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Nivia Castrellón E.
Guest
A los 17 años, Rita Irene Wald Jaramillo ya sabía lo que quería ser: abogada para defender a los indefensos, periodista para denunciar a los opresores, diplomática para defender nuestra soberanía. No era una adolescente cualquiera. Dirigía un programa de radio. Lideraba en el Colegio José Antonio Remón Cantera la Sociedad Estudiantil Democrática, habiendo ganado las elecciones pregraduandas a la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), afecta al régimen militar. Tenía carisma, oratoria y algo que, en 1977, podía costarle caro: opinión propia frente a una dictadura militar.
El 27 de marzo de ese año, Rita salió de su casa para no volver. Desapareció en el sector de Obarrio, un día antes de que comenzara el año escolar. Su activismo contra el régimen y contra las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter la había puesto en la mira de los organismos de inteligencia militar. Es la desaparición forzosa de una de las víctimas más jóvenes, junto a Bettzy Mendizabal, de 19 años y su novio, Jorge Falconett. Rita era menor de edad. Nadie la volvió a ver. Nadie, hasta hoy, ha dicho con certeza qué le pasó.
Cuento esto no como una anécdota lejana, sino como algo que casi cualquier joven de hoy reconocería en sí mismo: la urgencia de decir lo que se piensa, la costumbre de alzar la voz en un grupo de amigos, en una radio estudiantil, en una protesta. Lo que hizo distinta la experiencia de Rita fue el Panamá donde le tocó vivirla: uno donde alzar la voz podía significar arriesgar la vida.
Lo escribo también desde una reflexión personal. Egresaba de secundaria ese mismo año. Mientras unas y otros recibíamos un diploma y hacíamos planes para el futuro, Rita desapareció por atreverse a pensar distinto en voz alta. Esa cercanía en el calendario, esa distancia abismal en el destino, es quizás la mejor medida del precio que se pagaba en Panamá por pensar diferente.
Durante casi cinco décadas, la familia Wald golpeó puertas que se cerraban una tras otra. Con el retorno de la democracia, la Comisión de la Verdad reconstruyó parte de lo ocurrido. El caso se convirtió en símbolo de la represión de esos años. En 2017, el Estado ofreció un acto público de perdón a la familia: un gesto importante, pero no justicia.
A finales de 2024, la Fiscalía solicitó la reapertura del expediente. Y este 24 de julio, Emilio Garzola Ruíz —de 82 años, prófugo desde la invasión de 1989— fue deportado desde Nicaragua tras una alerta roja de Interpol y capturado al llegar a Panamá, imputado por desaparición forzada. Luis Gómez también figura como investigado. La fiscal Geomara Guerra lo dijo con precisión jurídica y peso simbólico: la desaparición forzada no prescribe. Mientras Rita no aparezca, el delito sigue ocurriendo.
La desaparición forzada es, por definición, un crimen que no termina. No tiene fecha de caducidad porque no hay ni un cuerpo, ni una tumba, ni una explicación oficial. Cada año sin respuesta es un año más del mismo delito. Que el Estado reabra este caso medio siglo después no es un gesto protocolar. Es el reconocimiento de que hay una deuda pendiente.
Para las generaciones que han crecido en democracia, el caso de Rita Wald puede sentirse distante. No tuve ese privilegio: crecí bajo veintiún años de autoritarismo. Conozco el precio del silencio impuesto. Agradezcamos que hoy se pueda criticar a un gobierno, fundar una radio comunitaria, liderar sin miedo a desaparecer… Ese derecho es una conquista, pagada con la vida de panameños como Rita, que lo exigió cuando no existía.
Reabrir este caso no le devuelve la vida a una joven de 17 años que quería ser abogada, periodista y diplomática. Pero le devuelve al país algo que no puede seguir postergando: la prueba de que la memoria histórica no es nostalgia ni protocolo. Es la deuda pendiente que sostiene esta democracia. Si la dejamos prescribir por olvido, le habremos fallado —otra vez— a una jovencita de 17 años que soñaba con un Panamá diferente.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio.
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El 27 de marzo de ese año, Rita salió de su casa para no volver. Desapareció en el sector de Obarrio, un día antes de que comenzara el año escolar. Su activismo contra el régimen y contra las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter la había puesto en la mira de los organismos de inteligencia militar. Es la desaparición forzosa de una de las víctimas más jóvenes, junto a Bettzy Mendizabal, de 19 años y su novio, Jorge Falconett. Rita era menor de edad. Nadie la volvió a ver. Nadie, hasta hoy, ha dicho con certeza qué le pasó.
Cuento esto no como una anécdota lejana, sino como algo que casi cualquier joven de hoy reconocería en sí mismo: la urgencia de decir lo que se piensa, la costumbre de alzar la voz en un grupo de amigos, en una radio estudiantil, en una protesta. Lo que hizo distinta la experiencia de Rita fue el Panamá donde le tocó vivirla: uno donde alzar la voz podía significar arriesgar la vida.
Lo escribo también desde una reflexión personal. Egresaba de secundaria ese mismo año. Mientras unas y otros recibíamos un diploma y hacíamos planes para el futuro, Rita desapareció por atreverse a pensar distinto en voz alta. Esa cercanía en el calendario, esa distancia abismal en el destino, es quizás la mejor medida del precio que se pagaba en Panamá por pensar diferente.
Durante casi cinco décadas, la familia Wald golpeó puertas que se cerraban una tras otra. Con el retorno de la democracia, la Comisión de la Verdad reconstruyó parte de lo ocurrido. El caso se convirtió en símbolo de la represión de esos años. En 2017, el Estado ofreció un acto público de perdón a la familia: un gesto importante, pero no justicia.
A finales de 2024, la Fiscalía solicitó la reapertura del expediente. Y este 24 de julio, Emilio Garzola Ruíz —de 82 años, prófugo desde la invasión de 1989— fue deportado desde Nicaragua tras una alerta roja de Interpol y capturado al llegar a Panamá, imputado por desaparición forzada. Luis Gómez también figura como investigado. La fiscal Geomara Guerra lo dijo con precisión jurídica y peso simbólico: la desaparición forzada no prescribe. Mientras Rita no aparezca, el delito sigue ocurriendo.
La desaparición forzada es, por definición, un crimen que no termina. No tiene fecha de caducidad porque no hay ni un cuerpo, ni una tumba, ni una explicación oficial. Cada año sin respuesta es un año más del mismo delito. Que el Estado reabra este caso medio siglo después no es un gesto protocolar. Es el reconocimiento de que hay una deuda pendiente.
Para las generaciones que han crecido en democracia, el caso de Rita Wald puede sentirse distante. No tuve ese privilegio: crecí bajo veintiún años de autoritarismo. Conozco el precio del silencio impuesto. Agradezcamos que hoy se pueda criticar a un gobierno, fundar una radio comunitaria, liderar sin miedo a desaparecer… Ese derecho es una conquista, pagada con la vida de panameños como Rita, que lo exigió cuando no existía.
Reabrir este caso no le devuelve la vida a una joven de 17 años que quería ser abogada, periodista y diplomática. Pero le devuelve al país algo que no puede seguir postergando: la prueba de que la memoria histórica no es nostalgia ni protocolo. Es la deuda pendiente que sostiene esta democracia. Si la dejamos prescribir por olvido, le habremos fallado —otra vez— a una jovencita de 17 años que soñaba con un Panamá diferente.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio.
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