Políticas públicas para los elegidos, no para el país

[Javier Córdoba]

Costa Rica arrastra un problema silencioso pero constante: en lugar de diseñar políticas públicas para el bienestar general, terminamos construyendo beneficios a la medida de pequeños grupos con poder.

Mientras tanto, los microempresarios —verdadero motor de la economía nacional— quedan desprotegidos, quebrados o expulsados del mercado. Tres ejemplos recientes muestran este patrón perverso con absoluta claridad.

1. La ruta del arroz: proteger privilegios no la producción​

Durante años, el país mantuvo una política arrocera que exprimió al consumidor para sostener los privilegios de un puñado de grandes productores. Mientras las familias pagaban un sobreprecio injustificable, CONARROZ funcionaba como un intermediario sin resultados, útil únicamente para enriquecer a unos cuantos.

Por lo tanto eliminar los aranceles era una medida correcta. Pero, fiel a nuestro estilo, lo hicimos a medias:

• No se cerró CONARROZ.
• No se impulsó tecnología ni capacitación para los agricultores: nunca mejoró la productividad.
• No se preparó una transición ordenada para los pequeños productores, que tendrían que cambiar de actividad.

El desenlace era predecible: se arruinó a los pequeños productores mientras los grandes importadores se fortalecieron aún más. Una reforma que pudo modernizar el sector terminó profundizando desigualdades que llevamos décadas arrastrando.

2. Tipo de cambio: intervención selectiva​

El sector exportador ha recibido históricamente tratos especiales, y es cierto que las minidevaluaciones fueron parte de ese diseño. También lo es que, cuando el dólar subió abruptamente en el 2022, se aplicaron medidas inmediatas y contundentes para contenerlo.

Pero cuando el tipo de cambio cayó drásticamente, la respuesta fue bastante tímida.

¿Por qué intervenir con fuerza en una dirección y no en la otra?

La lógica es simple si hay escasez, el precio del dólar sube y si hay abundancia el precio baja. Funciona exactamente igual que con cualquier producto, sean papas o tomates.

Todo esto, sumado a la baja inflación, nos daba la oportunidad perfecta para bajar tasas de interés y brindar un respiro a empresas nacionales, ya golpeadas por años de pandemia y altos costos de producción. Pero nada de eso ocurrió. Las tasas se mantuvieron altas mientras:

• Los salarios subieron.
• Las cargas sociales crecieron.
• Los impuestos aumentaron.

El resultado fue inevitable: a miles de exportadores, productores agrícolas y empresarios turísticos se les redujeron los ingresos en alrededor de un 30%, al mismo tiempo que sus costos continuaron al alza.

¿Le suena a receta para el desastre? Pues eso, precisamente, es lo que es.

Entonces, si fuéramos un país verdaderamente serio, dolarizar sería la forma más directa de eliminar la manipulación selectiva del tipo de cambio. Pero si no vamos a dar ese paso, lo mínimo es que seamos coherentes: o dejamos el tipo de cambio completamente libre, o adoptamos un sistema de intervención con la misma intensidad en ambas direcciones.

Lo que no se vale es intervenir cuando beneficia a quienes uno prefiere —o a quienes se les debe favores— y guardar silencio cuando afecta muchísimo a otros.

La estela de esta política fue —y sigue siendo— brutal: operadores turísticos, exportadores pequeños, productores agrícolas y microempresarios quebrados, mientras los grandes jugadores del sistema financiero ni siquiera se despeinaron.

3. Radiofrecuencias: modernizar excluyendo

El tema de las radiofrecuencias tiene dos componentes distintos:

1. la concesión del espectro, que es un pago único por el período, y
2. el canon anual que debe pagarse por usarlo

¿Quién se opondría a que el Estado cobre precios razonables por su uso? Nadie. Durante décadas se ha estado prácticamente regalando un recurso valiosísimo.

Para entender el burumbum de las últimas semanas, es fundamental aclarar que la subasta se limitó exclusivamente a las concesiones: el canon sigue otro proceso y otro calendario. Esto significa que, aun si la subasta se hubiera hecho impecablemente, igual tendríamos la tarea a medias, cosa que nos encanta.

Ahora bien, el problema con las radiofrecuencias no fue empezar a cobrar —eso era indispensable después de tantos años de desorden y evasión del tema—, sino cómo se estructuró el proceso. Durante un período prolongado, muchos medios pagaron montos simbólicos, lo cual era insostenible. Pero haber tolerado un caos durante 70 años no justifica corregirlo con otro caos en sentido contrario. Cuando un problema es estructural, la solución no puede ser un péndulo que arrase con la mayoría, especialmente con quienes menos capacidad tienen para absorber el golpe.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió: en lugar de ordenar el sector y establecer reglas claras y parejas, se diseñó un cartel pensado para expulsar a los pequeños operadores antes siquiera de competir, concentrar aún más el mercado y vender como “modernización” un proceso que, en la práctica, simplemente aplastaba a quienes sostienen la diversidad del ecosistema mediático.

Por ahora, todo está detenido en espera de la resolución de la Sala IV. Así que ya veremos.

El patrón es claro

Cuando se revisan estos casos en conjunto, dejan de ser accidentes aislados: revelan un diseño estructural que favorece a los grupos chineados que se han beneficiado del sistema, mientras destruye al microempresario que es el que sostiene la economía nacional.

En un país donde las PYMES generan la mayor parte del empleo y costean, con sus impuestos, un aparato estatal caro e inservible, este accionar no solo es injusto: es suicida.





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