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Vinicio Chacón Soto
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Como un “nefasto” riesgo a la seguridad nacional calificó el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), el proyecto de reforma a la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada (N° 8395).
Se trata de una iniciativa tramitada bajo el expediente 23.989, presentada por la socialcristiana Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y que busca modificar los artículos 13, 18 y 45 de esa ley, para permitir la participación de personas físicas o jurídicas extranjeras en empresas de seguridad privada en el país.
El proyecto de ley se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración, donde según informó únicamente él y la independiente Johanna Obando se han opuesto.
Uno de los aspectos cuestionados de la reforma es que en el artículo 13 de la Ley, que tiene que ver con los requisitos que deben cumplir las empresas, establece que para “las personas jurídicas, cuyas participaciones se coticen en un mercado de valores organizado, nacional o extranjero, o bien que pertenezcan a un fondo de inversión nacional o extranjero”, se tendrá “como beneficiario final al representante legal o autorizado de la entidad costarricense”.
Es decir, de acuerdo al texto propuesto, no quedaría ningún mandato consignado para establecer quiénes son los beneficiarios finales en el extranjero.
El mismo problema emerge en la reforma al artículo 18. Al abordar el traspaso de acciones de las empresas o renovación de la autorización, de igual manera se establece que la Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DSSP) del Ministerio de Seguridad “deberá de verificar que los beneficiarios finales de la sociedad no tengan condenas por delitos graves, ni vínculos con organizaciones criminales nacionales o internacionales”.
Finalmente, el artículo 45 prohíbe “vender, alquilar, ceder, traspasar o negociar, en cualquier forma, la autorización otorgada”; pero la propuesta añade: “salvo que se trate de un traspaso de la titularidad de las acciones o cuotas de la sociedad autorizada y con ella la autorización, en el marco de lo señalado en el artículo 18 de la presente ley”.
El proyecto, según informó Ortega, ya cumplió con el segundo día de mociones presentadas según el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que se apresta a regresar eventualmente al plenario. “Lo que hemos logrado es evitar que el proyecto no solo avanzara como querían ellos que avanzara, sino que hemos logrado mejorar algunos aspectos vía moción, pero evidentemente es un proyecto nefasto”.
Descontrol
El diputado Ortega indicó que la Procuraduría de la República (PGR) y la DSSP han emitido criterios adversos.
En efecto, el oficio enviado por Tino Salas Marksman, director de la DSSP, entre otras cosas, apunta que “la autorización dada por el Estado no puede pasar a formar parte de los bienes de la empresa, ya que se estaría violentando el artículo 140 de la Constitución, otorgándole derechos a particulares sobre un bien protegido por la Constitución”.
Por ello, Ortega afirmó que “aquí hay un golpe a la Constitución y al principio de la soberanía que recae en cada país con respecto al tema de seguridad, y el proyecto de ley trata el tema de seguridad como si fuera cualquier otro bien”.
Ortega además alertó sobre la existencia en el mundo de “ejércitos a sueldo, es decir, lo que se entiende popularmente como mercenarios”, por lo que llamó la atención a los riesgos de “abrirle las puertas a que existan policías o fuerzas armadas paralelas a las oficiales”.
Entre esas empresas militares privadas se puede destacar el caso de Blackwater, vinculada a torturas, asesinatos y otras actividades encubiertas para Estados Unidos en su lucha “contra el terrorismo”.
Añadió que uno de los aspectos que logró modificar fue la prohibición de que integrantes de la Fuerza Pública puedan invertir en seguridad privada o que personas físicas y jurídicas que se encuentran en listas internacionales por lavado, evasión o crimen organizado, no puedan ser autorizadas para brindar servicio de seguridad privada. “Esa última moción la aprobamos con el rechazo de dos diputaciones de gobierno, dicho sea de paso”, acotó.
El diputado frenteamplista llamó la atención a que existe otro proyecto de ley muy similar tramitado bajo el expediente 23.990, que ya recibió primer debate y se tramita en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, instancia que también en su criterio debió acoger la propuesta de Rojas.
Ortega aseveró que existe “un descontrol con respecto al nivel de armamento que está en manos privadas en el país, y este proyecto no solo ampliaría ese descontrol, sino que haría menos claro quiénes están detrás de cada una de estas inversiones”.
“No implica ningún riesgo”
La diputada proponente del proyecto, la socialcristiana Daniela Rojas, atendió por escrito las consultas de UNIVERSIDAD sobre el tema.
En vista de que en la justificación del proyecto de ley original se aduce que busca generar inversión extranjera, se le preguntó si cuenta con un cálculo de cuánta inversión atraería para este sector particular y si conoce de empresas internacionales de seguridad que tengan intención de operar en Costa Rica.
Al respecto, indicó que “el proyecto no parte de una estimación específica de montos, sino de la necesidad de modernizar y fortalecer el marco regulatorio del sector para hacerlo más claro y alineado con estándares internacionales. Particularmente, se busca una mayor formalización en el sector y mejores controles en lo relativo a beneficiarios finales”, ya que “en la actualidad la norma no regula este tema”.
Añadió que la “experiencia comparada demuestra que reglas claras generan confianza y pueden favorecer la inversión, el intercambio de mejores prácticas, así como el intercambio tecnológico, aspectos que buscamos que generen que empresas de seguridad de primer orden coadyuven con el gobierno en la lucha contra la inseguridad”. Admitió sin embargo que no tiene conocimiento de ninguna que pretenda venir.
Sobre el tema de que se tenga como beneficiario final de las empresas extranjeras “al representante legal o autorizado de la entidad costarricense”, se le preguntó si no implica un riesgo, en términos de la muy posible participación de capitales ilegítimos, el hecho de que no se exija que reporten a los beneficiarios de participaciones radicados en el extranjero.
Rojas aseguró que “no implica ningún riesgo”, pues “la regulación responde al estándar internacional, y es lo que ya está regulado en la Ley 9416 Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal”. La diputada cuestionó “¿Cuál es la razón por la cual consideran que ello implica una “muy posible participación” de personas con tales vínculos? Lo cierto es que las bolsas de valores regulan los mecanismos de control y gobernanza de las empresas que cotizan en ellas, y Costa Rica no puede ignorar que las empresas más grandes y serias del mundo cotizan en bolsa”.
Reiteró que “este no es el único control con el que cuenta la normativa actual, y no puede verse de manera independiente a otras regulaciones, como la ya citada ley 9416, entre otras”.
También se le preguntó si abrir la posibilidad de inversión extranjera en el sector de seguridad privada no implica, de nuevo, el riesgo de que entren al país empresas militares privadas, como Constellis/Academi (ex-Blackwater) u otras.
La socialcristiana aseguró que su iniciativa regula el ámbito de la seguridad privada “bajo la legislación vigente y no abre espacio para actividades de naturaleza militar o paramilitar”. Subrayó que no modifica el ámbito de aplicación de la Ley 8395, “por lo que el Estado mantiene plenamente sus competencias en materia de seguridad pública”.
Destacó, al mismo tiempo, que su propuesta incluye “la prohibición absoluta de venta de armamento por parte de las empresas de seguridad, así como la subcontratación de manera encubierta a empresas o personas no autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada”. Añadió que la Ley de Armas y Explosivos (Nº 7530) y su Reglamento limitan el tipo de armamento utilizable.
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