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Mario Bermúdez Vives
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El proyecto 25.589, el primer presupuesto extraordinario para el 2026, con una rebaja de recursos de ₡92 mil millones, no logró su aprobación en primer debate, pese a que la presidenta Yara Jiménez había anunciado su intención de votarlo este lunes.
Luego de una sesión de seis horas del Plenario, Jiménez indicó que suspendía el debate, en atención del horario de los funcionarios legislativos que atendían la sesión.
Se trató de un debate en el que la oposición bombardeó el expediente, y el oficialismo se limitó a utilizar su mayoría para mantenerlo incólume.
El proyecto incluyó la reorientación de recursos de programas sociales por más de ₡60 mil millones para financiar el Régimen de Pensiones No Contributivas (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero estuvo marcado por discusiones sobre la legalidad del manejo de la bancada oficialista.
Los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se mantuvieron en las posturas levantadas desde el trámite del proyecto en la comisión de Hacendarios, en las que rechazaron enmiendas de la oposición, pero incluyeron nueve mociones que desafiaron el manejo histórico de este tipo de propuestas.
Por su parte, la oposición cuestionó la legalidad de este primer presupuesto extraordinario, alegando que se ignoraron las condiciones definidas por el Reglamento Legislativo (límites definidos por el artículo 206, que los diputados solo podían realizar ajustes sobre las partidas convocadas originalmente por el Poder Ejecutivo) y cuestionando la eliminación de normas de ejecución presupuestaria, 32 requisitos de transparencia cortados por el Poder Ejecutivo.
En el debate por las mociones de reiteración presentadas ante el Plenario, el Frente Amplio (FA) insistió en dos propuestas para revertir los recortes de ₡40 mil millones a CEN CINAI y ₡30 mil millones para BANHVI, y cubrirlos con reducciones a los recursos para la deuda pública, pero el resto de la oposición no los acompañó.
La diputada Diana Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN), justificó su rechazo en aspectos de cohesión: la bancada verdiblanca cuestionó al oficialismo por su interpretación del artículo 206 del Reglamento Legislativo, en el sentido de que se podían presentar mociones sobre títulos y partidas no incluidas en el proyecto original. «Debemos ser congruentes, si era ilegal el envío, también lo sería este reenvío», expresó.
Sin embargo, en las siete mociones restantes, para restituir las mociones de ejecución presupuestaria, nuevamente el Plenario se partió en dos. Los diputados de la oposición las apoyaron todas, mientras el oficialismo se atrincheró en su mayoría de curules para rechazarlas. Esto motivó nuevos reclamos con respecto a la poca transparencia del oficialismo. «El Poder Ejecutivo propuso eliminar 32 normas de ejecución presupuestaria, eso no son partidas de recursos, son reglas de transparencia que se están eliminando», insistió María Eugenia Román, del FA.
En la discusión por el fondo, la diputada Ángela Aguilar, del PLN, destacó que estaba sujeto a un procedimiento constitucional que no se podía ignorar. «El contenido del presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo es el límite sobre el cual los diputados pueden ejercer el derecho de enmienda», dijo, para recordar que se incorporaron nueve mociones que violaban este trámite. Insistió en que el PLN presentó por esta razón una consulta facultativa ante la Sala Constitucional que está en curso.
Asimismo, Román cuestionó el rebajo de programas presupuestarios de inversión social y la falta de voluntad de Hacienda y Zapote para fortalecer cuerpos de seguridad. «Una característica de este Gobierno es no dar la cara, no rendir cuentas. Vamos a tener que pedir información, vamos a tener que recurrir a recursos de amparo», dijo.
Por su parte, Murillo cuestionó la planificación del Gobierno, y que tuviera que recurrir a recortes a recursos para la niñez y la vivienda, para poder enfrentar las necesidades del Régimen de Pensiones No Contributivas (RNC) de la CCSS. «No se vale que quieran ponernos a escoger entre uno y otro. No podríamos aprobar este expediente, fue tramitado con mociones que violentan el Reglamento de la Asamblea y desfinanciar programas sociales prioritarios», dijo.
Pulso por Crucitas
El trámite del presupuesto extraordinario estuvo antecedido por un nuevo enfrentamiento en el Plenario entre el oficialismo y la oposición, luego de que el subjefe del PPSO, José Manuel Quesada, reclamara a la oposición por el estancamiento en la negociación del proyecto 24.717, para legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas.
Quesada reclamó que la oposición presentó más de 650 mociones al proyecto del Gobierno, y solo se habían retirado 32 del PLN, 15 de CAC y 7 del FA. «No hay voluntad política para resolver este tema», dijo.
Esto provocó un pulso que consumió la primera parte de la sesión, en la que diputados de la oposición atribuyeron el estancamiento a incumplimientos del Gobierno, al no haber convocado un proyecto para tipificar la minería clandestina como crimen organizado, y no haber remitido un informe de las mociones sobre su posición con respecto a las mociones que los opositores consideran prioritarias.
A su vez, Acosta contraatacó alegando que el FA no había cumplido con un informe sobre las mociones que consideraba prioritarias, y cuestionó los pocos avances con el retiro de mociones. «Nos quedamos esperando el cumplimiento del Bloque de la Oposición, el PLN cumplió, el CAC cumplió, el PUSC cumplió. Parece que vamos a tener que negociar con las fracciones de manera independiente», dijo.
Esto provocó una nueva ronda de reclamos mutuos, en los que Edgardo Araya, del FA, acusó al Gobierno de utilizar la estrategia de simular negociar, para luego patear la mesa y acusar a la oposición del estancamiento, mientras Claudia Dobles, del CAC, reclamó al Gobierno que eran los que estaban retrasando el proceso. «El viernes previo al receso preguntamos por la retroalimentación de las mociones prioritarias, y nos dijeron que todavía las están revisando. No entiendo el control político de Juan Manuel Quesada, esto está en la cancha de ustedes (el gobierno).
De este pugilato legislativo solo quedó en claro que la suspensión de la comisión de Ambiente procuraría retomar la negociación de este proceso, en el que la oposición exige la convocatoria del proyecto para tipificar la minería clandestina como crimen organizado, mientras el oficialismo clama por un mayor retiro de mociones.
En Plenario también aprobó por unanimidad realizar este martes una sesión extraordinaria, para tramitar el expediente 25.613, los nombramientos de los nombres propuestos por el Gobierno para integrar la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom): Marco Vinicio Arroyo y Gianina Córdoba como representantes titulares, y Cinthya Zapata como suplente.
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