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Adrián Z. Rivero
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Con el impulso de la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), la Comisión de Seguridad del Poder Judicial trabaja en una propuesta que busca garantizar la seguridad de fiscales, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), jueces y otros funcionarios clave en la lucha contra el crimen, que se ven expuestos por su trabajo.
En conversación con UNIVERSIDAD, el fiscal y representante del comité ejecutivo de la FLF, Ronald Segura, indicó que la propuesta viene desde 2024, cuando la Federación aprobó, justamente en Costa Rica, el “Protocolo de San José” para la creación de políticas de seguridad.
“Al día de hoy, ese protocolo es la política más integral que existe a nivel mundial en temas de seguridad y fue una iniciativa de Costa Rica. Ya está aprobada y la idea es que, con ese protocolo, el Poder Judicial decida cómo va a estructurar una política integral de seguridad”, señaló el fiscal.
El experto explicó que el protocolo, como marco de referencia, incluye temas como inteligencia ante amenazas de seguridad, seguridad personal, procedimientos ante amenazas o riesgo para funcionarios, seguridad perimetral y estructural de instalaciones, apoyo psicológico, entre otros.
“Va completamente relacionado al tema de independencia judicial. Si un operador no tiene garantías para ejercer su trabajo, pues no tiene independencia”, añadió el funcionario.
Segura recordó que ya un fiscal fue asesinado en Costa Rica, en 2017, pero también hay casos más recientes de violencia, como el asesinato del subjefe del OIJ en Guápiles, en 2025; el de un notificador judicial, en 2024; o los ataques a una jueza en plena vía pública, hace apenas unos meses; además de ataques a instalaciones judiciales, en diferentes ocasiones.
Por el momento, el tema se encuentra en la Comisión de Seguridad del Poder Judicial, en donde se han mantenido conversaciones entre magistrados y representantes del OIJ, el Ministerio Público y la Defensa Pública:
“Ellos consideraban que sí era un momento importante para que el Poder Judicial empezara a elaborar una política integral de seguridad”, señaló el representante de la Federación, quien añadió que uno de los pasos siguientes es que ese órgano lleve el mensaje a la Corte Suprema “para ver si se toma, como un acuerdo, la creación de una política integral de seguridad”.
El fiscal también destacó que, en febrero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que justamente recomienda la “salvaguarda de la vida e integridad de operadores del sistema de justicia y sus familias”, como una medida de prevención integral del crimen organizado.
“Garantizar la vida y la integridad personal de jueces, fiscales, defensores públicos, personal penitenciario y demás operadores del sistema de justicia, así como la de sus familiares, adoptando medidas de prevención y protección ante amenazas y agresiones en contextos donde las personas operadoras del sistema de justicia realizan su labor asegurando el debido proceso y evitando incurrir en prácticas como los llamados jueces sin rostro en la lucha contra el crimen organizado”, dice la medida 31 de la Resolución No. 1/26 de la CIDH.
Segura calificó como “importante” el hecho de que actualmente exista “un interés real en regular el tema” y resaltó que además es una oportunidad para Costa Rica:
“Sería el primer país en toda la región latinoamericana que aprobaría una política integral de seguridad y creo que eso es importante porque Costa Rica ha sido pionero en muchas decisiones para proteger el Estado de Derecho a nivel latinoamericano”, anotó el representante de la FLF.
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