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Daniela Muñoz Solano
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El proyecto de ley propuesto por la diputada oficialista Marta Esquivel que pretende que la Asamblea Legislativa tenga la potestad de elegir al fiscal general y al fiscal subrogante del Ministerio Público requerirá 38 votos para su aprobación.
Así lo determinó la Corte Plena este lunes 10 de agosto durante su sesión cuando con 15 votos a favor y ninguno en contra (aunque con seis abstenciones), se aprobó un informe de la magistrada Patricia Solano que determina que la propuesta incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, por lo que debe aprobarse con mayoría calificada.
El informe, que está fundamentado principalmente en un análisis de la dirección jurídica del Poder Judicial sobre el texto propuesto, determina que conceder a la Asamblea Legislativa la potestad de elegir al jerarca del Ministerio Público implica una afrenta a lo establecido en la Constitución, además de que violenta la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial.
En una larga exposición Solano recogió la historia de la construcción del Poder Judicial, así como el cómo y el porqué el Ministerio Público terminó adscrito a esta entidad. Además explicó el asidero constitucional de que quien ocupe la silla de fiscal general y el fiscal supremo sean nombrados justamente por la corte.
El magistrado Carlos Zamora intervino para decir que el proyecto no solamente debía requerir 38 votos sino que debería establecerse de entrada que el texto es inviable pues violenta lo establecido en la Constitución Política y amenaza la separación de poderes, que es el sustento de la democracia costarricense.
Según dijo el juzgador, la modificación se puede hacer pero debe tramitarse como una reforma constitucional pues es inviable que por medio de una ley se modifique lo que está establecido textualmente en la Carta Magna.
Patricia Vargas por su parte verbalizó su apoyo al informe de la magistrada Solano diciendo que consideraba que el proyecto era una afrenta a la independencia del Poder Judicial pues por ejemplo generaba roces y conflictos de interés para que el Ministerio Público pudiera investigar a personas vinculadas al poder político, al que de aprobarse la iniciativa, qué haría subordinado el puesto.
El informe de Solano se aprobó con 16 votos a favor y solamente seis magistrados se abstuvieron, incluyendo los de la Sala Constitucional, pues prevén la posibilidad de que la iniciativa llegue a sus despachos como una consulta constitucional.
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