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Un proyecto de ley sometido en el Senado propone transformar el esquema de cobro por manejo de residuos sólidos en el país, sustituyendo el modelo actual por uno que se pagará según el tipo de actividad económica, el volumen de desechos generados y la capacidad de ingresos de las empresas.
La iniciativa, autoría del senador Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, plantea que las contribuciones de las empresas dejen de ser montos fijos por rango de facturación y pasen a calcularse de manera proporcional, con tasas que varían entre un 0.25 % y un 1.5 % de la renta neta anual para quienes generan mayores volúmenes de residuos.
El proyecto también introduce escalas más bajas para empresas con menor generación de desechos, manteniendo aportes de 3,000 y 6,000 pesos para las de ingresos más reducidos, mientras que las de mayores ingresos pasarían a pagar el equivalente al 0.25 % de su renta neta anual.
En el caso de actividades con generación media de residuos, las tasas aumentan hasta un 0.40 %, mientras que las de alta y muy alta generación aportarán un 1 % y un 1.5 %, respectivamente.
Este rediseño contrasta con el modelo vigente establecido en la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos que fija las contribuciones escalonadas desde 3,000 pesos para empresas con ingresos de hasta un millón de pesos, hasta 675,000 pesos para aquellas que superan los 100 millones de pesos.
En la ley actual, el pago por los residuos sólidos no se establece por los desechos que generen las empresas, sino por sus ganancias.
La normativa actual, que fue promulgada en el 2025, implicó un aumento generalizado en los montos respecto al esquema anterior que nació en 2020, lo que generó el rechazo de los sectores comerciales y empresariales.
En ese sentido, la propuesta legislativa busca introducir un criterio de mayor proporcionalidad en las cargas, con el argumento de que el método “no distingue de manera suficiente entre empresas que generan distintos niveles de residuos”.
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Otro de los cambios relevantes dispuestos en la iniciativa de ley es la eliminación del pago de las organizaciones sin fines de lucro. El proyecto sostiene que estas entidades deben estar exentas del pago por los residuos sólidos, en coherencia con lo establecido en la Ley 122-05, que contempla una exención general de tributos, tasas y contribuciones especiales a su favor.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la eliminación del aporte fijo de 20 pesos por habitante que actualmente se destina a las alcaldías.
Según el proyecto, este mecanismo constituye “una carga adicional para la población y no responde a criterios claros de equidad ni de capacidad contributiva”.
Además, advierte que el esquema de distribución de esos fondos “podría prestarse a discrecionalidad en su asignación y uso” que, a juicio del senador, abre la puerta a que los recursos se desvíen.
Gobierno promete reforma
Ante las quejas de los comerciantes sobre el cobro de los residuos sólidos que califican como “abusivo”, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, prometió una reforma a la ley que sería sometida al Congreso en la actual legislatura, prevista para concluir en julio de este año.
En una reunión con el liderazgo congresual y con el ministro Lovatón, algunos gremios como la Federación Dominicana de Comerciantes, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina y la Central de Detallistas Unidos, representantes del sector ferretero, entre otros, se quejaron de los montos de la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos, y pidieron una reforma más ajustada a la realidad empresarial.
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La iniciativa, autoría del senador Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, plantea que las contribuciones de las empresas dejen de ser montos fijos por rango de facturación y pasen a calcularse de manera proporcional, con tasas que varían entre un 0.25 % y un 1.5 % de la renta neta anual para quienes generan mayores volúmenes de residuos.
El proyecto también introduce escalas más bajas para empresas con menor generación de desechos, manteniendo aportes de 3,000 y 6,000 pesos para las de ingresos más reducidos, mientras que las de mayores ingresos pasarían a pagar el equivalente al 0.25 % de su renta neta anual.
Tasa aumenta
En el caso de actividades con generación media de residuos, las tasas aumentan hasta un 0.40 %, mientras que las de alta y muy alta generación aportarán un 1 % y un 1.5 %, respectivamente.
Este rediseño contrasta con el modelo vigente establecido en la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos que fija las contribuciones escalonadas desde 3,000 pesos para empresas con ingresos de hasta un millón de pesos, hasta 675,000 pesos para aquellas que superan los 100 millones de pesos.
La ley actual
En la ley actual, el pago por los residuos sólidos no se establece por los desechos que generen las empresas, sino por sus ganancias.
La normativa actual, que fue promulgada en el 2025, implicó un aumento generalizado en los montos respecto al esquema anterior que nació en 2020, lo que generó el rechazo de los sectores comerciales y empresariales.
En ese sentido, la propuesta legislativa busca introducir un criterio de mayor proporcionalidad en las cargas, con el argumento de que el método “no distingue de manera suficiente entre empresas que generan distintos niveles de residuos”.
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Las oenegés y las alcaldías
Otro de los cambios relevantes dispuestos en la iniciativa de ley es la eliminación del pago de las organizaciones sin fines de lucro. El proyecto sostiene que estas entidades deben estar exentas del pago por los residuos sólidos, en coherencia con lo establecido en la Ley 122-05, que contempla una exención general de tributos, tasas y contribuciones especiales a su favor.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la eliminación del aporte fijo de 20 pesos por habitante que actualmente se destina a las alcaldías.
Según el proyecto, este mecanismo constituye “una carga adicional para la población y no responde a criterios claros de equidad ni de capacidad contributiva”.
Además, advierte que el esquema de distribución de esos fondos “podría prestarse a discrecionalidad en su asignación y uso” que, a juicio del senador, abre la puerta a que los recursos se desvíen.
Gobierno promete reforma
Ante las quejas de los comerciantes sobre el cobro de los residuos sólidos que califican como “abusivo”, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, prometió una reforma a la ley que sería sometida al Congreso en la actual legislatura, prevista para concluir en julio de este año.
En una reunión con el liderazgo congresual y con el ministro Lovatón, algunos gremios como la Federación Dominicana de Comerciantes, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina y la Central de Detallistas Unidos, representantes del sector ferretero, entre otros, se quejaron de los montos de la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos, y pidieron una reforma más ajustada a la realidad empresarial.
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