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Daniela Muñoz Solano
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La presidenta de la República, Laura Fernández, declaró secreto de Estado los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS, «Fuerza Élite» y cualquier otro asunto de seguridad de acuerdo con el decreto 45,870 publicado este lunes 10 de agosto publicado en el diario oficial La Gaceta.
En la resolución, Fernández junto con el ministro de seguridad pública Gerald Campos, analizar las potestades del Poder Ejecutivo respecto de las declaratorias de secreto de Estado, la responsabilidad de proteger las operaciones vinculadas a temas de seguridad, los riesgos que representa el crimen organizado y el narcotráfico en el país, y más; para luego resolver que todo informe, documento, archivo o información relacionada con temas de seguridad debe ser tratada como un secreto Estado.
Según el decreto”la divulgación de esta información puede comprometer operaciones en curso o futuras, poner en riesgo la vida e integridad física de funcionarios públicos y terceros, afectar compromisos de cooperación internacional en materia de seguridad y comprometer la eficacia operativa de la unidad, al revelar metodologías de análisis, resultados de las acciones llevadas a cabo y establecimiento de operativos, estrategias, control interno, supervisión de gestiones, protocolos de evaluación de confiabilidad y los resultados derivados de dichos procesos, evaluación de riesgos y mecanismos de detección de infiltraciones o actos de corrupción”.
Además, dijeron que la revelación de información también puede afectar los derechos fundamentales de los funcionarios involucrados, incluyendo su privacidad, honor, intimidad y protección de datos personales, generando riesgos para su integridad física y la de sus familias.
Puntualmente, reza el documento, “la divulgación de los expedientes de contratación, requerimientos técnicos, estudios de mercado, ofertas financieras, contratos adjudicados, identidades de proveedores o subcontratistas, y la ejecución contractual general derivados de estos procesos —sean ejecutados en asocio o contratación con empresas públicas del Estado o entes privados—, atentaría de forma directa contra la efectividad de la protección y la integridad física de las personas resguardadas, desnaturalizando en absoluto la seguridad del Estado, al develar las capacidades, recursos estratégicos y puntos vulnerables del aparato de seguridad estatal”
En consecuencia la mandataria declaró secreto de Estado y reserva, “por lo tanto, información absolutamente de carácter confidencial y de acceso restringido exceptuada de la consulta pública, por razones de interés público, seguridad y defensa nacionales, los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Grupo de Trabajo del Gobierno de Costa Rica denominado “Fuerza Élite”, anteriormente conocido como Task Force de Seguridad, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República”.
Esta declaratoria incluye explícitamente los procedimientos institucionales que se derivan del decreto ejecutivo N.° 39449-MP- SP, en el cual se establece un procedimiento para proteger a los jerarcas de gobierno y dignatarios extranjeros.
Según establece el decreto la reserva se extiende a todo lo relacionado con delincuencia organizada, dinámicas policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, coordinación interinstitucional, bitácoras de acuerdos, presentaciones de diversas estrategias de acción policial, gestiones de control, protocolos de evaluación de confiabilidad y sus resultados, planes de protección a funcionarios, partidas, rubros de gastos y presupuestos.
Además se declara que son de reserva “la totalidad de las actuaciones, expedientes administrativos, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución de los procedimientos de contratación pública que se promuevan o ejecuten con ocasión, para el uso o en beneficio de los fines del Consejo, DIS, «Fuerza Élite», así como las sesiones, reuniones, grabaciones, planes y acuerdos concretos generados en sus senos”.
La declaratoria de secreto Estado implica que los documentos arriba mencionados no serán objeto de consulta y escrutinio público, sino que solo podrán tener acceso a ellos otros poderes de la república.
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