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Adrián Z. Rivero
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La Procuraduría General de la República (PGR) recomendó a la Sala Constitucional declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra la ley que obliga a los bancos a responder por los fraudes electrónicos que sufran sus clientes.
Dicha norma, vigente desde el 22 de abril de 2026 como la Ley 10.889, hace responsables a los bancos incluso cuando no tengan culpa directa de la situación.
Las únicas tres excepciones son los autofraudes, los casos en que exista dolo (entendido como toda conducta deliberada de una persona orientada a cometer un acto ilícito, con pleno conocimiento de su ilegalidad), y las transferencias realizadas entre cuentas del mismo titular.
La acción de los bancos contra la normativa fue presentada por María Isabel Cortés Cantillo, directora ejecutiva de la ABC, y se le dio curso desde el pasado 28 de mayo, bajo el expediente 6-017324-0007-CO.
La gestión impugna los artículos 3, 5 y 8 de la ley referida, que establecen, entre otras cosas, el procedimiento para que los usuarios afectados hagan sus reclamos y la obligación de los bancos de reportar, ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), información de las cuentas que se utilizaron para recibir dinero proveniente de fraudes electrónicos.
La ABC considera que los artículos 3 y 5 “lesionan el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto crean un procedimiento administrativo sumarísimo y sin remedios recursivos”, ya que, entre otros elementos, no se establecen recursos administrativos como los de revocatoria o alzada para que los bancos accionen cuando pierden el proceso, según consta en el Boletín Judicial del 3 de junio.
Sin embargo, para la Procuraduría las medidas cuestionadas “no suprimen el acceso posterior a la jurisdicción ni eliminan las garantías esenciales del debido proceso”, sino que responden a una finalidad legítima sobre la tutela del patrimonio de los usuarios del sistema financiero, la seguridad de los medios de pago y la estabilidad del sistema financiero nacional.
“Las cargas probatorias, mecanismos de restitución y procedimientos administrativos previstos en los artículos 3 y 5 de la ley se insertan dentro del amplio margen de configuración normativa reconocido al legislador en materias económicas y regulatorias complejas, particularmente en contextos de protección reforzada del consumidor financiero frente al crecimiento sostenido de los fraudes electrónicos”, señaló el ente procurador.
Otro reclamo de la asociación bancaria es que el artículo 8 de la ley en cuestión sería inconstitucional debido a que “establece restricciones o límites a los derechos fundamentales a la intimidad y la autodeterminación informativa”. Para la ABC, una norma así debió votarse en el Plenario legislativo con los votos de dos tercios de la totalidad de los diputados y no en la Comisión Plena Tercera, donde se aprobó.
Sobre este tema, la PGR señaló que en realidad la ley no establece una “habilitación autónoma, irrestricta o administrativa para el acceso a información bancaria protegida”, ya que el traslado de la información sobre las cuentas únicamente opera a partir de una resolución judicial firme.
“La disposición no crea nuevos supuestos materiales de levantamiento del secreto bancario que exigieran aprobación mediante mayoría calificada, sino que regula mecanismos posteriores de coordinación institucional y supervisión prudencial orientados a la prevención del fraude financiero electrónico”, anotó la Procuraduría.
La entidad también rescató que el modelo adoptado en los artículos impugnados por la ABC “mantiene paralelismos relevantes” con regulación de la Unión Europea, el Reino Unido y otros sistemas financieros en los que “se han admitido esquemas de responsabilidad reforzada de las entidades financieras y redistribución de cargas probatorias como mecanismos legítimos de protección al consumidor financiero”.
El informe de la PGR fue rendido por Alonso Arnesto, en su condición de procurador general adjunto interino, el pasado 15 de junio.
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