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Mario Bermúdez Vives
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La presidenta legislativa Yara Jiménez presentó la resolución para devolver, por segunda vez, la nómina de magistrados suplentes para la Sala Constitucional a la Corte Suprema, que la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), bloquea de manera reiterada.
Jiménez alegó que el procedimiento legislativo para elegir 9 magistrados suplentes de una lista de 18 aspirantes “no puede considerase omiso o inactivo, sino agotado”, tras 11 rondas en las que no se alcanzaron los 38 votos para elegir a los magistrados suplentes. «Esto evidencia la inexistencia del consenso parlamentario indispensable para este procedimiento de elección», expresó.
Además, afirmó que al ser una lista de 18 candidatos y no de 24, limitaba las condiciones constitucionales de los diputados para elegir, por lo que exigió el envío de una nueva nómina completa, con 24 nombres nuevos “para ampliar la búsqueda de consensos legislativos”.
En la resolución que leyó este miércoles, indicó que la Corte también debe participar en el proceso, dentro de sus facultades, para buscar una solución. “Corresponde a la Corte remitir la nómina, mientras a la Asamblea si procede o no el nombramiento”, para luego indicar que los magistrados deben aportar a salir del estancamiento de este proceso.
Jiménez ignoró deliberadamente que el fracaso en obtener los 38 votos se relacionó directamente con un bloqueo del PPSO, que votó en blanco desde el pasado 27 de mayo, a partir de la sétima ronda de votación, cuando el jefe de fracción del PPSO Nogui Acosta clamó en el Plenario para que no se eligiera a nadie. Esto representó una nueva táctica con respecto a la estrategia de la bancada chavista, en la anterior Asamblea Legislativa, cuando votaron en las diferentes rondas, pero procurando que ningún candidato alcanzara los 38 votos, para postergar la decisión.
Posteriormente, Jiménez tomó una primera resolución para devolver la lista a la Corte el pasado 10 de junio, que todas las bancadas de oposición calificaron de ilegal e inconstitucional, pero que fue aprobada por el Plenario, merced a la mayoría de 29 diputados del oficialismo, contra 26 que se opusieron. Empero, la Corte decidió el 15 de junio devolver la nómina sin cambios.
La decisión generó el rechazo absoluto de todas las bancadas de oposición, que calificaron el acto de ilegal y anunciaron sendas apelaciones. “Lamentamos mucho esta resolución, quiero anunciar que el Partido Liberación Nacional (PLN) va a apelarla, para lo que solicitamos un receso”, indicó el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, primer diputado de la oposición que reaccionó.
Sin embargo, Jiménez le indicó que por reglamento se debería levantar la sesión a las 5 pm. “Podemos continuar mañana con el proceso de apelación”, indicó Jiménez, quien indicó que se seguiría con el debate este jueves con las personas según se habían anotado.
“Como le hemos indicado anteriormente, nos parece que es una resolución ilegal, y es expresar la insistencia de PPSO en bloquear la posibilidad de elegir magistrados suplentes y dejar desamparados a miles de costarricenses “, indicó Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien también anunció que apelaba la resolución.
“La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) apela, la devolución (de la lista) no sustituye la obligación de votar, me parece importante entender que admitir esta práctica como norma sienta un precedente peligroso”, indicó Abril Gordienko, quien cuestionó la transparencia del rechazo de los candidatos realizado por el oficialismo. “Si existían objeciones de algún candidato, debieron presentarse públicamente, pero se requieren más explicaciones, cuando vemos que una de las candidaturas si era suficiente conocida por el Gobierno, como para que lo nombraran en la Junta Directiva del Banco Central”, dijo.
José María Villalta, el jefe de fracción del Frente Amplio (FA) cerró los reclamos de esta tarde. “La fracción del Frente Amplio apela la resolución, es arbitraria, ilegal e inconstitucional, y repite el mismo error que se hizo hace algunas semanas, devolvieron la nómina sin dar argumentos, violentando el procedimiento de artículo 164 de la CP, pero no nos engañemos., no es una discusión jurídica, lo que quiere el oficialismo es paralizar la Sala IV para que no pueda pronunciarse sobre casos graves sobre delitos de corrupción de personas del oficialismo, quieren paralizar el Poder Judicial y chantajear con estos nombramientos, para que se nombre a políticos afines al oficialismo”, dijo.
La apelación deberá conocerse este jueves, antes de que la resolución pueda quedar en firme.
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