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Mathew Chaves
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El Poder Judicial recibirá menos recursos en 2027 y, además, enfrentará nuevas restricciones para disponer de una parte de su presupuesto, según el proyecto de Presupuesto Nacional presentado este martes 1.º de setiembre por el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, ante la Asamblea Legislativa.
El plan asigna al Poder Judicial ₡530.973,2 millones para 2027, frente a los ₡541.525,7 millones que tiene asignados en el presupuesto actualizado de 2026. La diferencia es de ₡10.552,5 millones, equivalente a una reducción de 1,9%.
Pero la reducción no termina ahí. El proyecto incorpora cuatro normas de ejecución presupuestaria que mantendrían bloqueados otros ₡29.843,8 millones hasta que la institución cumpla una serie de requisitos vinculados con auditorías, infraestructura, remuneraciones y uso de plazas vacantes.
En conjunto, el Poder Judicial enfrentaría 2027 con alrededor de ₡40.000 millones menos de margen presupuestario, entre el recorte directo y los recursos cuyo uso quedaría condicionado.
Mientras tanto, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, señaló que el ajuste ocurre mientras el país enfrenta narcotráfico, delitos y crimen organizado. Dijo que se reunió con personeros judiciales para revisar los recortes de 2026 y el anuncio para 2027.
Por otra parte, Aguilar cuestionó que vuelvan a incorporarse normas para retener fondos. Recordó que el plan extraordinario del 2026 eliminó 32 normas y afirmó que ahora deberán revisar el alcance del congelamiento incluido en la propuesta financiera para el próximo año previsto.
La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN), Claudia Dobles, vinculó nuevamente el ajuste con la crisis de seguridad. En control político el 1.° de setiembre, tras una ola de homicidios en Cartago, afirmó que el recorte afecta al Poder Judicial, donde “va a tener una afectación con el OIJ”.
Dobles sostuvo que el plan presentado “de nuevo confirma la falta de compromiso que tienen con la seguridad”.
Desde el Plenario, Dobles sostuvo que asimismo se reducen recursos del Ministerio de Seguridad Pública, pese a que la administración señala la seguridad como una prioridad. “No entiendo cómo es prioritaria si no se le da presupuesto para que pueda atender la crisis que estamos viviendo”, sentenció la congresista, quien además cuestionó el aumento de recursos para el Ministerio de la Presidencia y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en 2027.
Recorte golpea inversión y remuneraciones
El ajuste propuesto por Hacienda se concentra principalmente en dos partidas.
Los bienes duraderos —que incluyen inversiones y adquisición de equipos— disminuirían en ₡5.766,8 millones, mientras que las remuneraciones (salarios) bajarían en ₡5.698 millones. En contraste, los recursos destinados a servicios aumentarían en ₡2.212,1 millones y las transferencias de capital crecerían en ₡704,1 millones.
La reducción ya tendría consecuencias concretas sobre algunos proyectos. Según la exposición de motivos del proyecto, las restricciones presupuestarias obligaron al Poder Judicial a disminuir recursos previstos para obras y equipamiento.
En el caso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Hacienda señala que las limitaciones llevaron a eliminar casi por completo los recursos que se pretendían utilizar para comprar y sustituir vehículos y motocicletas. También se redujeron recursos destinados a proyectos constructivos de impacto nacional.
Entre las obras afectadas está la morgue judicial de Buenos Aires de Puntarenas, que recibirá menos recursos de los que el Poder Judicial había contemplado inicialmente.
Más allá del recorte, el proyecto introduce una medida poco usual: mantener ₡29.843.810.438 dentro del presupuesto, pero impedir que el Poder Judicial pueda utilizarlos mientras no cumpla una serie de condiciones. Esos recursos quedarían bloqueados en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (Sigaf).
Para liberarlos, el Poder Judicial tendría que presentar ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa los estados financieros auditados de 2026 del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015.
Además, la Contraloría General de la República (CGR) tendría que certificar el cumplimiento de disposiciones derivadas de auditorías relacionadas con la ejecución de infraestructura judicial y con los recursos del programa de Administración Central del Poder Judicial.
Cumplidos esos requisitos, los recursos tampoco quedarían disponibles automáticamente. La Comisión legislativa tendría que conocer y aprobar el cumplimiento de las condiciones, enviar el asunto al Plenario y este tendría que aprobarlo antes de que Hacienda pueda liberar las partidas.
El bloqueo abarca recursos para distintos servicios judiciales, incluido el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la atención y protección de víctimas y testigos, además de gastos de alquileres, servicios públicos, telecomunicaciones, mantenimiento, materiales y equipo.
El recorte llega después de otro ajuste
En mayo, la Corte Plena había aprobado un anteproyecto de ₡530.183,17 millones para 2027, ya ajustado a los límites de gasto establecidos por Hacienda. Ese monto suponía una reducción de ₡11.342,51 millones respecto al presupuesto de 2026 y no contemplaba la creación de nuevas plazas.
En junio, además, la Corte aprobó un recorte de ₡13.242 millones al presupuesto de 2026, pero rechazó una solicitud para aplicar una reducción adicional de ₡26.549 millones al presupuesto que estaba preparando para 2027. Los magistrados advirtieron entonces sobre posibles efectos en la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia y la atención a las víctimas.
El Presupuesto Nacional completo asciende a ₡12,419 billones, un 3,1% menos que el presupuesto vigente de 2026. El Poder Judicial representa aproximadamente el 4,3% del gasto total contemplado para 2027.
La entrada Poder Judicial sufrirá recorte de ₡10.500 millones y congelamiento de ₡30.000 millones en 2027 aparece primero en Semanario Universidad.
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