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Mario Bermúdez Vives
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En la jornada matutina previa a la gira presidencial a Crucitas, el Plenario inició el trámite del primer presupuesto extraordinario para el 2026, sin haberse despejado la polémica por el trámite de nueve mociones que no venían en el proyecto original y que podrían derivar en que el texto termine ante la Sala Constitucional.
El proyecto 25.589 recibió tres dictámenes en la Comisión de Hacendarios, por lo que el trámite arrancó con la defensa que realizó Nogui Acosta, jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) del dictamen de mayoría positivo, seguido de las intervenciones de Diana Murillo y Angela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN) para justificar su dictamen de minoría negativo, y de María Eugenia Román y Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), para presentar su dictamen de minoría positivo.
Posteriormente, el proyecto regresó a la Comisión de Hacendarios para el trámite de las mociones, pero el panorama está claro: el principal pulso es la legalidad de las nueve mociones que el oficialismo impulsó en la comisión, correspondientes a movimientos de partidas no incluidas en el texto original remitido por el Poder Ejecutivo.
La gran disputa es si el Reglamento Legislativo autoriza estos movimientos. Acosta reiteró la interpretación del oficialismo que el inciso 5 del artículo 206 lo autoriza, al indicar que al ser convocados para conocer de la modificación de uno o varios artículos o incisos de un presupuesto vigente, los diputados no podrán presentar mociones referidas a artículos o incisos no comprendidos en el proyecto objeto de la convocatoria.
Pero la oposición alega que el inciso 2 de ese mismo artículo establece una prohibición muy clara: «No se le dará curso a mociones destinadas a suprimir, trasladar o aumentar partidas que no estén específicamente comprendidas en el proyecto que se debate». Esta visión fue ratificada por las asesorías de Servicios Parlamentarios y de Análisis Presupuestario en la comisión.
Acosta insistió en que los artículos estaban convocados en el proyecto original, por lo que las mociones podían tramitarse a pesar de referirse a partidas que no estaban incluidas en el proyecto inicial remitido por el Poder Ejecutivo. Esto fue cuestionado por la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien alegó que el procedimiento podría estar viciado desde el trámite de la comisión, lo que afectaba la legalidad del trámite en el Plenario.
También los diputados del PLN consideran que el Reglamento es claro, al establecer específicamente que no se podía dar curso a mociones de partidos que no se incluían en el proyecto, mientras la bancada del FA consideró que existía «una duda razonable», pero decantó por un informe positivo de minoría.
Empero, Acosta sostiene en que el Reglamento permitía el trámite de las nueve mociones referidas. «Este presupuesto cumple las prorrogativas para ser aprobado, lean el inciso 5», enfatizó.
Con respecto al presupuesto, Acosta resalta que tiene tres grandes objetivos. El primero es realizar ajustes en el Ministerio de Transportes, principalmente para incorporar el financiamiento para el Tren Rápido de Pasajeros (TRP), el segundo es un reacomodo de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), y dar recursos a Planificación y a Registro Nacional para la elaboración de placas.
El reacomodo de los recursos de Fodesaf fue la segunda polémica, al rebajar ₡40 millones de recursos de CEN CINAI y ₡30 millones del Banco Nacional Hipotecario de la Vivienda, para destinarlos al Régimen de Pensiones No Contributivas y al IMAS. «Llamar la atención de que hay que cambiar las leyes, el uso de los recursos sociales hay que adecuarlo a la realidad, hay que cambiar la ley pero ahora hay que hacerlo por modificación del presupuesto, porque no hay otra manera», dijo Acosta.
Este tema generó reclamos del PLN y del FA, en el sentido de que se tratan de recortes muy fuertes al sector social, en los que se pone a pelear necesidades de niños y de adultos mayores, pero no se tocan otras áreas. Además, Román destacó que se incluían ₡1.000 millones para alquileres en CEN CINAI, lo que consideraron como contradictorio e innecesario. «Por ello el FA presentó una moción para destinar ₡800 millones a la Red de Cuido», dijo.
Y la tercer diferencia se presentó con la eliminación de 32 normas de ejecución presupuestaria, algo que Murillo resaltó como un debilitamiento de los controles legislativos sobre el gasto público.
En esta sesión, los diputados aprobaron también dos mociones contra la violencia política: una impulsada por el diputado Eder Hernández, del PLN, en el marco del día contra los discursos de odio, para que los diputados se comprometieran a tener los debates dentro del respeto a la dignidad humana, y una propuesta de la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para realizar un debate reglado el próximo lunes 22, por una hora, para conmemorar el día del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres costarricenses, y reflexionar sobre la participación de las mujeres en la política, sin que tengan que enfrentar actos de violencia.
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