Popularidad y estilo autoritario de Chaves incidieron en reducción de las protestas durante su tercer año de mandato

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Vinicio Chacón Soto

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Entre el primer y segundo año de gestión de Rodrigo Chaves la cantidad de protestas organizadas por los sectores sociales en Costa Rica se disparó. Sin embargo, esa cifra más bien hizo un giro en U y descendió durante el tercer año de su gobierno.

Tal realidad se debió, por un lado, a que el mandatario logró mantener niveles altos de popularidad, pero también a su estilo autoritario que devino en una “coerción” que diferentes movimientos manifestantes experimentaron durante los periodos estudiados por el proyecto Protestas: Base de datos de acciones colectivas, desarrollado desde el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

De acuerdo con datos expuestos en el “Informe Anual de la Protesta en el tercer año de la administración Chaves Robles (junio 2024-junio 2025)”, durante el primer año del actual gobierno esas acciones de comunicación política y lucha ciudadana no alcanzaron las 800, pero se dispararon durante su segundo año hasta superar las 1.300 y para el tercero cayeron a poco más de mil (Ver gráfico).

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Ese documento apunta al respecto de la disminución señalada que “parece mantenerse una relación ya detectada anteriormente, entre un gobierno con altos niveles de popularidad ciudadana, y bajos niveles de protesta social”, y al respecto cita datos del Informe del Estudio de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), según los cuales los niveles de aprobación ciudadana a la gestión Chaves Robles se lograron mantener arriba del 50% durante el periodo en cuestión.

Sin embargo, la psicóloga social Fiorella Jara Sanabria, coordinadora del proyecto de seguimiento de las acciones colectivas del IIS, explicó el fenómeno a partir de ejemplos concretos, como el de la Unión Provincial de Limón (Uniproli) y su lucha contra las aberrantes rotondas que el Gobierno construyó a lo largo de la Ruta 32.

Recordó que un primer intento de negociación “entre grandes comillas” se dio cuando se apersonó el entonces jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Mauricio Batalla, pero el funcionario “no negocia, sino que se retira, porque básicamente la propuesta de él era imponer las rotondas”. Después de lo cual se dio la “amenaza de coerción” del propio Chaves, por ejemplo, en su matiné del miércoles 20 de noviembre de 2024.

Jara Sanabria subrayó de ese ejemplo la “correlación” entre “la amenaza de Chaves y el retiro de la lucha”. Por ello, explicó que “podría ser una idea muy a priori: aumenta la popularidad entonces se reducen las protestas porque, entre grandes comillas, la población está contenta. Pero no es así, sino que también el estilo autoritario que él propone, y no solamente él sino también sus ministros y todos los puestos medios, lo que generan es una sensación de coerción en la población y en las agrupaciones”.

Al respecto, volvió a enfatizar que durante el segundo año de mandato se registra un aumento en la protesta además en “temas álgidos de la sociedad: educación, salud; o sea, las organizaciones están saliendo a la calle” en defensa de derechos básicos, pero en el tercer año “lo que sucede es más bien el contrario, se reducen”.

Particularidades

El estudio recopila datos de la base pública de datos “Protestas”, que se elabora en el proyecto: “Seguimiento de las Acciones Colectivas y Grupos Organizados en Costa Rica” (Protestas-IIS).

La iniciativa recopila acciones colectivas a través del monitoreo diario de medios de prensa, para luego sistematizar a partir de variables como la cronología, ubicación, demandas, actores, repertorios de acción (es decir, tipo de acción de protesta) y entes demandados.

Fueron ocho los medios escritos incluidos en ese ejercicio de recopilación de información, “escogidos por su periodicidad, circulación y cobertura territorial”: La Nación, La Extra, CrHoy, Semanario UNIVERSIDAD, Surcos Digital, San Carlos Digital, El Norte Hoy y La Voz de Guanacaste.

Las acciones de protesta incluidas son de diversa índole, van desde la “declaración pública” (mayoritaria en el periodo 2024-2025 con 633 casos), hasta la ya casi extinta “huelga” (sólo tres casos), pasando por concentraciones, denuncias, bloqueos, campañas informáticas o marchas.

Así, el principal tema que movilizó a personas y organizaciones tanto durante el segundo como el tercer año de mandato de Chaves fue el identificado bajo la categoría de “Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas”, que según se explica para el periodo 2024-2025 (tercer año) se relacionó con la “Defensa de la CCSS” ante actos de corrupción, como el caso Barrenador.

También agrupa las “denuncias de corrupción e irregularidades en la gestión” de otras instituciones, “especialmente en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)”; así como los ataques de Chaves y “sus representantes” contra “el Poder Judicial y la libertad de prensa, así como de discursos y manifestaciones ofensivas por parte de Chaves hacia las mujeres, población adulta mayor, periodistas, personas funcionarias del Poder Judicial, de las universidades estatales, entre otras”.

A todo ello se sumó la “lucha en contra de la destitución irregular de integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica; así como las demandas para exigir acciones concretas y efectivas para enfrentar el aumento en los femicidios y de la violencia en contra de las mujeres, y de la violencia ejercida por parte del crimen organizado en el país”.

El segundo rubro que más movilización generó fue la “Defensa de la educación” sobre todo “la conflictividad en torno al presupuesto educativo”. El tercero fue el eje de “En favor o en contra de leyes, reglamentos, planes y/o decretos”, en el cual se generaron acciones en torno a la oposición o defensa del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, “que promueve la privatización de la generación y distribución eléctrica”, así como las acciones de oposición o defensa del proyecto de ley de jornadas de 12 horas.

En cuanto a los sectores protagonistas de estas acciones de protesta, durante el tercer año (al igual que en el segundo), los principales fueron “trabajadores”, que realizaron 370 acciones en el tercer año, contra 541 del segundo.

Un aspecto llamativo es la categoría de la “ciudadanía” como actor de las protestas. Jara explicó que “lo catalogamos cuando hay una marcha que es multisectorial”, en la que “ya no es solamente un grupo, sino que lo que estamos viendo con este gobierno es el aumento de marchas multisectoriales, porque la gente se está uniendo o se está vinculando más a causas muchísimo más amplias o menos fragmentadas que nada más por pedir por una cosa en particular”.

Dicho de otro modo, la típica marcha en la que se aprecian carteles sobre una diversidad de temas o, como dijera alguna vez el propio Chaves con no poco frustración, un chop suey.

Este tipo de actor pasó de ocupar el quinto lugar en el segundo año con 93 protestas, a ser el segundo en el periodo 24-25, con 138.

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Ley antihuelgas


Un aspecto que los informes de Protestas y la misma Jara Sanabria destacan es el efecto que ha tenido la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, conocida como la ley antihuelgas y que “sanciona el uso de las huelgas en muchos trabajos públicos y de cierta manera obliga a los grupos a pensar en acciones alternativas que les permitan exigir sus demandas sin ser criminalizados”, según se explica en el más reciente informe.

La psicóloga social ponderó en primera instancia que los sindicatos “siempre son los que tienen mayor protagonismo en las protestas en Costa Rica, porque en general hay una cultura de la protesta muy vinculada a la institucionalidad”.

Es decir, es muy común que esas organizaciones se sepan mover a partir de pronunciamientos, oficios, recursos de amparo o conferencias de prensa, que constituyen acciones de protesta “muchísimo más mesuradas, por así decirlo: No es lo mismo enviar un pronunciamiento que cerrar la (Ruta) 32”.

“Si hacemos esta lectura, evidentemente llega a reforzar esta cultura de la protesta más institucionalizada y, por lo tanto, la ley antihuelgas también hace la cultura de la protesta más excluyente en Costa Rica”, aseguró.

Explicó esa aseveración a partir del ejemplo del tema de la vivienda, pues según dijo, bajo ese rubro, “cuando la gente protesta, usualmente lo hace con repertorios que son no institucionalizados. Es decir, bloqueo, concentraciones, huelgas, marchas”.

“De repente lo que uno puede ver es que esta clase de acciones colectivas tienen menor efecto que las de corte institucional, pero las de corte institucional requieren que la organización no solamente salga a la calle, sino que además sepa cómo escribir un pronunciamiento, sepa los mecanismos específicos para hacer un recurso de amparo, o cómo hacer un proyecto de ley”.

De manera que al tener la mencionada Ley un efecto que “institucionaliza más” la protesta, y con ello “se vuelve muy excluyente”.

Ambientalistas

Un aspecto particular por el que se le preguntó a la especialista es el caso del sector ambientalista que también, a contrapelo de la tendencia general, mostró crecimiento, pues pasó de 20 acciones en el periodo 2023-2024 a más de 110 en el 2024-2025.

De entrada, Jara Sanabria apuntó ejemplos que lograron sus objetivos, como el de punta Pelencho, en Santa Cruz de Guanacaste, donde un comité local “logró evitar la tala de un corredor biológico que había al frente de la zona marítimo terrestre” que pretendía realizar un hotel con permisos otorgados “de manera irregular” por la Municipalidad, según recordó en lo que calificó como “una victoria para la organización comunitaria del lugar”.

También, se refirió al caso del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Regama), donde consideró que al menos se logró visibilizar el daño causado por la deforestación.

“Es que algunas veces ni siquiera se logra visibilizar el impacto ambiental que está sucediendo”, pero en este caso se llegó incluso a una discusión a nivel político no solamente en la comunidad, sino en “espacios de amplio poder político” como la Asamblea Legislativa, así como “cuestionamiento hacia figuras como el ministro (de Ambiente, Franz Tattenbach)”.

Mencionó el caso de EcoCipreses, en Oreamuno de Cartago, “que están siempre visibilizando constantemente el daño ambiental de las nacientes de Cipreses con el uso desproporcionado de agroquímicos” y sus victorias con recursos de amparo. Otro ejemplo citado es el de “la lucha que hubo de comunidades alrededor de la destrucción del manglar durante la construcción del hotel Riu”, en Guanacaste. “Después de 13 años de lucha se logró que la Sala IV dictaminara que el hotel no había sido ambientalmente responsable en absolutamente nada y que le exigían al hotel sacar el relleno del manglar”.

Reconoció, sin embargo, que “lamentablemente el efecto de estas acciones no siempre es inmediato”, pues no se logra “en el tiempo que lo requiere la naturaleza, porque los grupos sociales realmente no tienen tanto poder, por ejemplo, en contra de las inmobiliarias”.

Democracia enferma

Para la investigadora, la realización de protestas constituye “un indicador de salud de la democracia”.

Ello por cuanto, según explicó, porque los grupos sociales que emprenden acciones para demandar el cumplimiento de derechos cumplen un rol “valiosísimo para una democracia”, ya que es “un recordatorio a los grupos políticos o a la la gente que se dedica a la política de que no solamente es una cuestión que se hace en el escritorio, sino también que se vive en las comunidades”.

“Estas demandas que hace la gente asociada evidentemente le muestran a las personas que se dedican a la política las necesidades de las personas en la calle”. Por ello, explicó que el hecho de que se debilite la protesta social es propio “de una democracia que está enferma” y que padece de una “infección”, porque “si no se escuchan estos grupos y no hay grupos que hagan la contraparte en las democracias entonces ¿de qué clase de democracia estamos hablando? No se está cumpliendo con la libertad o la igualdad de derechos, no hay nadie que visibilice la igualdad de los derechos si no hay movimientos sociales, ni grupos organizados ni demandas de esos movimientos sociales”.

“Hay miles de preocupaciones detrás de que haya quedado Laura Fernández, pero una es esa: cómo se puede utilizar cualquier situación, cualquier hecho, para hablar mal de las personas que protestan”, ponderó respecto al continuismo al régimen de Chaves recién electo.

Recordó que “no solamente Chaves le ha tirado a la protesta, la Ley antihuelgas es un ejemplo de cómo otros partidos políticos, y desde hace mucho tiempo, están tratando de debilitar la acción colectiva”.



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