia engañar a las personas de esa forma, de decir que aquí hay una ley que va a venir a solucionar el problema, cuando no va a solucionar absolutamente nada”.
Le dijo a Jiménez que es “simplista” asegurar que la crisis de seguridad se debe “porque a algunas personas las dejan en libertad, me parece que eso no es serio”. Dijo que la crisis empieza porque no hay una política de seguridad desde el Poder Ejecutivo.
Cisneros aseguró que el proyecto “no es una camisa de fuerza para el juez, el juez después de valorar la prueba y todas las circunstancias del caso decidirá si sí o si no”.
La liberacionista, Dinorah Barquero, llamó la atención sobre que la Comisión recibió a muchas personas que ofrecieron criterios profesionales, “sustentados en ciencia y técnica” que no recomendaron aprobar el proyecto.
Así, la sesión concluyó sin votar el nuevo texto por el fondo, pero con la convocatoria para escuchar al respecto de nuevo a una serie de entidades y repetir el proceso en el cual profesionales e instancias públicas ofrecerán sus mejores criterios sobre la reforma.
La entrada Proyecto que impone prisión preventiva en caso de peligro para la “comunidad” avanza a contrapelo de todo criterio especializado aparece primero en Semanario Universidad.
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