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Adrián Z. Rivero
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La Corte Suprema de Justicia acordó este lunes, en una votación dividida, recortar en ₡13.242 millones su presupuesto de 2026, pero advirtió que esto tendrá importantes consecuencias en la lucha contra el crimen organizado y la prestación de servicios a la población.
El acuerdo fue tomado en respuesta a la solicitud del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, de reducir en un 5% el presupuesto judicial para 2026 y 2027, lo que equivale, respectivamente para cada año, a ₡27.076 millones y ₡26.549 millones.
Los ajustes, según el ministro, serían necesarios para enfrentar la situación fiscal, por lo que recortes similares se solicitaron a otras instituciones.
De los ₡13.242 millones que el Poder Judicial aceptó que se le rebajen en 2026, unos ₡8.688 millones corresponden a recursos que, de todos modos, el Gobierno se ha negado a girar y que estaban destinados a la lucha contra el crimen.
“Este es el mejor esfuerzo institucional ante la situación que enfrentamos. Más allá de esto, no resulta viable. Estaríamos afectando más el quehacer institucional, debido a que los recursos son escasos”, dijo Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.
Durante la sesión de la Corte Plena, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, señaló que el recorte imposibilitaría la apertura de delegaciones en La Cruz, Cabo Vela y Puerto Jiménez, localidades en las que se tenía previsto invertir recursos para luchar contra la delincuencia.
“No vamos a dejar de trabajar, pero ciertamente es un impacto”, añadió Soto. El director del OIJ recordó que la batalla contra el crimen requiere de recursos y, como ejemplo, puso el operativo del caso Riverside la semana pasada, que tuvo un costo estimado en ₡230 millones, solo el día de los allanamientos.
Por su parte, la magistrada Roxana Chacón, de la Sala Segunda, calificó la situación como “una lucha sin fin”, pues se había logrado conseguir esos recursos para “llevar la justicia a lugares remotos” y ahora se ven obligados a cederlos.
En la misma línea, la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, criticó que se pida al Poder Judicial recortar su presupuesto por motivos fiscales, cuando el Gobierno anteriormente más bien presumía de una supuesta buena situación económica.
“Antes de las elecciones teníamos una economía jaguar, fuerte para Costa Rica. Y resulta que dos, tres meses después, esta economía no llega a gatito, porque lo que nos dicen es entonces que no hay dinero y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos dice que tenemos que ajustar el Presupuesto Nacional porque no se cumplieron los requisitos que señaló para Costa Rica”, agregó la magistrada.
Solano recalcó que la disminución de recursos inevitablemente afectará a la ciudadanía: “Por cualquier lado que lo rebajemos, resulta y acontece que hay un servicio que dejamos de prestar. Y no es un servicio para el Poder Judicial, es un servicio para los ciudadanos”, indicó.
De igual forma, el magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, rechazó el ajuste, indicando que coincide con varios de los argumentos de sus compañeros, pero que, además, considera que “los límites políticos a lo que debe ser el respeto al Poder Judicial se perdieron” desde hace años.
También de la Sala Cuarta, el magistrado Jorge Araya señaló que, con la “gravísima” situación actual de inseguridad, el abordaje gubernamental debería ser diferente: “Una persona con visión estadista reduciría en los presupuestos de los órganos políticos del Estado y fortalecería el presupuesto del Poder Judicial”, agregó.
Entre los pocos que se manifestaron a favor del requerimiento de Chaves estuvo el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, quien manifestó que la solicitud se hizo “en un sentido de responsabilidad” y que el Poder Judicial “está en un deber ético de contribuir a solucionar este problema coyuntural que está viviendo el país”.
Al final, el acuerdo de rebajar ₡13.242 millones en 2026 se tomó con 13 votos a favor de acogerlo, 8 en contra y 1 abstención. Sin embargo, también se rechazó la posibilidad de recortar recursos en 2027 con 19 votos en contra, solo 2 a favor de acoger el ajuste, y 1 abstención.
“La Corte, por mayoría, acordó rechazar el reajuste por el impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas”, indicó el Poder Judicial en comunicado.
En la sesión, el director del OIJ señaló que nuevas rebajas en el próximo año implicaría afectaciones adicionales, por ejemplo, en la compra de equipamiento como chalecos antibalas o en pruebas de laboratorio para investigaciones.
“Sería bastante severo, podríamos afectar significativamente los servicios, especialmente medicina legal, la medicatura, tendríamos que comprar menos vehículos. La contratación de personal se vería bastante limitada”, manifestó Soto.
Pese a las restricciones presupuestarias, el Poder Judicial manifestó que “continuará trabajando para combatir el crimen organizado, resolver los conflictos que llegan a los tribunales, defender los derechos de las personas y garantizar el acceso a la justicia”.
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El fiscal general reclamó que la falta de presupuesto limita la capacidad del Ministerio Público para enfrentar el crimen.
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