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José Alejandro Sánchez
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El cuarto informe sobre la libertad de expresión determinó que 78% de los periodistas consultados en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua considera que las condiciones para ejercer su profesión empeoraron durante el último año.
La consulta fue hecha a 110 periodistas y fue llevada a cabo por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll.
Además, 32 de esas personas periodistas reportaron amenazas contra ellas o sus familias, 26 amenazas de encarcelamiento y 16 despidos o represalias laborales por investigar determinados temas. El documento advierte que la autocensura y el exilio se extendieron como mecanismos de supervivencia.
Para estudiar el periodo entre octubre de 2024 y octubre de 2025, el equipo recopiló 2.191 piezas periodísticas con la plataforma Metrix.Bi. Tras una depuración manual, seleccionó 410 noticias y construyó un inventario de 60 hechos relevantes. También aplicó una encuesta no probabilística a 110 periodistas y entrevistó a 4 medios para examinar los recortes de la cooperación internacional. La muestra no permite extrapolar resultados a todo el gremio, pero sí reconocer tendencias.
Durante la presentación, la coordinadora de Proledi, Giselle Boza Solano, afirmó que Centroamérica atraviesa una etapa de silenciamiento, violencia, ataques sistemáticos y persecución, junto con un debilitamiento de la sostenibilidad de los medios.
En Nicaragua, el periodismo independiente fue prácticamente expulsado y la persecución adquirió un carácter transnacional, con vigilancia y amenazas contra personas en el exilio, según el IV Informe sobre la libertad de expresión. (Foto: AFP)
“Cada vez más, lamentablemente, en Centroamérica, callar o partir termina siendo una estrategia de supervivencia», afirmó el investigador Óscar Jiménez Alvarado, quien resumió la consecuencia del deterioro.
Al inicio de la serie, explicó, que el exilio se concentraba en Nicaragua; cuatro años después, Guatemala y El Salvador también expulsan periodistas. Otros profesionales abandonan el oficio o descartan investigaciones.
Los discursos estigmatizantes fueron señalados como la mayor amenaza, seguidos por la desinformación, las campañas de desprestigio, la precarización laboral y el acoso político. Cerca de la mitad sufrió hostigamiento o difamación en redes; nueve personas reportaron robo o confiscación de equipo, ocho ataques físicos y seis detenciones policiales.
Los actores relacionados con el poder público concentran las principales menciones como fuentes de presión. Más de la mitad señaló a militantes o simpatizantes de partidos políticos; 59 personas mencionaron autoridades gubernamentales, 54 a congresistas y 49 a la Presidencia. Incluso en una región atravesada por el narcotráfico, las mayores amenazas percibidas proceden de autoridades obligadas a proteger la libertad de expresión.
El informe encuentra un patrón regional de estigmatización oficial, persecución judicial, hostigamiento digital, sanciones administrativas, restricciones de acceso a información y asfixia económica. Los mecanismos varían según el país, pero coinciden en sus efectos: reducen el pluralismo y favorecen la autocensura. Los recortes de fondos internacionales también provocaron despidos y redujeron las investigaciones de largo aliento.
Costa Rica se acerca a patrones observados en sus vecinos
En el país el estudio identifica una transición desde los ataques verbales del Poder Ejecutivo hacia presiones legales y administrativas. Cita el retiro de pauta estatal al programa El Chinamo, tras la difusión de contenidos satíricos contra el Gobierno en diciembre de 2024, y los cuestionamientos sobre el eventual uso político de la subasta de frecuencias.
La confrontación también se amplió hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, la Fiscalía General, la Contraloría y el Poder Judicial. Según el informe, el patrón ya no tensiona únicamente la relación entre el Gobierno y los medios, sino el funcionamiento de los contrapesos democráticos.
Costa Rica todavía conserva un marco normativo garantista e instituciones con grados relevantes de independencia. La Sala Constitucional contuvo acciones como el uso político de la pauta estatal como censura indirecta y la obstaculización del trabajo periodístico en conferencias de prensa. Sin embargo, el estudio advierte que esa capacidad está siendo erosionada y plantea si la administración de Laura Fernández mantendrá la estrategia confrontativa.
Exilio, procesos judiciales e impunidad en el resto de la región
En El Salvador, el informe documenta un paso desde la estigmatización hacia mecanismos abiertamente represivos. La Ley de Agentes Extranjeros, que impuso un tributo del 30% a fondos recibidos del exterior, se sumó a amenazas de captura y criminalización. Más de 50 periodistas abandonaron su trabajo, su hogar o el país.
En Guatemala, la principal presión proviene de un aparato judicial cooptado que utiliza los procesos penales como desgaste. El caso de José Rubén Zamora representa ese patrón: la prolongación del proceso y la amenaza de regresar a prisión cumplen una función disciplinante aún sin sentencia firme.
Honduras mantiene altos niveles de impunidad en los crímenes contra la prensa y registró una mayor participación de las Fuerzas Armadas en actos de intimidación. En Nicaragua, el periodismo independiente fue prácticamente expulsado y la persecución adquirió un carácter transnacional, con vigilancia y amenazas contra personas en el exilio.
Para los investigadores, cada medio silenciado, periodista desplazado e investigación que deja de publicarse reduce la información disponible, debilita la fiscalización del poder y deteriora la calidad de las democracias centroamericanas.
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