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Adrián Z. Rivero
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Mientras que los operadores privados ya suman más de dos millones de clientes en 5G, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Kölbi están a punto de quedarse sin la única opción que ofrecen a sus clientes de telefonía móvil para el disfrute de esta red.
Se trata del plan piloto lanzado en agosto de 2025, en colaboración con Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), con el cual Kölbi comenzó a brindar el servicio 5G, aunque con la exigencia de doble SIM, cobertura limitada y sin compatibilidad con celulares Apple ni con la gran mayoría de Samsung.
Inicialmente, el piloto estaría disponible por seis meses, pero luego se extendió a un año, que finalizaría el 22 de agosto de 2026. No obstante, tras consultas de UNIVERSIDAD, el ICE confirmó que finalizará antes.
“El plan piloto, que contempla la verificación de capacidades como velocidad de conexión, latencia y disponibilidad de red, se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2026, fecha a partir de la cual se prevé avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto, conforme a las validaciones correspondientes”, indicó el ICE.
La finalización anticipada de la única opción 5G que el ICE ofrece en telefonía móvil se da luego de que el pasado 6 de mayo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) le ordenara suspender la iniciativa por no cumplir con la regulación respectiva.
La suspensión del servicio consta en la resolución 04293-SUTEL-SCS-2026 donde se le ordena a Racsa “descontinuar cualquier iniciativa” hasta que no acredite el cumplimiento de varias disposiciones obligatorias que se establecen en la regulación.

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En concreto, la Sutel indicó que Racsa debía garantizar la integración del servicio con el Sistema de Gestión de Terminales Móviles (SGTM), que sirve para gestiones como el bloqueo y desbloqueo de celulares, detectar dispositivos clonados, entre otros, para desincentivar el robo de teléfonos.
Además, debía garantizar el bloqueo de la señal celular dentro de los centros penitenciarios y habilitar la posibilidad de intercepción legal de comunicaciones con el Centro Judicial de Intervención de Comunicaciones (CJIC), instancia que realiza escuchas telefónicas ordenadas por jueces para la investigación de delitos.
Al respecto, Racsa manifestó que su red 5G “requiere la integración progresiva de distintos componentes técnicos y regulatorios necesarios para su operación completa” y que la “prestación formal del servicio” comenzará cuando esté listo ese proceso.
“La comercialización de servicios móviles se realizará una vez que la red se encuentre completamente implementada y validada conforme a las disposiciones regulatorias”, señaló la entidad, pese a que la tecnología se anuncia desde hace meses en los portales web de Kölbi, bajo el plan piloto.
Este Semanario consultó a la Sutel su posición sobre el hecho de que el ICE y Racsa mantengan todavía el servicio, pese a su orden de suspenderlo, pero no fue posible obtener una respuesta antes del cierre de la nota.
Según publicó este medio desde marzo de 2025, la colaboración entre Racsa y el ICE le cuesta al segundo $539.205,29 mensuales, en un contrato en el que quedó amarrado por un mínimo de diez años.

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Kölbi sigue quedándose atrás
Mientras Kölbi sigue quedándose atrás en la carrera por el 5G, sus competidores Claro y Liberty ya suman más de dos millones de clientes que disfrutan del servicio, según han anunciado ambas empresas.
Los operadores privados ofrecen el servicio desde el año pasado y durante 2026 han ido ampliando su cobertura. Claro anunció hace poco que ya alcanzó los 1.8 millones de clientes conectados a su red 5G, mientras que Liberty había reportado recientemente que sumaba 300 mil usuarios.
Kölbi no ha anunciado públicamente cuántos clientes logró beneficiar con su plan piloto, sin embargo, la última cifra reportada por este medio, a finales del año pasado, fue de 1.700 clientes que lograron conectarse a ese particular 5G.
Actualmente, la empresa estatal se encuentra en la recta final de su licitación para el desarrollo de esta red de última generación, adjudicada a la empresa sueca Ericsson por unos ₡48.433 millones, pero apelada ante la Contraloría General de la República (CGR) que se encuentra estudiando los recursos.

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