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Daniela Muñoz Solano
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Con los votos del oficialismo y a pesar de la oposición de todas las demás fracciones, este miércoles legislativo ratificó al exministro de Hacienda Rudolf Lücke como miembro de la junta directiva del Banco Central de Costa Rica a pesar de tener en su haber una reciente condena de la Sala Constitucional.
El artículo 19, inciso a), de la Ley Orgánica del Banco Central establece como impedimento para integrar el órgano que lidera la entidad haber “sido declaradas culpables en la vía judicial, durante los cinco años anteriores a su nombramiento”.
A pesar de eso, 30 diputados y diputadas oficialistas presentes dieron su voto a favor para ratificar el nombramiento del exministro.
Durante la sesión plenaria también se ratificó como miembro de esta misma junta al economista profesor universitario Max Alberto Soto, a pesar de que se esgrimieron en su contra cuestionamientos por no poder asegurar su independencia del Poder Ejecutivo.
Los nombramientos se dieron tras un debate reglado en el cual intervinieron la fracción de Liberación Nacional, la fracción del Frente Amplio y los oficialistas de Pueblo Soberano.
El PLN, en las voces de Janice Sandí y Salvador Padilla, presentó su informe de minoría en el que objetó el nombramiento de Lücke por haber sido condenado, siendo jerarca de Hacienda, por la Sala IV por no transferir ₡11.521 millones del Fondo Especial para la Educación Superior, incumpliendo así el mandato constitucional de financiamiento de la educación pública y la ley del presupuesto nacional del 2025.
A la vez los liberacionistas defendieron el nombramiento propuesto de Max Soto por considerar que su experiencia y formación lo hacían idóneo para el cargo.
Seguidamente, la fracción del Frente Amplio intervino para exponer su informe de minoría en el cual objetó ambos nombramientos. A Lücke lo cuestionaron por la condenada mencionada y por su participación en el gobierno anterior -lo cual evidencia la independencia del actual Poder Judicial- mientras que objetaron el nombramiento de Soto pues consideraron que fue incapaz, en las entrevistas realizadas por la comisión de nombramientos, de garantizar su independencia del gobierno de turno.
Una vez que terminaron de exponerse los informes de minoría, la diputada Marta Esquivel explicó el dictamen de minoría preparado exclusivamente por la mayoría oficialista en la comisión y aseveró que ambos profesionales propuestos por el poder ejecutivo cumplía cabalidad los requisitos legales y de idoneidad para el cargo, incluso diciendo que no era el recibo comprar una sentencia de la Sala Constitucional -máximo tribunal en el territorio nacional- con una “queja”.
La oficialista Cindy Murillo incluso se atrevió a decir que ambos economistas tenían una trayectoria incuestionable por lo que no podía rechazarse su nombramiento, a diferencia del nombramiento de la representante de los trabajadores en la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que en su criterio fue rechazado por tratarse de “una comunista”.
Murillo procedió entonces con una larga diatriba en la que usó el argumento de “ser comunista” como un descalificador automático para cualquier cargo profesional o gubernamental, terminando con una cita de la conservadora exprimera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher (1979-1990).
La presidenta legislativa Yara Jiménez sometió a votación ambos nombramientos. Max Soto obtuvo 46 votos a favor y Rudolf Lücke solamente 30.
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