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José Alejandro Sánchez
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La falta de tres magistraturas suplentes puede dificultar la integración de la Sala de Casación Penal impedir que algunos expedientes sean resueltos, advirtió su presidenta, Patricia Solano Castro, durante una audiencia ante la comisión legislativa encargada de analizar los nombramientos y reelecciones de magistraturas.
Solano explicó que la Corte Suprema de Justicia remitió dentro del plazo correspondiente una nómina completa para elegir las ocho personas suplentes requeridas por la Sala III. Sin embargo, la Asamblea Legislativa únicamente nombró a cinco, por lo que todavía permanecen tres puestos pendientes.
La magistrada señaló que la ausencia de suplencias se vuelve especialmente relevante cuando las personas titulares o suplentes ya participaron en etapas anteriores de un proceso, emitieron criterio o enfrentan alguna otra causa que les impida conocer el expediente.
“En algunas ocasiones tenemos que utilizar el artículo 29, aunque no es lo recomendable”, manifestó Solano sobre la posibilidad de integrar el tribunal con otras personas juzgadoras cuando sus integrantes ordinarios no pueden participar.
Sin embargo, aclaró que existen interpretaciones diferentes sobre el alcance de ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según explicó, la Sala Constitucional ha sostenido que este mecanismo se utiliza cuando ni las magistraturas titulares ni las suplentes pueden conocer un asunto, pero no necesariamente cuando las suplencias no han sido nombradas.
La falta de integración podría tener una incidencia particular en los expedientes contra integrantes de los supremos poderes, materia que corresponde conocer a la Sala de Casación Penal.
Solano detalló que en 2020 ingresaban entre 30 y 40 causas de este tipo por año, mientras que durante 2025 la cifra aumentó hasta 144 expedientes. El circulante total de la Sala ronda los 500 asuntos, según los datos brindados por la magistrada.
A pesar de esta carga, Solano sostuvo que la Sala III tarda, en promedio, cuatro meses y medio en resolver sus casos. También afirmó que este tribunal de casación penal es la sala más eficiente de la Corte, aunque reconoció que la falta de suplencias puede obligar a revisar nuevamente determinados expedientes o dejar otros sin resolución.
Un proceso cualitativo
La comparecencia de Solano formó parte de una serie de audiencias convocadas para conocer los criterios de las presidencias de las cuatro salas sobre la elección, nombramiento y reelección de magistraturas propietarias y suplentes.
El objetivo formal de la comisión es identificar los perfiles profesionales, académicos, éticos y personales que deberían considerarse en estos nombramientos, así como recibir recomendaciones para elaborar las metodologías de selección utilizadas por la Asamblea Legislativa.
Solano explicó que el proceso para escoger las suplencias comienza con la publicación de un concurso y la verificación de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Posteriormente, al menos tres magistraturas titulares participan en las entrevistas.
Las preguntas abordan conocimientos jurídicos, jurisprudencia, procedimientos de la Sala y disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este último conocimiento es relevante debido a que las personas suplentes también pueden integrar la Corte Plena y participar en decisiones administrativas o disciplinarias.
La magistrada indicó que la Corte intentó construir un reglamento para establecer criterios objetivos y calificaciones numéricas. No obstante, una resolución de la Sala Constitucional de 2013 determinó que no podían agregarse requisitos distintos de los establecidos constitucionalmente.
Solano sostuvo que cumplir los requisitos constitucionales no equivale automáticamente a demostrar mérito e idoneidad. Añadió que las nóminas pueden remitirse incompletas cuando la Corte considera que no existen suficientes aspirantes adecuados para llenar todos los espacios.
También señaló que las personas postulantes deben declarar sus bienes y comprometerse a gestionar los conflictos de interés que puedan surgir. En materia penal, agregó, la Sala es especialmente cautelosa con la participación de profesionales litigantes debido a la sensibilidad de la información y a que conoce causas contra integrantes de los supremos poderes.
Mora judicial
Aunque la audiencia estaba centrada en los procesos de selección, una parte considerable de las intervenciones se dirigió a cuestionar la mora judicial y el desempeño general del sistema penal.
Uno de los principales ejemplos planteados fue el caso Aldesa, cuya audiencia preliminar se realiza varios años después del inicio de la investigación. Los diputados cuestionaron que, pese a los recursos destinados al Poder Judicial, numerosos procesos por presuntas estafas financieras todavía no hayan llegado a juicio.
Solano respondió que el sistema penal solamente tiene capacidad para atender cerca del 80% de los asuntos que ingresan anualmente, por lo que cada año queda un remanente aproximado del 20%.
La magistrada atribuyó los retrasos a la falta de personal, peritos, salas de juicio y recursos en instituciones como el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). También afirmó que no basta con aumentar el número de jueces, pues cada proceso requiere fiscales, defensores, investigadores y personal de apoyo.
Solano aseguró que coordina desde 2017 el rediseño del modelo penal y defendió una reforma al Código Procesal Penal presentada por la Sala Tercera. La propuesta, que recibió un dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos Jurídicos, permitiría que determinados delitos con penas de hasta diez años sean conocidos por una sola persona juzgadora, en lugar de un tribunal colegiado.
Según la magistrada, el cambio tendría un “efecto multiplicador” sobre la capacidad de los tribunales. Además, indicó que el Poder Judicial estudia la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal.
Sobre el presupuesto y el perfil de las magistraturas
La discusión también abordó el presupuesto judicial y la posibilidad de exigir conocimientos financieros y administrativos a quienes aspiren a una magistratura.
Varias diputaciones señalaron que las personas magistradas, además de administrar justicia, participan en decisiones sobre presupuesto, infraestructura y manejo de fondos públicos. Solano respondió que la Corte Plena cuenta con la asesoría de órganos técnicos, por lo que estos conocimientos podrían considerarse deseables, pero no requisitos adicionales a los fijados por la Constitución.
La presidenta de la comisión cuestionó el manejo del fideicomiso de infraestructura y la posible subejecución de recursos. Otro legislador afirmó que el fondo dispone de alrededor de ₡37.000 millones, mientras los 17 proyectos pendientes requerirían unos ₡80.000 millones.
Solano defendió el fideicomiso como una herramienta necesaria para construir edificios y salas de juicio. Añadió que el contrato fue aprobado por la Contraloría General de la República y que la falta de infraestructura también retrasa los procesos.
La magistrada cuestionó, además, un recorte de aproximadamente ₡3.000 millones que, según afirmó, recaería principalmente sobre los gastos operativos del OIJ. Como ejemplo, indicó que el operativo en el que fue capturado alias Diablo costó cerca de ₡50 millones en un solo día, tras un enfrentamiento armado de alrededor de una hora.
También advirtió que la falta de recursos podría limitar el pago de viáticos a testigos, la compra de reactivos forenses y el mantenimiento de vehículos. “Todas esas cosas son sobre el ciudadano, sobre el acceso a la justicia”, sostuvo.
Respecto a la independencia judicial
La comparecencia también reflejó el enfrentamiento político alrededor de la independencia del Poder Judicial y la actuación reciente de la Sala Constitucional.
Varias diputaciones cuestionaron la resolución mediante la cual cuatro magistraturas constitucionales extendieron temporalmente los nombramientos de personas suplentes y sostuvieron que la decisión invadió competencias de la Asamblea Legislativa.
Solano evitó pronunciarse sobre el fondo del fallo, pues explicó que existe una acusación penal relacionada con el caso que eventualmente podría corresponderle conocer como integrante de la Sala Tercera.
Otros legisladores defendieron la actuación judicial y advirtieron que la falta de nombramientos puede afectar derechos fundamentales al impedir que algunas causas sean conocidas por tribunales debidamente integrados.
Ante las consultas sobre las presiones políticas contra la Corte, Solano defendió la separación de poderes y comparó el sistema democrático con un banco sostenido por tres patas: cuando una se debilita, afirmó, toda la estructura deja de funcionar.
También reconoció que el Poder Judicial ha fallado al comunicar su trabajo y al responder a informaciones que calificó como inexactitudes, verdades a medias o mentiras sobre su funcionamiento.
La amplitud de los cuestionamientos provocó una disputa dentro de la comisión. Una diputada reprochó que Solano hubiera sido convocada para hablar sobre selección de magistraturas, pero terminara sometida a una valoración de su gestión y de todo el Poder Judicial.
La presidenta de la comisión respondió que las magistraturas, como cualquier persona funcionaria pública, están obligadas a rendir cuentas y que la audiencia también permitía ejercer control político.
Así, una comparecencia convocada para discutir perfiles y métodos de selección terminó convertida en un debate sobre las suplencias pendientes, la mora judicial, el presupuesto y las tensiones entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.
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