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A contraluz
Porras insiste en criminalizar a los pueblos indígenas
Porras utiliza el sistema de justicia como venganza política contra quienes defendieron la democracia.
Haroldo Shetemul
16 de enero de 2026
|
00:02h
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La captura de Basilio Bernardo Puac García, exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, constituye un nuevo ataque racista de la fiscal general, Consuelo Porras, contra los pueblos indígenas y la criminalización de sus derechos constitucionales a la manifestación y la libre emisión del pensamiento.
Criminalizar la protesta indígena es negar la esencia misma del Estado de derecho y es una nefasta expresión de racismo.
Este grave hecho se suma a la aprehensión de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, también exdirectivos de esa organización comunitaria, quienes se encuentran en prisión desde abril del año pasado. Ambos son señalados por los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. Esos cargos también pesan sobre Puac García.
La razón de la persecución penal contra los exdirigentes comunitarios se debe a que en el 2023 se convirtieron en los principales defensores del Estado de derecho. La jefa del Ministerio Público (MP) fue utilizada por la ultraderecha para tratar de evitar que Bernardo Arévalo tomara posesión de la Presidencia, luego de ganar la segunda vuelta electoral.
Los 48 Cantones de Totonicapán desarrollaron movilizaciones en rechazo al golpe de Estado que pretendían dar Alejandro Giammattei y sus aliados. A esas manifestaciones pacíficas Porras les llama sedición, que, según el Código Penal, la cometen quienes impulsan acciones por la fuerza o violencia para deponer o impedir a funcionarios que tomen posesión de sus cargos. Los pueblos indígenas hicieron exactamente lo contrario.
El delito de terrorismo se refiere a la alteración del orden constitucional por medio de la violencia o que se atente contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura. Además, el terrorismo se considera una amenaza grave contra el orden internacional y puede ser tratado con criterios similares a los delitos de lesa humanidad. Solo una cabeza desquiciada puede calificar de terrorismo las manifestaciones pacíficas de los pueblos indígenas, ampliamente documentadas y amparadas por los derechos constitucionales.
Desde abril del año pasado, Porras mantiene este caso en reserva porque se trata de un montaje y sus evidencias no resisten el más mínimo análisis probatorio. Para tratar de encubrir este disparate, el MP dice que no está dirigido contra alguna organización, sino que los delitos son individuales. Puac, Pacheco y Chaclán no manifestaban en forma individual, sino que eran miembros de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, o sea ellos fueron electos por la asamblea general de ese movimiento. Eso significa que Porras está criminalizando una expresión genuina de los pueblos originarios.
Los 48 Cantones de Totonicapán manifestaron haciendo uso de sus derechos legítimos. El artículo 33 constitucional reconoce el derecho de reunión y manifestación pacífica, que no puede ser restringido, disminuido o coartado. El artículo 35 constitucional garantiza el derecho a la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa, y no puede ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. El artículo 45 se refiere al derecho a la legítima resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías constitucionales cuando estos están siendo violados.
Tal como lo expresó el presidente Arévalo: “Los criminales que siguen en el MP intentan dar sus últimos y desesperados golpes a la democracia”. La captura de Puac es la evidencia más clara de que esa banda delincuencial mantiene una persecución racista y discriminatoria contra los pueblos indígenas. Afortunadamente estamos a pocos meses de que concluya este período oscuro de la investigación penal.
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