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Adrián Z. Rivero
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El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su “profunda preocupación” ante la decisión del Gobierno de Laura Fernández de declarar secreto de Estado la información y contratos sobre temas de seguridad.
La medida de Fernández, tomada a través de un decreto ejecutivo el pasado 10 de agosto, restringe el acceso a una amplia gama de actuaciones, procedimientos, documentos y actos administrativos, bajo el argumento de que su divulgación podría perjudicar gravemente la seguridad y la defensa nacionales.
Entre la información que se pretende dejar por fuera del escrutinio público está la relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo conocido como “Fuerza Élite” y otros asuntos de seguridad.
“Una medida de esta naturaleza resulta contraria a los principios de publicidad, transparencia, máxima divulgación y rendición de cuentas, fundamentales para garantizar el acceso de las personas a los asuntos de interés público y la fiscalización del ejercicio de las competencias estatales”, señaló el Proledi.
En el comunicado, el Programa explica que el acceso a la información pública es un derecho tutelado en el ordenamiento convencional, constitucional y legal; y asegura que “constituye una herramienta indispensable para el control democrático de las autoridades, la participación ciudadana en los asuntos públicos y el ejercicio de la libertad de prensa”.
Además, el ente universitario afirmó que el acceso a la información pública “sustenta el adecuado funcionamiento de la democracia” ya que es una “condición indispensable” para la participación ciudadana en la gestión pública y la vigencia de otros derechos fundamentales.
“La información de interés público pertenece a la ciudadanía y su acceso no constituye un favor ni una concesión de las autoridades”, dice el comunicado.
En el documento también se anota que, aunque la Constitución reconoce en su artículo 30 los secretos de Estado como límites al acceso a la información pública, esto no implica que las autoridades tengan una potestad discrecional e ilimitada para determinar qué información puede ser sustraída del conocimiento público, además de que el país no cuenta con legislación específica que regule esta figura.
“Si el derecho de acceso a la información se encuentra sometido a un sistema restringido de excepciones, la ausencia de una regulación legal específica debería conducir a una mayor protección del derecho y no a su ampliación mediante disposiciones de rango reglamentario”, indicó el Proledi.
Para el Programa, el decreto ejecutivo de Fernández carece del fundamento legal necesario para establecer una restricción de tal amplitud, pero además “extiende significativamente el ámbito de la información sometida a confidencialidad”, ya que incluso clasifica expedientes de contratación administrativa, identidades de proveedores, contratos adjudicados y su ejecución, entre otros aspectos.
A lo anterior se suma que la medida del Gobierno también impone deberes de confidencialidad a funcionarios públicos y agentes privados, y que no se establece un plazo en el que la ciudadanía pueda acceder a la información reservada.
El Proledi indicó que utilizar un decreto para establecer restricciones de esta dimensión “constituye una grave afectación al derecho de las personas a acceder a información de interés público, al derecho a saber y al ejercicio legítimo de la libertad de prensa”.
“La falta de transparencia debilita el control democrático y puede generar condiciones propicias para la corrupción, el abuso del poder y la vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, concluyó el ente.
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