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Adrián Z. Rivero
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La Sala Constitucional anuló este jueves el acuerdo del Ejecutivo en el que se rechazó el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante titular del sector laboral ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para el periodo 2026-2030.
Dicho acuerdo había sido tomado por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de junio, cuando ese órgano rechazó el nombramiento de Alfaro a pesar de que esta fue electa por mayoría absoluta en la Asamblea del Movimiento Sindical, celebrada el 9 de junio.
La decisión del alto tribunal se dio tras la presentación de un recurso de amparo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno, en el que el reclamante argumentó que la medida tomada por el Ejecutivo “desconoció la voluntad expresada democráticamente por el movimiento sindical e implicó una injerencia ilegítima del Consejo de Gobierno en la integración de la Junta Directiva de la CCSS”.
“Para la Sala Constitucional ese rechazo no tiene fundamento jurídico, toda vez que la misma ley de la CCSS, en el artículo 6, prohíbe al Poder Ejecutivo objetar este tipo de nombramientos, sea de la parte sindical o patronal”, explicó el magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala IV.
De acuerdo con Castillo, un grupo de magistrados consideró que se vulneró la autonomía de la Caja, mientras que otros también señalan que “se está vulnerando el derecho de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, así como también la libertad sindical en su ámbito colectivo”.
La anulación fue decidida por unanimidad en la sentencia 2026-031380, dentro del expediente 26-029106-0007-CO. Además de Castillo, el tribunal estuvo compuesto por los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda (instructor), Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro e Ingrid Hess.
Tras darse a conocer el fallo, la exlegisladora Alfaro manifestó recibir con “satisfacción” la noticia y aseguró que, desde el inicio, el movimiento sindical sostuvo que se debía respetar la elección de este puesto, que existe para “defender a la clase trabajadora”, tanto a la que trabaja en la Caja, como a la que recibe sus servicios.
“Nos parece que se perdió muchísimo tiempo —eso es lamentable— por la actitud del Gobierno de irrespetar lo que a todas luces es lo legal. Ahora nos vamos a arrollar las mangas para ir a trabajar en cosas que son urgentes y que la población está esperando para mejorar los servicios de salud y de pensiones en nuestro país”, concluyó Alfaro, en declaraciones a UNIVERSIDAD.
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En 2023, el Consejo de Gobierno dirigido por el expresidente Rodrigo Chaves nombró a un trabajador de parcela como integrante de la Junta Directiva de la CCSS sin que surgieran cuestionamientos públicos sobre si cumplía el requisito legal de ser una persona competente y versada en materias económico-sociales.
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