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Ignacio Ortiz Salas
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La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) expresó este 14 de abril su “profunda preocupación” por el poco tiempo que le queda a la Comisión Especial Investigadora por Denuncia de Hostigamiento Sexual que tramita el expediente 25.400 por la denuncia que realizó la exdiputada Marulin Azofeifa en contra del actual legislador Fabricio Alvarado. La comisión debería verter su informe este próximo viernes 17 de abril y debería ser conocido por el Plenario antes del cierre del actual período constitucional el próximo 30 de abril.
Azofeifa quien actualmente funge como asesora legislativa de la fracción del Partido Nueva República (NR), presentó su denuncia el pasado 4 de febrero de 2026. En su denuncia Azofeifa enumeró una serie de situaciones en las que asegura haber sufrido acoso por parte de Alvarado. La denuncia cuenta con prueba documental que incluye llamadas, mensajes y documentación oficial de la institución.
Pese a conformarse la comisión el pasado 17 de febrero y tener un plazo de 2 meses para realizar sus labores fue hasta el pasado 10 de abril que sesionaron por primera vez con la ausencia del presidente de la comisión, el socialcristiano Alejandro Pacheco.
En un pronunciamiento difundido a los medios en las últimas horas la bancada recordó que se trata de un procedimiento que se tramita bajo estricta confidencialidad y cuyo plazo para rendir el informe se ubica en la segunda quincena de abril, lo que deja “un margen extremadamente reducido” para que las y los diputados estudien el caso y tomen una decisión de fondo.
El PLN instó a la Comisión a concluir “de forma completa y rigurosa” las labores encomendadas y remitir su informe de manera que el Plenario tenga “tiempo real y suficiente” para analizar el expediente y resolver “con seriedad y responsabilidad”. La fracción pidió además que se deje constancia de que es la primera vez que se aplica este tipo de procedimiento legislativo, por lo que el país requiere un precedente “contundente”, basado en rigurosidad, debido proceso, respeto y “una respuesta institucional a la altura”.
El comunicado también subraya la dimensión humana y democrática del caso, al señalar que una decisión final y oportuna “brinda claridad a las partes, evita especulaciones y permite que cada una tenga —conforme a Derecho— la tranquilidad que solo da un cierre formal”. La bancada insistió en que su pronunciamiento no pretende personalizar ni adelantar criterio sobre el fondo del expediente, sino exigir que el Congreso “cumpla su deber: investigar con rigor, concluir a tiempo y permitir que el Plenario resuelva”.
En declaraciones a la prensa, la diputada liberacionista Monserrat Ruiz reiteró la preocupación por el plazo ajustado que enfrenta la comisión y el riesgo de que el Plenario no tenga espacio para resolver antes del final del período. “Estamos ante un proceso confidencial con un plazo muy ajustado que podría dejar sin tiempo suficiente a este plenario legislativo para analizar y resolver antes del cierre de periodo constitucional”, advirtió.
Ruiz enfatizó tres puntos: primero, que la comisión debe concluir su trabajo de forma rigurosa y dentro del plazo para que el Plenario pueda actuar con seriedad; segundo, que se comprenda que se trata de un procedimiento “sin precedentes” y que Costa Rica “merece un accionar sólido con un debido proceso basado en respeto y firmeza institucional”; y tercero, que se reconozca “la dimensión humana” de la decisión que debe tomarse.
“Resolver a tiempo evita especulaciones y se da la certeza a todas las partes. Aquí nosotros no estamos adelantando criterio, estamos exigiendo algo básico y es que el Congreso cumpla con su deber”, concluyó la legisladora.
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