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Maria Nuñez Chacón
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Un proyecto de ley presentado por la diputada independiente Cynthia Córdoba busca cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres en el país, a través de la incorporación de mecanismos, que se establezcan obligatoriamente, en los procesos de contratación.
Estos mecanismos incorporarían la transparencia salarial, auditorías de brecha de género y planes de corrección progresiva, las cuales permitirían comenzar una ruta para reducir el rango de entre 8% y 10% en que se mantiene la brecha salarial ajustada estimada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
De acuerdo con la legisladora, de aprobarse el proyecto, se establecería la obligación de indicar rangos salariales en las ofertas de empleo, el derecho de las personas trabajadoras a acceder a información salarial agregada, así como la realización de reportes y auditorías periódicas de brecha salarial, aplicables de forma gradual y proporcional según el tamaño del empleador.
Al momento de identificar brechas injustificadas, las empresas deberán implementar planes de corrección progresiva, sin reducción de salarios ni afectación de los derechos adquiridos.
La iniciativa legislativa también incluye la protección expresa contra represalias, reglas probatorias que facilitan la exigibilidad del derecho y un régimen de supervisión administrativa a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el debido proceso y la protección de datos personales.
“La igualdad salarial no se logra solo con una frase en la ley. Se logra cuando hay reglas claras, información transparente y mecanismos reales para detectar y corregir la discriminación. Este proyecto no fija salarios ni invade la negociación colectiva: hace visible lo que hoy permanece oculto”, dijo Córdoba.
Esta propuesta de norma parte de una realidad y es que, aunque el principio de igualdad salarial existe en la legislación costarricense, en la práctica las brechas persisten, en parte por la falta de información clara, mecanismos de verificación y herramientas efectivas de corrección.
“La evidencia internacional demuestra que la transparencia salarial no es punitiva, es preventiva. Mejora la gobernanza laboral, fortalece la confianza y genera incentivos positivos para las empresas que ya cumplen”, finalizó.
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