Presidente de la Corte no irá a reunión convocada por Laura Fernández: lo «inconveniente» es el mecanismo propuesto no la coordinación

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Vinicio Chacón Soto

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Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicó por escrito a la presidenta Laura Fernández Delgado que no asistirá a la reunión de los supremos poderes por ella convocada para este viernes 21.

«Un espacio entre Supremos Poderes puede y debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos. Sin embargo, un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento», alegó el Magistrado.

Fue el pasado viernes que Fernández Delgado envió la misiva para convocar a la reunión ante la «tensa» relación entre los tres Poderes de la República, según alegó en cadena televisiva.

Recuérdese que la idea de la Presidenta es transmitir tal sesión en vivo. En un anterior encuentro entre jerarcas de ambos poderes, Fernández hizo una conferencia de prensa posteriormente en la que fustigó a Aguirre Gómez por su edad.

Aguirre Gómez apuntó que en un primer momento la iniciativa fue recibida «favorablemente» por el Poder Judicial, pero que «desde un inicio» señaló que los criterios necesarios para un proceso de diálogo incluyen «cumplimiento de las obligaciones sobre el financiamiento de la justicia, buena fe», y «respeto», entre otros.

Pero que «revisados los términos planteados» para este viernes, «debo comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella».

«No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial», añadió.

Entre otras cosas, Aguirre aprovechó para plantear la necesidad de «modernizar profundamente» el Poder Judicial, para enfrentar la criminalidad. Por ello, abogó por que se apruebe el expediente 24.913, lo cual permitiría «aumentar en un 31% la capacidad operativa de los Tribunales Penales y generaría un ahorro estimado de ₡122,3 millones».

Aguirre añadió que el Poder Judicial «mantiene íntegra su disposición al diálogo entre los Supremos Poderes» basado en «la buena fe, el respeto recíproco, reglas claras, y el pleno reconocimiento de las competencias, obligaciones financieras e independencia judicial que garantiza la Constitución».





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