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Álvaro Murillo
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Autoridades del Poder Judicial elevaron este lunes el tono de sus reclamos contra el Poder Ejecutivo por un nuevo y drástico recorte presupuestario que se suma a los anuncios de las últimas semanas y que implica un golpe inmediato a los operativos, pues rebaja 42% del dinero para tareas del día a día.
El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, y otras autoridades informaron de que recibieron la semana pasada una nota de rebajo de ₡3.053 millones para este tercer trimestre del año en curso, lo cual obligará a acotar los trabajos que se hagan contra el crimen organizado, entre otras funciones judiciales.
“Estamos muy preocupados por estos rebajos unilaterales que van a afectar la prestación de los servicios”, dijo Aguirre en relación con una nota del Ministerio de Hacienda, dirigido por Rodrigo Chaves, en la que se avisa de que la rebaja tramitada mediante una vía directa que, de haberse presentado por reforma presupuestaria, hubiera requerido mayoría calificada en la Asamblea Legislativa.
Se trata de una retención de programación financiera de los recursos ya aprobados, una medida que Aguirre calificó como «una decisión de carácter político» y que obligará a eventuales acciones legales, dijo.
“Esto causa una gran afectación, una afectación grave. Ya se materializó el rebajo del tercer trimestre”, dijo la directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero, antes de que la magistrada Patricia Solano reiterara como elementos sospechosos los recortes presupuestarios en momentos en que el Poder Judicial intenta intensificar acciones contra el crimen organizado. “Lo que están haciendo es ahogando económicamente al Poder Judicial”, dijo la magistrada señalando supuestas acciones planeadas.
Este recorte se adiciona a los ₡13.220 millones incluidos en una rebaja con la cual la Corte Suprema expresó un acuerdo después de la decisión de Rodrigo Chaves de pedir a la Asamblea Legislativa bajar un 5% el presupuesto judicial, por presuntos argumentos fiscales, en un contexto de constantes descalificaciones de la presidenta Laura Fernández contra ese poder de la República.
En la conferencia de prensa de esta tarde participaron Aguirre, Romero, Solano, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto y el fiscal general, Carlo Díaz, además del director de Defensa Pública, Juan Carlos Pérez.
Ahí denunciaron que el recorte causa “limitaciones para realizar operativos del OIJ, imposibilidad de adquirir licencias de software y plataformas para el análisis criminal, afectación en la atención y protección de víctimas, restricciones para contratar intérpretes, así como la reprogramación de juicios y la suspensión de diligencias judiciales”, entre otras tareas.
“Expreso mi más alta preocupación con el recorte. Afecta muchas líneas, pero hay tres muy sensibles: a diciembre podríamos tener problemas con compra de combustible, problemas con los viáticos y se podrían afectar algunas pericias, así como pruebas de laboratorio forenses en homicidios o delitos sexuales”, dijo Soto, quien lamentó que este recorte coincide con la atención de “casos grandes” en meses próximos.
Soto dijo que esperan cerrar este año con menos de 800 homicidios después de años en los que la población carcelaria pasó de 13.000 a 20.000 individuos. “Todo eso implica inversión y podría verse comprometido en el año en que más operaciones hemos hecho”.
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