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Mario Bermúdez Vives
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El Plenario le dio primer debate al expediente 24.461, la reforma a la ley de radio para actualizar el pago por la utilización del espectro radioeléctrico, dado que los derechos tenían mas de 70 años de haber sido fijados, votación que se concretó luego de que la fracción opositora del Partido Liberación Nacional (PLN) alegara un acuerdo con la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Diputados del PLN mencionaron el retiro de más de un centenar de mociones que habían presentado, a cambio del compromiso del oficialismo de impulsar, posteriormente a la aprobación de la iniciativa, de un nuevo proyecto de ley para realizar ajustes, entre ellos, elevar los umbrales de exoneración para empresas pequeñas y especificar causas para la extinción de concesiones.
De esta manera, la discusión del proyecto no se enfocó únicamente en la actualización -una acción que reunió amplio acuerdo en el Plenario-, sino la posibilidad de que el proyecto lesionara la libertad de expresión, por la posibilidad de que este cobro afecte principalmente a medios de comunicación pequeños, locales y comunitarios y por ende, el pluralismo democrático, o el uso de una facultad discrecional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología que le permitiría recuperar frecuencias, lo que le permitiría presionar o silenciar medios incómodos.
Empero, al final del trámite, la oposición se allanó a la propuesta del Gobierno. El proyecto recibió 52 votos a favor y solo dos en contra para avanzar en primer debate, de las diputadas unipersonales.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo durante la anterior administración, en agosto del 2024, en medio de la polémica que se generó por el tema de la renovación de las licencias por el uso de frecuencias de radio y televisión. El Gobierno propuso renovar el sistema de tarifas desactualizado -se origina en ley 1758 de 1954- para sustituirlo por un canon de radiodifusión para los concesionarios del espectro radioeléctrico.
Se propone el pago de un canon para televisoras de un 4,49%, 6,17% o 7,73% de sus ingresos brutos, dependiendo de su tamaño. Quedarían exonerados los que no alcancen ingresos por cien salarios base, entidades sin fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Cultura, y personas jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En cuanto a radios, el canon propuesto oscila en niveles de un 1,51%, 2,52% y 3,13% de sus ingresos brutos, dependiendo de su tamaño, y con exoneraciones similares a las de la televisión.
Este lunes, los diputados votaron las mociones de reiteración pendientes, presentadas por la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que fueron rechazadas en forma abrumadora, con más de 50 votos.
Posteriormente, Gordienko inició el debate por el fondo. “Este proyecto, bajo la intención legítima de actualizar una legislación que data de 1954, sin embargo plantea severas dudas sobre su diseño técnico y consecuencias para libertad de expresión, pluralismo y seguridad jurídica”, dijo, quien aseguró que el debate no era sobre si el Ministerio de Ciencia y Tecnología requiere más recursos, pero que le incomoda que el mecanismo podría ser inconstitucional, porque no cobra según el uso del bien público, el espectro, sino sobre los ingresos del concesionario.
A pesar de ello, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, indicó que su bancada respaldaría el proyecto como forma de fortalecer el pluralismo. “En esa defensa de la democracia, defendemos la prensa y medios independientes. “Hemos luchado contra subastas irresponsables que pretendían asignar frecuencias de manera excluyente, y pusieron en peligro la existencia de medios. Pero para que puedan seguir operando debe actualizarse la ley, que no amenace su sobrevivencia”, dijo, quien indicó que la bancada oficialista se comprometió a realizar una serie de reformas posteriores para perfeccionar el modelo del canon. También Ramírez afirmó que se requeriría una consulta de constitucionalidad de la iniciativa.
Rafael Vargas, del PLN, aseguró que el proyecto era una oportunidad para fortalecer la radiodifusión en Costa Rica. “Proteger la radio es proteger la democracia, por eso desde la fracción del PLN asumimos este debate con responsabilidad y con una profunda vocación de construir acuerdos, entendimos que un proyecto de esta trascendencia no podía convertirse en escenario de confrontación, sino en una oportunidad para alcanzar consensos que brinden certeza al sector y seguridad jurídica al país”, expresó, para resaltar el retiro de más de 110 mociones.
El acuerdo referido por Ramírez y Vargas fue consensuar que luego de que el proyecto se convierta en ley, se presentara una nueva iniciativa, con el respaldo del PPSO, para “recoger preocupaciones legítimas del sector”, que incluiría dos reformas, una para subir umbrales de exoneración a pequeñas empresas de comunicación, y otra para precisar las causas de extinción de las concesiones.
Por su parte, el Frente Amplio (FA) alegó que no le complacía del todo el texto, pero lo consideraban un avance. «Creemos que es un paso en la dirección correcta, pero hay cosas que hacen falta», dijo el jefe de fracción José María Villalta, quien destacó que la mayor preocupación es la posibilidad de que un Gobierno pueda utilizar estos mecanismos para quitar concesiones a medios que lo incomoden, en nombre de un interés público difuso.
Otros diputados del FA insistieron en esta dirección. Vianey Mora resaltó la importancia de actualizar la ley de radio y el canon, y llenar vacíos en este campo. “Nos parece que el proyecto podría haber estado mejor; sin embargo, es lo que hay. Daremos un apoyo crítico”, anunció. Mora también anunció que presentarían reformas adicionales al proyecto, aunque en este caso, sin hacer referencia a un compromiso del oficialismo de apoyarlas. Su compañera de bancada Joselyn Sáenz indicó que votarían por el proyecto, porque el FA tiene años de estar insistiendo en la necesidad de actualizar el pago por el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
Y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), reiteró la necesidad de actualizar el canon, pero cuestionó que la ley no garantiza la pluralidad de voces y la discrecionalidad para que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología pudiera recuperar concesiones. «Es demasiado amplia, demasiado general», dijo, y criticó que la mayoría del Plenario no quiso aprobar reformas para transparentar la iniciativa. «Nuestro voto es en contra, no porque no creamos en modernizar el canon, pero no es justo tener que elegir entre eso y una ley que no da garantías de pluralismo».
Y Juan Manuel Quesada, subjefe del PPSO, indicó que se habían incorporado mejoras y se construyó un texto que responde a una realidad que no se podía seguir ignorando. “Actualmente la ley obliga a pagar un monto fijo. ¿Cómo es posible que empresas que ganan millones de colones paguen apenas ₡120 mil al año por usar una frecuencia? Un solo anuncio de 30 segundos puede costar alrededor de ₡1.300.000, con solo un anuncio pueden recuperar lo que les cuesta una década”, enfatizó. Sin embargo, Quesada no hizo ninguna mención a un acuerdo con el PLN para impulsar reformas posteriores.
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