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Daniela Muñoz Solano
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El proyecto de ley que obligaría a familiares a declarar en casos en los que la víctima sea una persona menor de edad o en los que medie violencia intrafamiliar y de género, calentó el debate en el plenario legislativo este martes aunque todo apunta a que será aprobado por amplia mayoría.
El expediente 23,729, planteado en la legislatura pasada por la diputada liberacionista Carolina Delgado, pretende reformar el artículo 36 de la Constitución Política para limitar el derecho de abstenerse a declarar en delitos que cometan familiares contra personas menores de edad así como tras víctimas de violencia intrafamiliar y de género.
El debate en el Plenario lo inició el oficialista y abogado penalista José Miguel Villalobos, quién argumentó, que aunque estaba a favor de la iniciativa y la votaría favorablemente, existían algunos problemas en su planteamiento.
Primeramente dijo que si bien el levantamiento del derecho a no declarar es oportuno, puede prestarse para que la persona testigo de un delito contra una persona menor de edad (usualmente una mujer madre cuyo cónyuge es el acusado) podría, en vez de ser presionada para no declarar, ser presionada para declarar falsamente que no vio nada o que el hecho acusado no sucedió, sirviendo más bien para librar de culpa a un agresor.
Por eso, dijo Villalobos, se hacía urgente una modificación del texto planteado pues la ley no puede obligar a una persona a declarar «en contra» de un acusado, sino que solamente puede obligar a declarar.
También el oficialista hizo un largo análisis de varios votos de la Sala Constitucional en los cuales se ha indicado que las reformas constitucionales que tiendan a la limitación de derechos fundamentales tienen que ser realizadas por mayoría calificada en una asamblea constituyente y no en el seno de la Asamblea Legislativa, lo que presume presentará problemas de trámite más adelante.
De seguido, el jefe de la bancada legislativa frenteamplista José María Villalta, intervino para disentir con los argumentos del chavista, aunque también anunció que tanto él como su fracción estaban a favor de la propuesta pues amplía la protección de los derechos de las personas menores de edad, en vez de limitar los de testigos.
Además Villalta dijo que si bien podía existir coerción sobre una persona a la hora de brindar su testimonio, eso está contemplado en el sistema judicial y los juzgadores tienen mecanismos para descubrir la verdad real de los hechos.
El también frenteamplista Edgardo Araya intervino para decir que el debate era muy interesante pues se trata de un problema de interpretación, ya que Villalobos considera que el proyecto presenta una restricción a los derechos fundamentales de potenciales testigos mientras que la bancada negriamarilla considera que se trata de una ampliación de los derechos de las personas menores de edad.
También intervino en el debate el oficialista Gerald Bogantes, uno más que es abogado de profesión, para decir que el texto propuesto hablaba de “delitos cometidos”, lo que violenta la presunción de inocencia pues solo se puede afirmar que un delito ha sido cometido cuando así ha sido determinado por un tribunal, razón por la cual pidió que se modifique la redacción.
Durante el resto de la sesión plenaria volvieron a intervenir los mismos legisladores y también hicieron breves participaciones los frenteamplistas Antonio Trejos y Joselyn Sáenz, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana, la oficialista, Kattia Calvo y la liberacionista Ángela Aguilar, entre otros.
Todas las diputaciones que tomaron la palabra condenaron los delitos que se cometen contra personas menores de edad así como los que se cometen en el marco de violencia intrafamiliar o de género, y anunciaron que votarían favorablemente el proyecto.
Finalmente, sin haber sometido a votación la iniciativa, poco después de las 6 p.m., la presidenta legislativa Yara Jiménez dio por finalizada la sesión, por lo que el debate del proyecto continuará el próximo jueves.
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