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Adrián Z. Rivero
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Pese a que la presidenta Laura Fernández aseguró que el crimen organizado está metido “hasta en los tuétanos” del Poder Judicial, no entregó ninguna prueba que acreditara la veracidad de esa afirmación.
La mandataria sostuvo esa frase el pasado 1 de julio, durante la conferencia de prensa semanal que realiza el Gobierno:
“Se está filtrando el crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial. Ya vimos a Celso Gamboa deportado. Se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico”, señaló la jerarca en aquella ocasión.
Ante las declaraciones, el magistrado Jorge Araya, de la Sala Constitucional, en su condición de ciudadano, solicitó a Fernández las pruebas que sostuvieran lo indicado por ella. Sin embargo, pasado el plazo legal, la respuesta “fue el silencio”, según informó el alto juez este miércoles.
“Presidente Fernández, su silencio ofende una vez más a 14 mil familias judiciales que trabajan con fuerza, con honor, con cariño, con rectitud en pro de este país. Su silencio ofende la dignidad nacional”, añadió el magistrado.
Araya terminó su corta intervención, enviada por video, lanzando una pregunta hacia la presidenta: “¿Cómo quiere usted que la recuerde la historia?”.
La solicitud del magistrado fue realizada el 28 de julio, pero desde el pasado 6 de julio, la Corte Plena del Poder Judicial ya había retado a la jefa del Ejecutivo a presentar la denuncia sobre el tema, lo cual tampoco sucedió:
“En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado. El Poder Judicial está conformado por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país, con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia”, manifestó la Corte en ese momento.
Lo que sí se dio a conocer a inicios de agosto fue un informe confidencial, revelado por La Nación, de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) que señaló a 122 policías de la Fuerza Pública (policía a cargo del Gobierno) por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Además, el fiscal general, Carlo Díaz, reveló que Alejandro Arias, alias “Diablo”, aseguró tener control de gran parte de la Fuerza Pública al momento de su detención, el pasado 24 de julio.
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