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Daniela Muñoz Solano
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El Observatorio del Mercado y de Derechos del Consumidor (Omercon) advirtió este miércoles que el proyecto para la “Promoción de la Inclusión Financiera mediante la Flexibilización del Microcrédito”, tendrá, de aprobarse, un efecto simple y devastador sobre deudores que ya de por sí tienen poca capacidad de pago.
Según dijeron los expertos el proyecto de ley N° 24.103, que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa, lleva un nombre que no resiste el menor escrutinio técnico” pues su objetivo real es permitir que se cobre más de la mitad del monto total prestado cada año por un concepto de intereses.
Su efecto real es simple y devastador: autorizar que se cobre más de la mitad del capital prestado como interés anual, precisamente a quienes tienen menos capacidad para soportarlo.
En la actualidad la tasa de interés promedio por cobrar dinero ronda el 11,21% y de acuerdo con los expertos de Omercon con ese nivel “el sistema financiero obtiene rentabilidades récord”, pero ahora se proponen tasas de hasta 51,74%.
Esta propuesta, aseguran, “no mide el riesgo del deudor. Mide la ambición del prestamista”.
En el comunicado, el observatorio se pregunta “si únicamente puede prestarse a quien tiene capacidad de pago, ¿qué justifica cobrarle el 51% anual?”, y se responde:” absolutamente nada”.
Los expertos aseguran que si solamente el 11% del total actual de los créditos de consumo (o sea, ₡1 billón) se ajustaran a las nuevas tasas, las empresas que otorgan créditos obtendrían ¢150.000 millones adicionales por año.
“Ese dinero no proviene del crecimiento económico. No proviene de mayor productividad. Sale directamente del bolsillo de los hogares costarricenses más endeudados”, aseguran.
Otra de las objeciones del observatorio es que el proyecto no se limita a impactar microcréditos sino que atañe a la deuda de consumo pues el país no tiene una definición que diferencie el microcrédito productivo del crédito de consumo.
“En ese vacío legal, elevar el tope de las tasas equivale a encarecerle la deuda a miles de familias que ya tienen sobre sus presupuestos el 34% del crédito total del sistema en gastos de consumo ordinario”.
Omercon alertó además que de aplicarse el proyecto habría tasas más altas, más riesgo de no pago, más morosidad y por ende más cobros judiciales, lo que condenaría a miles a estar excluidos del sistema de crédito.
“Costa Rica ya acumula 776.000 procesos de cobro activos — el 62% de todos los expedientes del Poder Judicial. Aprobar este proyecto es echar combustible a ese incendio”, indicaron los expertos y agregan que más allá de las estadísticas, cada expediente judicial es “una familia angustiada, un fiador arrastrado a pagar una deuda ajena, un negocio destruido, una persona excluida del sistema financiero durante años”.
Finalmente, el observatorio asegura que para ampliar el crédito productivo en el país no es necesario cobrar más sino buscar opciones como la creación de fondos de avales, garantías mobiliarias, seguros crediticios, banca de desarrollo, acompañamiento técnico, compras públicas oportunas a pequeñas empresas y transferencia tecnológica a productores.
“Esas son las herramientas que la Asamblea Legislativa tiene disponibles. El proyecto 24.103 no usa ninguna de ellas. Se limita a hacer más caro el dinero para quienes menos tienen”.
Por todo lo anterior, los expertos solicitaron el archivo de esta iniciativa y de cualquier otro plan que, bajo el argumento de la inclusión financiera, pretenda aumentar las cargas adicionales a las familias costarricenses.
“Proteger a las personas más vulnerables no es un obstáculo para el desarrollo económico. Es precisamente la condición indispensable para alcanzarlo”, finalizan.
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