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Mario Bermúdez Vives
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La esencia de la oferta electoral de la presidenta electa Laura Fernández era ser la sucesora del presidente Rodrigo Chaves, e incluso lo dejaba claro en su programa de Gobierno, en el que especificaba: “plan de la continuidad”; sin embargo, a pesar de las semejanzas, en sus propuestas se pueden percibir diferencias con la hoja de ruta original del chavismo.
Para empezar, hay una diferencia cuantitativa de entrada: en el documento “Con valentía para el progreso de Costa Rica”, con el que Chaves pidió el voto en el 2021 desde los colores del Partido Progreso Social Democrático (PSD), se pueden contar 100 promesas (excluyendo las repetidas), mientras que en el programa “Mas oportunidades / un mismo rumbo / plan de la continuidad” presentado por Fernández para solicitar el voto para el Partido Pueblo Soberano (PPSO), se registran 575 promesas (aunque el documento cita 523 objetivos específicos).
Las diferencias continúan con la estructura, con un Chaves que ordenó sus promesas en 16 áreas temáticas, en las que sobresalían “freno a la corrupción”, “despertar de la economía” y “abrazo azul y verde (ambiente)”, con 10 acciones cada uno (ver gráfico), mientras Fernández se inclinó por 5 “líneas de acción estratégica”, encabezadas por el “potenciamiento de la competitividad” con 223 ofrecimientos, y seguida por “inclusión y seguridad social”, con 158 acciones (ver gráfico).
Y también hay una variación importante con respecto a la priorización. De entrada, el programa de Chaves enfatizaba la participación popular y el llamado a una democracia directa, trasladando el poder al ciudadano y recurriendo a referendos y consultas para enfrentar al poder político tradicional.
En contraste, aunque en el plan de Fernández se insiste en continuar la obra de Chaves, el enfoque principal es lograr un país más seguro, próspero, equitativo y sostenible. No hay líneas de acción ni subtemas orientados a la participación popular, que se menciona en contextos regionales o de coordinación. No se citan referendos ni reformas para potenciar la democracia directa.
Para realizar un mayor acercamiento a la hoja de ruta de Fernández, UNIVERSIDAD tomó las 575 propuestas que la candidata de PPSO realizó al electorado y las pasó por cuatro tamices: si se relacionaban con la oferta original del chavismo, el plan de Gobierno del 2021; si requerían o prometían leyes para concretarse; si ofrecían crear políticas o entidades como parte de la estrategia, y si las propuestas eran medibles de manera concreta.
En cuanto a la vinculación con la propuesta inicial del chavismo, se identificaron 152 acciones que podían conectarse con el primer plan de Gobierno, un 26%; es decir, alrededor de una de cada cuatro. Esto no quiere decir que el 74% restante iba en direcciones contrarias al ideario del actual gobierno; sino que no tenían relación directa con ese contrato original. (ver recuadro: “promesas vinculadas…”).
Con respecto a los objetivos propuestos, se identificaron 116 en los que se planteaba una reforma legal, un 20%. Esto quiere decir que una de cada cinco acciones se relaciona con decisiones que se deberán concretar en la Asamblea Legislativa. En este punto es importante recordar que PPSO dispondrá de 31 diputados en el Congreso que se instalará a partir de mayo, lo que le dará posibilidades de impulsar las reformas que requieran mayoría simple (29 votos), pero le complicará el panorama en los casos que se requiera mayoría calificada —38 votos—, en temas como reformas constitucionales o que se relacionen con la organización del Poder Judicial. (ver recuadro: “promesas con reforma legal…).
El plan hace referencia a crear nuevas entidades, llámese políticas, programas, planes, oficinas o instituciones, en 145 de las acciones, alrededor de un 25%. De nuevo, esto representa una de cada cuatro propuestas presentadas, en las que en lugar de mantener la institucionalidad heredada, se plantean nuevas figuras. (ver recuadro: “promesas de crear…”).
Y finalmente, es posible considerar que, en 315 de las promesas planteadas, hay posibilidades específicas de medir su realización. Esto quiere decir que un 54% es medible, lo que deja alrededor de la mitad de las propuestas en el resbaladizo terreno de la valoración abstracta (ver recuadro: promesas con medición…)
De estas valoraciones se desprende que, a pesar de mantener un hilo conductor con el chavismo, de entrada hay notables diferencias en el programa de Gobierno de Fernández, que podrían ser el resultado de una intención de la presidenta electa por empezar a definir un estilo propio.
Esto se aprecia en las prioridades: en el plan de Fernández, el subtema más destacado fue la infraestructura portuaria, con 28 acciones relacionadas. La siguió el sector agropecuario como motor de desarrollo, con 24 propuestas, y el turismo como motor de comunidades, con 19.
En el programa de Chaves, cada uno de estos sectores apenas mereció una acción, y el sector agrícola estuvo muy lejos de ser prioridad en la administración.
También es notorio diferencias en el enfoque de los grandes problemas. Ante la crisis de violencia, aunque Fernández rescate el plan de seguridad Costa Rica Segura Plus y el clamor por sanciones más duras para la delincuencia, realiza un planteamiento más agresivo de uso intenso de tecnología e inteligencia artificial para enfrentar al crimen organizado.
Y al menos de entrada, no teme buscar alianzas con instituciones “satanizadas” por Chaves, al mencionar establecer un equipo nacional anticorrupción e independiente, que integre a la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la prensa y la sociedad civil organizada.
De hecho, su constante referencia a reformas legales también le obligaría a buscar alianzas en otro de los blancos favoritos de los ataques de Chaves, los diputados.
En lo que hay menos diferencias es en el enfoque económico, en el que se parte de que aunque el país enfrenta una situación apremiante, se logró “una economía más sólida”, para lo que se alega un crecimiento en la producción del 5%, una inflación controlada y la reducción del desempleo.
En este punto, el plan de Fernández es afianzar la apuesta por la competitividad como receta principal, aunque lo adereza con elementos de seguridad social que en el ideario original de Chaves estaban relegados.
Así, al menos en las primeras cartas sobre la mesa, el plan de Fernández apuntó a la continuidad, pero incluyó bastantes elementos diferentes, y que remiten a su paso por el ministerio de Planificación —relacionarse con las instituciones y procurar alianzas—, antes que al estilo de choque de Chaves.
Promesas vinculadas con programa de Chaves: 26%
De las 575 acciones del programa de Gobierno de Fernández, 152 tienen relación directa con el programa de Chaves.
De las 5 líneas de acción estratégica de Fernández, la de competitividad es la que muestra mayores lazos, con 64. Entre estas, aparecen el desarrollo de proyectos de reforma estructural para eliminar duplicidades, impulso de simplificación de trámites, impulsar proyectos de Ventanilla Única, remozar el mercado laboral con las jornadas laborales de doce horas y la estrategia Brete, impulso a desarrollo en el Caribe construyendo marina y terminal de cruceros, y niveles de inflación bajos, entre otros.
En la parte de inclusión y seguridad social, aparecen 25 acciones, pero es el área con menos relación (apenas 16% de propuestas de Fernández se relacionaron). Esto dado el mayor énfasis a la parte social que le dio la presidenta electa, en contraste con la visión más restringida de Chaves. Aquí hay lazos con el tema de revisar la gobernanza de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), retomar la venta del Bancode Costa Rica (BCR) (para destinar recursos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte [IVM] de CCSS), mejorar la eficiencia de recursos para sector social y considerar impacto de población que envejece, entre otras.
En la parte de educación, la relación se extiende a 20 acciones, principalmente en las propuestas de fortalecer la educación técnica dual, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (Steam, por sus siglas en inglés) y del idioma inglés, mientras en la parte ambiental la influencia se identifica en 17 acciones, entre las que destacan la promoción de energía limpia, los desafíos en materia de alcantarillado y el reordenamiento de la institucionalidad ambiental, entre otras.
Promesas con reforma legal requerida: 20%
En las propuestas de Fernández, 116 requieren o incluyen promesas de reforma legislativa. Ello quiere decir que deberá requerir de apoyo importante de la Asamblea Legislativa, en contraste con el estilo de confrontación abierto de Rodrigo Chaves. Le ayuda que dispondrá de mayoría en el Plenario, con 31 diputados, pero aún así requerirá de alianzas para las iniciativas que requieran mayoría calificada (38 votos).
De las 5 áreas que definió, la que reúne mayor cantidad de referencias a ajustes legales es la de competitividad, con 45, entre las que se incluye una reforma a ley general de administración para fortalecer mecanismos de control (¿Jaguar 2.0?), una ley para obligar a realizar reestructuraciones en instituciones cada 5 años, y ajustes específicos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), agricultura, Acueductos y Alcantarillados (AyA), entre otros.
Le siguen las revisiones en materia judicial y de seguridad, con 32, tanto en la materia de reformar el Poder Judicial, como un combate de la delincuencia que integre nuevas tecnologías, en particular fortalecer la regulación de ciberseguridad.
En materia de política social, se refieren 20 acciones, como ajustes a la normativa para construcción de viviendas de interés social, la modernización del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), el Patronato de la Infancia y la institucionalidad para vivienda y para enfrentar la discapacidad, así como endurecer las penas por aborto. Se trata de una cantidad apenas inferior a las 18 acciones en materia ambiental que requerirían de apoyo legislativo, principalmente el reordenamiento de la institucionalidad ambiental y reformas en el sector energético.
El área con menos referencia a cambios legislativos es la educación y cultura, en la que prometió una reforma al marco jurídico de las Juntas de Educación, la única mención de este tipo: es la única medida en esta sección en la que incluyó la necesidad expresa de apoyo en Cuesta de Moras.
Promesas de crear nuevas figuras: 25%
En 145 de las acciones prometidas, el plan de Fernández hizo referencia a crear entidades o políticas: de hecho, en esos listados, mencionó las palabras crear o creación en forma expresa al menos 46 veces.
Estas figuras nuevas aparecen en 49 acciones de la parte de competitividad (22% del total), entre las que se pueden citar el desarrollo de la primera “Política Nacional de la Competencia”, instalar polos de desarrollo productivo en diferentes territorios, emisión de nuevos productos financieros, una mesa técnica permanente para articular organizaciones agrícolas, la construcción de aeropuertos en el Caribe y la zona Sur, y definir un plan de atención para el suministro de transporte público en las comunidades periféricas, entre otros.
El área de seguridad social reporta por su parte 33 objetivos con nuevas figuras (21% del total), que incluye un plan en la CCSS para necesidades de financiamiento de mediano y largo plazo, implementar un modelo de salud móvil, crear una red nacional de apoyo comunitario para personas mayores, así como crear “una red de apoyo real” para las mujeres víctimas de violencia.
En las secciones de educación y cultura, se mencionan 22 acciones en esta dirección (31% del total), entre ellas un plan de intervención de centros educativos en zonas vulnerables y crear la Red Nacional de Centros para la Convivencia Escolar, mientras la parte menos referida es la ambiental, con apenas 5 acciones (12% del total), en la que destaca la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario en la Gran Área Metropolitana.
Promesas con medición concreta: 54%
El plan de Fernández destaca que no se trata de una “simple declaración de intenciones”, sino de un “compromiso”, en el que cada propuesta fue el resultado de un proceso para construir una Costa Rica más próspera, diseñada para generar resultados medibles. No obstante, la revisión de esos 575 ofrecimientos identificó 315 (54% del total) que sí eran medibles.
Es decir, casi la mitad hacen referencia a situaciones generales, como “fortalecer”, “agilizar” o “consolidar”, de valoración relativa, o a situaciones que son parte del quehacer administrativo y de la función pública, como “ejecutar operativos”, o “ejecutar inversiones”.
El área en la que se identificaron más objetivos concretos, que permitirían determinar con claridad si se alcanzó la meta o no, fue la de competitividad, con 129 acciones (58% del total de esta área) y casi la mitad del programa.
La siguiente sección con metas concretas fue la seguridad social, con 75 (47% del total), mientras que seguridad y justicia apareció con 54, pero un 66% del total de esta línea, lo que representó el segmento con mayor cantidad de propuestas medibles, casi 7 de cada 10.
El capítulo de educación reportó 33 acciones que aceptaban una evaluación concreta (47% del total), mientras el área de ambiente resultó la menos específica en este punto, con 24 acciones que permitían una valoración concreta (54% del total).
La entrada Programa de gobierno de Laura Fernández tiene cinco veces más promesas que el de Rodrigo Chaves aparece primero en Semanario Universidad.
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