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Mario Bermúdez Vives
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La presidenta Laura Fernández presentó «un primer paquete de proyectos de ley» en materia de seguridad, que presentó como el cumplimiento de su compromiso y una cruzada para «poner fin a la alcahuetería» que se vive en la administración de la justicia en el país.
Fernández expuso en conferencia de prensa los seis proyectos, a la vez que solicitó a los diputados aprobarles procesos de «fácil tramitación», en referencia a procesos abreviados.
Los proyectos anunciados por la Presidenta implican aumentar penas para conductas existentes, o reducir beneficios para personas indiciadas y privados de libertad, alegando que se trataron de «errores de gobiernos garantistas» que se pusieron de parte de los delincuentes y no de las víctimas.
La lista de la Presidenta incluyó:
Ley Gerson Rosales: bautizado en honor al policía asesinado en su labor, lo presentó como una reforma para que la respuesta armada de los funcionarios policiales deba considerarse como legítima defensa. Aumenta penas por resistencia a la autoridad, y pide negar libertad condicional en estos casos.
Ley de sanción a la pertenencia a organizaciones criminales: Fernández aseguró que las sanciones por pertenecer a una organización criminal son muy bajas y con ejecuciones condicionales, por lo que se promoverá una sanción de cárcel de uno a seis años, que se podrá agravar de 6 a 20 años en casos como terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, secuestro extorsivo y trata de personas.
Ley de mano firme contra la reincidencia delictiva: La Presidenta afirmó que no se debe juzgar de igual manera a quien comete un solo delito, que alguien que «hace del crimen su forma de vida», por lo que se pedirá la reforma para impedir que los jueces liberen personas sentenciadas por temas de arraigo laboral o familiar, y crear categorías de reincidencia para aumentar las sanciones en esos casos: reincidencia simple, cualificada, habitual y profesional.
Ley de cero ocio en las cárceles: Fernández se quejó de que cada privado de libertad le cuesta $1.000 al sistema penitenciario, por lo que propone una reforma para que todas las personas detenidas deban pagar su manutención: según la propuesta, de la actividad productiva de los privados de libertad, un 35% iría al sistema penitenciario para pagar su manutención, un 35% a las familias de las víctimas, un 20% de apoyo a familiares de los detenidos, y un 10% a un fondo de ahorro para que cuando cumplan la condena, estas personas tengan recursos para retomar su vida.
Pistas clandestinas: Propone aumentar de 5 a 10 años las penas vinculadas con la construcción y funcionamiento de pistas clandestinas, pero incluye una reforma para impedir que los dueños de los terrenos puedan vender, arrendar o traspasar estas propiedades.
Ley para eliminar el olvido: Fernández cuestionó que en el 2016 se instituyó el derecho al olvido en registros judiciales, pasado un período de cinco años. Propone que las causas y condenas permanezcan por un período de 15 años para el tema de hojas de delincuencias, y no se borren nunca de archivos policiales y judiciales, «para efectos de investigación, para otorgamiento de beneficios carcelarios o definición de condenas», explicó.
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