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Daniela Muñoz Solano
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Uno de los proyectos planteados por el Gobierno como parte de su agenda de seguridad permitiría a miembros de los cuerpos policiales del Estado, policías municipales, otras fuerzas públicas e incluso a quienes prestan servicios de seguridad privada agredir e incluso matar a personas sin enfrentar consecuencias. El proyecto de “Ley de Protección Integral a la Víctima y al Servidor Policial” lleva el nombre del oficial Gerson Rosales Cascante, fallecido en un enfrentamiento con presuntos sicarios en Batán de Limón.
Según su exposición de motivos, la iniciativa dotaría al ordenamiento jurídico “de herramientas que protejan eficazmente a quienes tienen a su cargo la seguridad ciudadana; sin menoscabo de las garantías constitucionales del derecho a un debido proceso legal ni de los derechos fundamentales de la persona imputada”.
No obstante, la propuesta dejaría en indefensión a las personas víctimas de violencia policial, pues pretende establecer una presunción “de racionalidad del uso de la fuerza” cuando un policía u oficial de seguridad agreda o incluso mate a un ciudadano, lo que implica que un oficial nunca sería procesado por agresiones o asesinato.
De aprobarse la ley, además minaría protecciones constitucionales para quienes sean acusados de agredir a oficiales o resistir un arresto. Entre otras medidas, las personas podrían ser privadas de su libertad de forma automática sin juicio alguno por la acusación de resistir un arresto o agredir a un oficial; ser sometidas a interrogatorios de hasta 12 horas sin imputación y se eliminaría la posibilidad de libertad condicional para quienes sean condenados por delitos contra la policía.
Esto es especialmente peligroso, dice el constitucionalista Felipe Rodríguez, en un contexto reciente en el que los tribunales han confirmado detenciones arbitrarias, acusaciones infundadas de agresiones contra la policía y se han documentado actos represivos, especialmente en protestas sociales, no en contextos de criminalidad.
Rodríguez agrega que el proyecto plantea la posibilidad de que el Ministerio de Justicia y Paz realice reubicaciones, traslados y cambios de régimen de las personas privadas de libertad, facultad que hoy ejerce el Poder Judicial. Por estas y otras limitaciones, el texto tendría, según el experto, alto riesgo de vicios de inconstitucionalidad.
Otro proyecto de la administración Fernández con problemas previsibles de constitucionalidad es el de “cero ocio en las cárceles”, que propone que las personas privadas de libertad realicen trabajos o actividades productivas y que los recursos generados se reinviertan en parte en el sistema penitenciario, las familias y un fondo de ahorro personal que se entregaría al final de la estancia. El problema, explica Rodríguez, es que el trabajo forzoso está prohibido en Costa Rica por la legislación nacional y por convenios internacionales de derechos humanos.
“Hay una prohibición constitucional expresa de obligar a las personas a trabajar porque eso remite a los tiempos de la esclavitud. Las personas privadas de libertad son personas que han cometido delitos y que están descontando una pena privativa de libertad, pero eso solo implica que se les disminuyen sus derechos de libertad de tránsito, no que pierdan todos sus derechos”, señala el constitucionalista y advierte que se privaría a las personas de su salario, lo cual es ilegal, y que habría que resolver aspectos como cotizaciones a la seguridad social, vacaciones y aguinaldo. “Yo no sé si esto lo han pensado tan bien”, indicó. Respecto a las otras cuatro propuestas gubernamentales en seguridad, Rodríguez advirtió que también rozarían derechos fundamentales, aunque en menor medida.
Sobre la ley que sanciona las “asociaciones criminales”, dijo que amplía tanto el tipo penal, que casi cualquier persona podría terminar en la cárcel sin haber participado en un delito. Por ejemplo, si algunos miembros de una organización cometen un delito, todas las personas asociadas o vinculadas indirectamente a ella podrían ser acusadas.
Además, el texto sanciona toda asociación vinculada al narcotráfico, crimen organizado, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos o terrorismo; y, dado que el terrorismo no está claramente tipificado en la normativa costarricense, podrían sancionarse asociaciones de naturaleza no criminal, incluso políticas. “Este proyecto lo que hace es crear un Estado policial que asume que si una persona está asociada de cualquier forma es por fines ilícitos”, indicó Rodríguez.
La propuesta para sancionar e inhabilitar pistas de aterrizaje clandestinas, por otra parte, supone un riesgo sobre la propiedad privada, pues permitiría decomisar bienes a propietarios de terrenos donde se encuentre una pista, aunque no tengan conocimiento de su existencia. Rodríguez recordó que en la ruralidad del país existen grandes extensiones imposibles de vigilar por sus propietarios, por ejemplo, territorios indígenas de propiedad colectiva, mayoritariamente no habitados, donde podría haber pistas sin que nadie lo sepa ni cuente con recursos para vigilarlas. No obstante, si el Estado encontrara una pista, podría procesar a los dueños y confiscar sus bienes, incluida la tierra.
Mientras tanto, la propuesta “para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales” pretende limitar el derecho al olvido al mantener visibles en las hojas de delincuencia los registros penales durante 15 años después de cumplida la sentencia, por siempre en las bases de datos policiales y judiciales. El problema, explica Rodríguez, es que la Sala Constitucional ha establecido que el derecho al olvido es un derecho fundamental vinculado a la presunción de inocencia, la intimidad y la autodeterminación informativa; una persona no puede ser “eternamente estigmatizada” por haber cumplido una pena. El experto añade que el proyecto admite que el sistema penal no sirve para la reinserción social, si funcionara no necesitarían mantener una vigilancia especial sobre quienes han pasado por él.
Finalmente, sobre la ley de “mano firme contra la reincidencia delictiva”, Rodríguez observó una aparente intención de restarle potestades al Poder Judicial y dárselas al Ejecutivo, al quitar a los jueces la capacidad de otorgar o descartar prisión preventiva mediante nuevas categorías legales de reincidencia.
Rodríguez concluyó que es importante que la ciudadanía entienda que endurecer y armar al Estado para combatir la delincuencia, también implica tener un Estado fuerte y armado que en cualquier momento pueda arremeter contra ciudadanos de bien. “Un Estado policial y armado no se desarma, se hace de nuevos enemigos, siempre van a haber ‘malos’, siempre van a haber ‘otros’ que perseguir”, finalizó.
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