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José Alejandro Sánchez
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Las políticas de seguridad y encarcelamiento pueden convertirse en medidas que castigan no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias. Esa fue una de las advertencias planteadas durante la conferencia “Cuidar, controlar y castigar: las políticas de familia en tiempos de erosión democrática”, realizada el pasado 29 de junio en la Universidad de Costa Rica.
Organizada por el Programa de Posgrado de Sociología (PPS), el Sistema de Estudios de Posgrado y la Facultad de Ciencias Sociales, la discusión contó con la participación de Juliana Martínez Franzoni, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y del Instituto de Investigaciones Sociales; la directora del PPS, Nancy Piedra Guillén, y la académica Laura Rivera Alfaro, quienes analizaron cómo las políticas públicas vinculadas al cuidado, la familia y la protección social pueden transformarse en instrumentos de control o castigo cuando se combinan con discursos de mano dura, recortes institucionales y debilitamiento democrático.
Aunque la conferencia abordó los cuidados desde una perspectiva amplia, una de sus líneas centrales fue el impacto de las políticas punitivas sobre la vida cotidiana de las personas privadas de libertad y sus redes familiares.
Martínez explicó que ciertas medidas de seguridad, aun cuando no se presentan como políticas familiares, terminan reorganizando hogares, ingresos y responsabilidades de cuidado.
“Se tiene la idea de que las políticas punitivas las financia el Estado y no, las políticas punitivas, en general, en esta nueva ola de políticas punitivas, las financian las propias familias afectadas”, afirmó Martínez al referirse al caso de El Salvador, utilizado en la conferencia como ejemplo extremo de encarcelamiento masivo.
La investigadora señaló que, bajo el régimen de excepción salvadoreño, unas 90.000 personas han sido encarceladas con el argumento de mejorar la seguridad. Según expuso, esto equivale aproximadamente al 2% de la población adulta del país y ha funcionado como una política de familia de facto, porque el encarcelamiento recae principalmente sobre hombres jóvenes que, en muchos casos, eran proveedores económicos de sus hogares.
En opinión de la académica, en ese país centroamericano seis de cada diez personas encarceladas se estiman inocentes, aunque aclaró que esa cifra podría ser conservadora debido a la forma en que se realizaron las detenciones y a la ausencia de un debido proceso. A partir de ese señalamiento, planteó que la cárcel no solo debe analizarse como una medida penal, sino también como una decisión estatal que altera la estructura familiar.
Uno de los efectos más directos, explicó, es la pérdida de ingresos. Cuando una persona es encarcelada, su familia deja de recibir el aporte económico que generaba, pero, al mismo tiempo, aparece un nuevo gasto: sostener a quien está en prisión.
De acuerdo con la exposición de Martínez, se estimaba que las familias llegaban a gastar cerca de $170 mensuales, unos $2.000 anuales, para cubrir necesidades de sus familiares presos.
El encarcelamiento, además, genera una sobrecarga de tiempo y cuidado, pues, al desaparecer estas figuras dentro de los hogares, las mujeres asumen nuevas responsabilidades como ubicar dónde están detenidos, llevar insumos, hacer trámites, enfrentar burocracias opacas y sostener económicamente a quienes quedan en casa. Esa situación fue descrita como una refamiliarización forzada y feminizada de los cuidados.
La exposición también vinculó esta dinámica con el impacto en niñas, niños y adolescentes porque, según la investigadora, el 37% de esta población en El Salvador estaría sin padre, madre o sin ambos. Frente a ello, cuestionó que la respuesta estatal no sea una política de acompañamiento, sino una distinción entre familias consideradas merecedoras y otras asociadas al castigo o la sospecha.
En esa misma línea, la investigadora advirtió que las mujeres que acompañan a personas detenidas pueden pasar de ser cuidadoras a ser tratadas como sospechosas, puesto que cuando el Estado criminaliza a una persona también hace lo mismo con quienes la buscan, la sostienen o piden información sobre ella. Por eso, habló de una criminalización de los cuidados.
Citó de ejemplo al Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), fundado en El Salvador en 2023 por familiares de personas detenidas, el cual Martínez comparó con otras experiencias históricas vividas por la legendaria organización de las Madres de Plaza de Mayo. En su criterio, ambos grupos muestran a familiares organizados frente a la desaparición, detención o criminalización de sus seres queridos.
En el caso costarricense, Rivera advirtió que el país no está en el mismo escenario que El Salvador, pero sí observa señales de avance hacia un Estado más policial y represivo. Como ejemplo, mencionó el “Plan Cero Ocio” en las cárceles, al que vinculó con un discurso, según el cual las personas privadas de libertad no pueden ser una carga para el Estado ni permanecer desocupadas.
Rivera señaló que ese plan plantea que las personas privadas de libertad deben asegurar sus propios ingresos o formas de sostenimiento. Desde su lectura, esto forma parte de una lógica en la que el castigo se presenta como responsabilidad individual y se debilita la obligación estatal de garantizar condiciones dignas dentro del sistema penitenciario.
También mencionó el retiro de microondas en centros penales como una medida que afecta la relación entre las familias y las personas encarceladas. Según explicó, este tipo de decisiones incide en la forma en que las familias acompañan, alimentan y cuidan a quienes están privados de libertad, por lo que no se trata únicamente de una disposición administrativa.
Tanto Martínez como Laura Rivera coincidieron en que las políticas punitivas deben analizarse más allá del expediente penal. Sus efectos alcanzan la economía familiar, la distribución del trabajo de cuidado, la vida de las mujeres y la protección de niñas, niños y adolescentes. En esa lectura, la cárcel no aparece únicamente como castigo individual, sino como una política que reorganiza familias completas.
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