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Laura Martínez Quesada
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Los planes nacionales de desarrollo en Costa Rica, deben elaborarse dentro de los 7 meses posteriores al inicio del gobierno correspondiente, (decreto Nº44054-PLAN, 2023). El plan para el periodo 2027-2030, deberá estar elaborado y aprobado a finales de noviembre del 2026 y mientras tanto continua vigente el plan anterior, que, dado el hecho de la continuidad gubernamental, experimenta una importante oportunidad de continuar con el cumplimiento de metas no logradas en el anterior. Asimismo, resulta relevante escuchar el consabido informe de los 100 días de gobierno, cuyo periodo finaliza el 15 de agosto del 2026 y aunque no es obligatorio, brindará las bases del derrotero futuro de la planificación nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, 2023-2026, Rogelio Fernández Güell, presentado a la nación el 6 de diciembre del 2022, establece como objetivo nacional, proporcionar bienestar y calidad de vida a todos los habitantes del territorio, propósito con el que todos estarían de acuerdo, pero resulta un asunto personal y comunal, evaluar si el sentimiento y la realidad, concuerdan con ese postulado, luego de cuatro años del gobierno anterior y el inicio del presente. El contraste con el contenido de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, (ONU) y su cumplimiento cuestionado, sería una buena base de comparación.
Las siete metas nacionales, sus indicadores e informes de seguimiento, relativas a “mejorar”: el crecimiento económico, la deuda pública, el desempleo, la disminución de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la seguridad y la descarbonización, pueden ser objeto de profundos análisis por especialistas en la materia, porque la definición de indicadores globales poco retadores y con expectativas muy bajas, pueden matizar los logros del conjunto, pero al desagregarlos, emergen las falencias de los resultados generales. Un crecimiento económico basado en la fortaleza del régimen especial, con un desbalance mucho menor y hasta negativo en otros sectores, daría una idea equivocada de la robustez del crecimiento. Asimismo, un coeficiente de Gini mejorando, sin analizar cuantos hogares ingresan a quintiles inferiores y cuantos acumulan el ingreso en quintiles y deciles superiores, desvirtúa la realidad específica.
Pasando a analizar el tema central de este artículo, la evolución energética del país, su índice de renovabilidad y el efecto en la descarbonización, medidas a través de la producción y consumo de energía renovable y no renovable, su contribución en la disminución de los gases de efecto invernadero y su participación como insumo en la producción de bienes y servicios, pretende sensibilizar los indicadores globales y descubrir si se ha cumplido el objetivo y la meta nacionales, y las implicaciones sectoriales de la gobernanza de los entes responsables de mejorar.
Ha de especificarse que, hablar de energía no es sinónimo de energía eléctrica, y hablar de intensidad energética como el indicador de cuanta energía se requiere por cada unidad de producto interno bruto, requiere considerar no solo los costos de la electricidad, en los costos de operación de las empresas, sino también el aporte de los costos de los combustibles empleados en la producción de bienes y servicios, para observar que tanto afecta ese componente a la competitividad interna y externa.
La gestión energética de este periodo, no cumple con el anhelado concepto de desarrollo sostenible y menos sustentable. Cada día el país consume más hidrocarburos importados, sin que se note la preocupación estatal por detener el crecimiento de la demanda, para ninguno de los derivados del petróleo, en sus diferentes formas de consumo; ni tampoco en la sustitución de los mismos, por otros energéticos equivalentes. Muestra de esa desatención se vive con los efectos de la guerra del Golfo Pérsico. El gobierno dejó que los precios al consumidor, al alza por el valor de las importaciones, jugaran su papel en la evolución de la oferta y la demanda y se amortiguaran con la disminución artificial del tipo de cambio, sin anunciar campañas de ahorro o disminución de impuestos a los combustibles, para atenuar el impacto en el precio de insumos y la producción.
En el periodo 22-25, las ventas de derivados, sin considerar el ICE, han crecido: totales sin ICE, casi un 20%, gasolinas casi un 17%, diésel un 14%, y gas licuado de petróleo un 34%, este último impulsado por la cocción residencial y comercial, debido a una política de subsidio frente a la electricidad, provocando que el almacenamiento en esferas de MOÍN, sea insuficiente y se tenga que utilizar almacenamiento flotante, manteniendo un barco en bahía, debido a la incompetencia para construir la infraestructura necesaria a tiempo.
Ese consumo creciente de hidrocarburos, no solo por el ingreso sostenido de vehículos de combustión y la lentitud en el cambio por sustitución a vehículos eléctricos, sino por necesidades alimentarias y no industriales, además, de las necesidades del ICE, para cubrir la demanda de electricidad por un manejo inadecuado de las exportaciones de electricidad e imprevisión ante los consabidos fenómenos recurrentes del Niño, ha originado que la meta de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no se cumpla. Aunque no haya una medición reciente, es evidente que el sector energía es el principal causante de las emisiones de CO y CO₂, por el sector transporte y la generación termoeléctrica. Energía contribuye cerca del 50% de las emisiones con un valor superior a los 8 millones de toneladas de CO₂ equivalente.
La renovabilidad del país vista desde la perspectiva de la producción de electricidad ha tenido una pausa inexplicable en este periodo. La capacidad instalada renovable de 3060MW, a finales del 2022, no ha tenido el impulso suficiente; evidente cuando se observa el informe del ICE de junio del 2026, que la estipula en 3076MW, sin cambios en producción hidro, geotérmica, con pequeños aumentos en eólica y solar y con disminución en bagazo. La iniciativa ambiciosa, que presenta el plan de expansión 24-40, apenas empieza a dar sus frutos, luego de una modificación en las metodologías de fijación tarifaria de plantas eólicas y solares nuevas, (ARESEP, 2024), ampliando el límite inferior del rango de precios casi a cero, para posibilitar adjudicaciones del ICE, en concursos de elegibilidad privados, con precios casi a la mitad, cercanos a los 5 centavos de dólar, lejos de los que les vienen pagando entre 9 y 11 centavos.
La atención de la demanda nacional tuvo su peor momento con la posibilidad de un racionamiento en mayo del 2024, cuando el nivel del embalse de Arenal bajó a la cota 531msnm, luego de no prever la influencia del fenómeno del Niño y dedicarse a exportar al MER, en 2023, llevando el nivel inicial del embalse a la cota 238msnm. En el año 2024, el porcentaje de renovabilidad del sistema eléctrico bajo a 86,8%, el más bajo en cinco años, deteriorando la imagen del país a nivel internacional. La acción correctiva fue apuntalar la capacidad instalada térmica, que pasó de estar en 381MW en el 2022, a 531MW en 2026 y con perspectivas licitatorias de aumentar, no solo como reserva, sino como respaldo al futuro plan de expansión con una menor confiabilidad por el exceso de proyectos solares, que tienen un factor de planta bajísimo y están sujetos a variabilidad e intermitencia constantes.
El descuido por la atención de la demanda se refleja en el alto crecimiento del consumo residencial, de 4,15% en 2023 y 4,48% en 2024 y actualmente en mayo 2026, 5,1%, hecho que las empresas distribuidoras no explican, cuando el crecimiento de la población no supera el 1,5%.
Las medidas de uso racional y ahorro de electricidad no son una prioridad de la política energética y el estudio de las características y los hábitos de consumo se abandonó, al descuidar la planificación energética nacional, concentrándose en la producción y minimizando la información que las encuestas de consumo de los diferentes sectores económicos, brinda, para orientar la política energética, la cual continúa desdibujada en el contexto nacional. Mientras tanto, el crecimiento de la generación distribuida continúa empantanado, con una pantalla mediática denominada, “impuesto al sol”, tarifaria, que en realidad impide el subsidio a la no rentabilidad, para miles de consumidores que no pueden convertirse en auto generadores, por que su consumo inferior a los 300kWh, no les permite recuperar la inversión en el tiempo prometido.
La elaboración y presentación del próximo plan de desarrollo 27-30, a inicios de diciembre, presenta la oportunidad de reorientar el tema energético y definir un rumbo adecuado al crecimiento económico, sin priorizar el desmantelamiento de instituciones como el ICE, sino esbozando la verdaderas soluciones en los temas eléctricos y de hidrocarburos, con la participación privada regulada y la acción pública, con una visión de largo plazo, para sustentar el desarrollo económico y social que se requiere. Sin una política energética y sin definir objetivos tangibles se navegará hacia un futuro más lleno de consumo no renovable y con perspectivas de cielos nublados por emisiones crecientes y cobertura forestal cada vez menor, por efecto de los cementerios solares y las colinas calvas.
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