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Fabiola Pomareda García
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, advirtió al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, que la decisión del Ejecutivo de no girar al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los ¢8.688 millones aprobados por la Asamblea Legislativa tendrá un impacto “directo y demoledor” en el combate al crimen organizado y solicitó la colaboración del jerarca para que se habilite el presupuesto requerido para dotar de 275 plazas al OIJ y al Ministerio Público en zonas críticas del país.
“La decisión adoptada, genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, en su esfuerzo para combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones que tanto impactan en la vida de la ciudadanía”, se lee en el oficio 013-P-2026, dirigido a Lücke el pasado 13 de enero.
El 15 de octubre de 2025, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa incorporó al Presupuesto 2026 del Poder Judicial los recursos necesarios para la creación de 176 plazas nuevas en el OIJ y 99 en el Ministerio Público. Al OIJ también se le adicionaron recursos para el pago de alquileres y equipo de transportes.
Sin embargo, el 19 de diciembre, el Ministerio de Hacienda le comunicó al Poder Judicial, que por orden del despacho del ministro, no resultaba “prudente” incluir esos gastos que fueron financiados “con rebajas de la subpartida presupuestada para atender el pago de intereses de la deuda interna”, se señala en el oficio MH-DGPN-UAPP-OF-0022-2025.
Según se indica, por instrucción del ministro se ordenaba “mantener en estado de no ejecución los registros presupuestarios que se aumentaron”.
275 plazas
En su carta al ministro, el magistrado Aguirre explicó que el Director General a.i. del OIJ, Michael Soto ha resaltado que las plazas aprobadas estaban orientadas a la puesta en operación y fortalecimiento de las sedes de La Cruz, Tamarindo, Tempate (Santa Cruz), Cabo Velas (Santa Cruz) y Puerto Jiménez.
“Lo grave de la situación es que estas sedes policiales no constituyen simples puntos administrativos o de atención ordinaria, sino que corresponden a sectores territorialmente vitales y estratégicos, altamente expuestos a dinámicas criminales complejas, caracterizadas por estructuras organizadas, movilidad transnacional, violencia instrumental, control de rutas, asentamientos operativos y patrones delictivos que demandan una respuesta institucional inmediata, constante y especializada”, denunció Aguirre.
Lo que está ocurriendo en estas zonas “exige presencia institucional fortalecida, recursos humanos suficientes y capacidad de despliegue real”, subrayó el presidente de la Corte.
Sin estas plazas, disminuye la cobertura investigativa y operativa en territorios de alta conflictividad y aumenta los tiempos de respuesta ante hechos delictivos graves. “Todo ello conlleva, adicionalmente, el debilitamiento de la capacidad institucional para contener dinámicas asociadas al crimen organizado y delitos conexos, y una mayor exposición al riesgo de saturación operativa, acumulación de casos y pérdida de capacidad reactiva”, señaló.
También insistió en que el Fiscal General, Carlo Díaz, ha señalado que la insuficiencia de personal impide realizar más y mejores investigaciones, allanamientos, acusaciones y atención de casos críticos; así como limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales, lo que aumenta el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y posibles responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado.
La entrada Presidente de la Corte advierte que negativa del Ejecutivo de girar ¢8.688 millones al OIJ y Ministerio Público tendrá impacto “demoledor” en combate al crimen organizado aparece primero en Semanario Universidad.
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