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Mario Bermúdez Vives
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En poco más de tres meses, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) acumula una creciente deuda en su credibilidad, producto de repetidas contradicciones y cambios de posición en su representación legislativa, cuyo último incidente fue el repentino viraje en la postura de la bancada ante los insultos a las mujeres en política.
El jueves 13 de agosto, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, justificó que la mayoría de la bancada oficialista votara en contra de una moción para rechazar manifestaciones de la diputada Cindy Murillo, del PPSO, alegando que “no se vale personalizar” y que no era el camino para resolver los problemas, sino “teniendo una actitud coherente”.
Pera la coherencia no ha sido el principal activo del PPSO, luego de que entrara por la puerta grande a la Asamblea Legislativa y lograra el control del Directorio Legislativo, con una bancada de 31 diputados. Solo una semana antes, luego de que el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA), dijera en un control político que la presidenta Laura Fernández “se hacía la tontita” en materia de sus compromisos de campaña, la bancada del PPSO reaccionó de manera indignada, rompió el quórum mientras la presidenta legislativa Yara Jiménez declaraba a Araya que “aquí no vamos a permitir que nadie trate así a la Presidenta… por el orden le repito, respeto aquí” y posteriormente indicó que “esto no puede dejarse así, sin tomar decisiones”.
Posteriormente, diputaciones del PPSO no tuvieron empacho en realizar reclamos personales contra Araya y otras diputaciones: Marta Esquivel declaró que la bancada debía denunciar a Araya por atacar a la mandataria, mientras Katia Calvo cuestionó el silencio de diputadas de la oposición. “Si ha habido violencia política contra mujeres, por favor seamos congruentes… no podemos quedarnos callados”. También Gerald Bogantes indicó que se debía levantar la voz ante la violencia contra las mujeres. “Hoy levantamos la voz por las mujeres, se acaba el irrespeto contra ella (La Presidenta) y a todas”, mientras al día siguientes, en un control político, Gonzalo Ramírez indicó que esperaba coherencia, con una disculpa del FA.
Solo una semana después, cuando la diputada Claudia Dobles reclamó que Murillo había llamado “damas de compañía” a ella y a la diputada Abril Gordienko, y si ello iba a producir conferencias de prensa del PPSO o rupturas de quórum, los oficialistas no alzaron la voz: repetidas intervenciones de diputaciones oficialistas ignoraron el tema, con la excepción de José Miguel Villalobos, que reconoció que, precisamente por coherencia, debía pedir a su compañera de bancada que diera una disculpa, si en otras ocasiones había reclamado a otros diputados por declaraciones hirientes. Pero Murillo se negó, e incluso justificó su declaración como “análisis político”.
Acosta luego indicó que la bancada no avalaba los comentarios de Murillo. “Creemos que fueron desafortunados, ofrecemos disculpas a las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko”, pero cuando se presentó una moción para que la Asamblea rechazara las declaraciones de Murillo, la bancada del PPSO se echó atrás. La moción fue aprobada con votos de la oposición y del PPSO, únicamente la respaldaron Villalobos y Antonio Barzuna -que si honraron la postura de rechazar cualquier tipo de esta violencia-, mientras todo el resto de la fracción oficialista ignoró la indignación y los exaltados discursos de la semana anterior para enfrentar todo tipo de agresión contra las mujeres, “venga de donde venga” y alzar la voz ante ello.
Pero no era la primera vez en la que se presentaba una contradicción en el PPSO. En el caso de la postura de la fracción del PPSO, mostró comportamientos opuestos en solo dos meses: apoyar a la Fuerza Policial si enfrenta manifestantes, e ignorarlos si luchan contra el crimen organizado. Así, el 1 de junio, luego de que un policía resultara herido en un incidente en que un manifestante intentaba rayar el Castillo Azul, los oficialistas presentaron una moción en el Plenario para apoyar las fuerzas policiales, e incluso Marta Esquivel anunció un proyecto para fortalecer la protección de los oficiales, entre ellos, establecer una póliza de gastos legales. Pero luego de los operativos en Sarapiquí que culminaron con la captura de Alejandro Arias, “El Diablo”, en el que cinco agentes fueron heridos, el PPSO se mantuvo en silencio en la sesión solemne del 24 de julio en Nicoya, y no quiso siquiera aplaudir a los agentes del OIJ y el Ministerio Público. Luego votaría en contra tres mociones de los diputados de oposición para apoyar a las fuerza policiales, y ni siquiera quiso considerar atenuar el recorte a los presupuestos de las fuerzas de seguridad, a pesar de la evidente diferencia entre el armamento del crimen organizado y las fuerzas de seguridad.
Tampoco hubo coherencia con el trámite legislativo de las reformas a pensiones de expresidentes, luego de que el 4 de agosto, los diputados de PPSO en la comisión de Asuntos Sociales votaron contra el proyecto 24.793, del FA, que proponía eliminar estas pensiones, a pesar de las promesas de campaña del partido y de Laura Fernández de acabar con las pensiones en las que el beneficiario no cotizara para ellas. Incluso Fernández tuvo que salir a justificar las pensiones de los expresidentes, alegando que era un reconocimiento en el que se incluían elementos de seguridad, solo para que el 12 de agosto anunciara un nuevo proyecto, el 25.705, para eliminar estas pensiones. El PPSO tuvo que hacer un ejercicio filosófico para tratar de justificar esta voltereta, alegando que era un proyecto más amplio, pero el diputado José María Villalta, del FA, ripostó que se trataba prácticamente de un clon del expediente de su bancada, al que solo eliminaron un párrafo. “Era más eficiente impulsar una moción, en lugar de votarlo en contra”, razonó.
No es el único lastre de la campaña. Fernández también prometió en el proceso electoral que estaba de acuerdo con reformas para autorizar entregas anticipadas del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), pero en el primer período de sesiones extraordinarias, cuando el Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa, ni siquiera mostró indicios de convocar alguno de los cuatro proyectos de esta materia, al punto que la oposición lo ha convertido en un reclamo persistente, solicitando que al menos se inicie un debate alrededor de este tema, pero la mandataria se escuda en la ausencia de estudios técnicos… de los cuales no ha dado indicio de solicitarlos.
Y en materia de prioridades, el discurso de impulsar una reforma para agilizar al Poder Judicial mostró severas fisuras, cuando la bancada del PPSO bloqueó la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, dejando toda la lista en blanco para evitar que algún aspirante siquiera se acercara a los 38 votos necesarios para ser elegido, y luego declarar descaradamente que “no se había logrado consenso”. La bancada alegó que no apoyaría a ninguno de estos aspirantes, pero eso no impidió que el Gobierno nombrara a uno de ellos, Christian Campos, como directivo para el BCR. Y los oficialistas que alegan que su principal motivación para pedir reformas al Poder Judicial es únicamente lograr una justicia pronta y mas eficiente, no tenían problemas con plantear una paralización de la Sala Constitucional por meses, mientras se generaba un nuevo concurso para elegir otros aspirantes a magistrados suplentes.
También en materia de prioridades, el chavismo anunció desde el anterior Gobierno que la reforma a las Jornadas Laborales de doce horas sería una de las prioridades y cuestionaron a los anteriores diputados por no resolver en esta materia desde hace años. Sin embargo, cuando la presidenta Laura Fernández tuvo la oportunidad de decidir la agenda legislativa en el primer período de sesiones extraordinarias, no lo convocó; de pronto no era tema urgente. Se tuvo que esperar a las sesiones ordinarias para que fuera puesto a despacho, en una maniobra que la oposición denunció más como un intento de bloquear el resto de la agenda parlamentaria.
Y la lista sigue: puede recordarse el archivo de los informes legislativos por las denuncias de acoso sexual contra el ex diputado Fabricio Alvarado, cuando la presidenta Yara Jiménez solicitó una asesoría del Departamento Jurídico de la Asamblea, al que dio preponderancia sobre la consulta a Servicios Parlamentarios, pero luego descartó el primero y se apoyó en el segundo, para archivar el caso. Proceso que estaba matizado porque la propia presidenta Fernández acusó a Alvarado, en campaña, de haberla acosado. Pero en este caso, no hubo reclamos en el PPSO por una posible afrenta a la Presidenta, o lo que representaba, en términos de violencia contra las mujeres, archivar una denuncia de este tipo con un tecnicismo.
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