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Mario Bermúdez Vives
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El presidente de la Comisión de Hacendarios, el diputado Nogui Acosta del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) insistió y logró la votación de mociones en el Presupuesto Extraordinario que, según los argumentos de la oposición e incluso de las asesorías técnicas, podrían poner en peligro la constitucionalidad de este proyecto.
En la carrera por dictaminar este primer Presupuesto Extraordinario para el 2026, expediente 25.589, Acosta se mantuvo en su determinación de votar mociones cuya legalidad se había cuestionado por incluir partidas que no provenían en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, con el fin de poder destinar recursos por mas de ₡60 mil millones al Régimen de Pensiones No Contributivas (RPNC), y cubrir el déficit de este programa de la CCSS.
Se trataba de recursos provenientes de programas de vivienda por ₡30 mil millones, que se sumaron a un recorte de ₡40 mil millones para el programa de CEN CINAI que diputados de la oposición cuestionaron y calificaron como evidencias de una planificación deficiente del Poder Ejecutivo, o de una «falsa dicotomía», en palabras de Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), al querer obligar a recortar de programas sociales, para atender programas sociales. «Pero no se habla de recortar viajes al exterior de jerarcas, gastos de comunicación, o pagos a la deuda pública», criticó Trejos. Por su parte, Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN) también resaltó que estaba a favor de cumplir con los recursos del RNC, pero quitar recursos al CEN CINAI a mitad de año solo evidenciaba una pésima planificación o ejecución de parte del Gobierno.
Pero la situación que más incomodó a los diputados fue la decisión de Acosta de mantener las votaciones de mociones en ese sentido, a pesar de que le advirtieron de posibles ilegalidades: Diana Murillo y Salvador Padilla del Partido Liberación Nacional (PLN) y María Eugenia Román del FA, insistieron en que las mociones puestas en discusión por el presidente de la Comisión contravenían el Reglamento legislativo y la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que se hacían reacomodos de partidas de programas que el Ejecutivo no había incluido en el proyecto.
Esto motivó consultas a los representantes de las asesorías técnicas, Silvia Solís de Servicios Parlamentarios y Rafael Soto de Análisis Presupuestario, quienes afirmaron que los diputados no podían dar curso a mociones de este tipo. Esto lo resaltó Sánchez para pedir el retiro de las mociones, y Román para ilustrar que si se permitían esos traslados, «sería una locura en cada presupuesto extraordinario».
Acosta citó dos sentencias de la Sala Constitucional (voto 2000-05506 del 2000 y la sentencia 8.710 de 1999, donde se habla explícitamente sobre artículos y no partidas o programas ) para afirmar que la discusión «estamos apegados a la ley», en el sentido de que es constitucional realizar modificaciones en relación con los artículos convocados.
«Este un problema de legalidad. Desde el punto de vista de la implementación de recursos de Desaf (Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), se hace conforme a la ley, pero la ley fue superada por la realidad de lo que tenemos, ya tenemos que hacer una valoración de si se tiene que tener recursos en vivienda o en el RNC, y si me pregunta, nosotros creemos que no deberíamos reducir las pensiones a las personas que las requieren. En ese sentido, hacemos una modificación de la distribución a través del presupuesto. El tema fundamental tiene que ver con una diferencia de criterios respecto a esto, y la Comisión es capaz de poder hacer las valoraciones políticas para tomar las decisiones que corresponden», dijo Acosta.
Los reclamos de Murillo y Padilla de que se estaba impulsando una votación ilegal, a través de una resolución cuestionable, fueron rechazados por Acosta, quien aseguró que solo estaba votando una moción. Y fue cobijado por sus cinco compañeros de PPSO y por los dos diputados del FA, que finalmente votaron la moción, lo que Román justificó en que esperan la posibilidad de una rectificación con las mociones ante el Plenario. Solo los tres diputados del PLN votaron en contra y advirtieron que la legalidad del proceso podría derribarse en una eventual consulta ante la Sala Constitucional.
Al final de la sesión, Acosta indicó que convocará a sesión extraordinaria de la Comisión, ya que espera dictaminar este proyecto el 15 de junio.
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