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Daniela Muñoz Solano
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La presidencia de la República, tal y como había anunciado, vetó de forma total el proyecto de ley N°24.019, aprobado por mayoría legislativa, que pretende regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad asociadas a esa ejecución.
Con fecha del lunes 9 de marzo, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, remitieron a la Asamblea Legislativa su decisión de vetar “por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad” el mencionado proyecto.
La iniciativa , titulada “Ley de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad curativas’ se aprobó el pasado 19 de febrero en segundo debate con el apoyo de 33 diputaciones.
En un documento de 70 páginas, el ejecutivo alegó roces constitucionales y señaló supuestas intromisiones de las autoridades judiciales en competencias “exclusivas” del sistema penitenciario, que administra el ejecutivo.
La presidencia alegó que el proyecto “introduce disposiciones que resultan incompatibles con las necesidades actuales del sistema penitenciario y con la protección del interés público” y que no contempla “la diversidad de perfiles existentes dentro de la población penitenciaria y las particularidades de los distintos niveles de contención” en la administración de la ejecución de las penas.
Al final del documento, el ejecutivo detalla que al existir cuestionamientos constitucionales, una vez que el veto sea analizado por la comisión legislativa deberá ser remitido a la Sala Constitucional, lo que dificulta que el tiempo de esta legislatura alcance para resellar el proyecto.
No obstante, con el fin de apresurar el trámite, el despacho del presidente legislativo Rodrigo Arias informó que este miércoles mismo se presentará para se dispensa de lectura y se remitirá a la comisión dictaminadora.
Esta iniciativa pretende regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad, impuestas por los tribunales de justicia conforme las disposiciones constitucionales y legales, teniendo como finalidad asegurar su cumplimiento y procurar la inserción social de la persona sentenciada. El proyecto surge de un acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia en asumir respuesta anta la ola de criminalidad que atraviesa el país. La redacción de este proyecto de ley estuvo a cargo de la Sala de Casación Penal; la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública con el gran apoyo de jueces de ejecución de la pena.
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