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La procuradora del Estado entendió que el decreto de Lacalle Pou “carece de fundamento legal”: el impuesto financiaría el control migratorio en los puertos de Colonia y Montevideo, pero las navieras se negaron a cobrarlo.
La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo recomendó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anular el decreto que estableció un cobro de 2,10 dólares más IVA por cada pasajero que ingrese o salga de Uruguay mediante servicios internacionales de transporte marítimo o fluvial, informó El Observador.
El denominado “precio por servicio de seguridad” fue establecido me...
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