Personas reincidentes sentenciadas por tribunales se redujeron un 32% desde 2021

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Mario Bermúdez Vives

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En abierto contraste con el discurso de que las personas reincidentes en materia penal son una gran carga del problema criminal en Costa Rica, las cifras del Poder Judicial muestran una tendencia en dirección opuesta.

Según los últimos datos disponibles de años completos, las personas sentenciadas por los Tribunales en Costa Rica del 2021 al 2024 pasaron de 14.299 a 18.010 —un aumentaron un 26%—, pero las personas reincidentes se redujeron en un 32% (971 a 654), mientras las no reincidentes aumentaron un 31% (13.258 a 17.356).

Un comportamiento similar se presentó en las personas cuya sentencia consistió en una condena, que aumentaron en total un 28% (9.404 a 12.059) en este período, en el que las personas reincidentes llevadas ante estos estrados y que resultaron condenadas se redujeron en un 27% (de 692 a 505), mientras los condenados no reincidentes aumentaron un 32% (8.712 a 11.554).

Adicionalmente, las personas que reinciden están lejos de ser el mayor contingente en los tribunales: pasaron de representar un 7% de los sentenciados totales en el 2021, a un 3,6% en el 2024, mientras los no reincidentes pasaron de 93% a 96%, con un comportamiento similar entre quienes resultaron condenados: los reincidentes pasaron de ser un 7% del total, para bajar a un 4%, mientras la mayor población corresponde a los no reincidentes, que pasaron de 92,6% a 96% (ver gráficos).

Esto entra en conflicto con el discurso del Gobierno, en el que la presidenta Laura Fernández insistió durante la presentación de sus proyectos de seguridad, en el sentido de que gran parte de los problemas penitenciarios se relacionan con una reincidencia que se debe “frenar de una vez”.

Y pareciera que los registros judiciales son la mejor referencia en el tema, ya que el Ministerio de Justicia y Paz Social alegó no tener datos sobre la reincidencia de las personas sentenciadas, salvo el dato aislado de un 36% de población privada de libertad que podía ser considerada reincidente. Pero la respuesta del ministerio especificó que este registro no podía usarse para determinar niveles de reincidencia (ver nota aparte: “Costa Rica a ciegas en reinserción social”).

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Mitos en el banquillo


El ex ministro de Justicia Marco Feoli comentó que durante la última década ha enfrentado reclamos a veces violentos, en el sentido de que la crisis de seguridad actual está relacionada con “una suerte de reincidencia masiva de quienes salieron en libertad durante mi época en Justicia” y que los datos muestran que la reincidencia no es tan alta como se intuía. “Pero los gobiernos de ultraderecha populista, como este, desinforman con ese tipo de eventos, porque saben tocar las teclas del hartazgo ciudadano con un tema en extremo sensible”, manifestó.

La criminóloga Tania Molina resaltó que la reincidencia en el país pareciera ser mucho menor de lo que el discurso oficial pretende hacer creer. “La reincidencia es un fenómeno histórico, pero una moda de populismo punitivo que se presenta en todo el continente quiere hacer creer que es mayor, se aprovecha de aspectos que la gente desconoce o confunde, como creer que toda sentencia debería ser condena de cárcel, o que personas que son liberadas por contravenciones son ejemplo de que los tribunales suelta a todo el que transgrede la ley.

Los datos del Poder Judicial ilustran esta situación: de las personas sentenciadas desde el 2021, una tercera parte es absuelta, mientras que alrededor de dos terceras partes fueron condenadas; es una cifra que se mantiene estable en los últimos años.

Y la prisión no es una sentencia inusual. Entre los condenados, la mayor sanción fue la prisión, con un 27%, seguida de la ejecución condicional, con 22%, la pena alterna con 3% y multas y arresto domiciliario, ambas con un 2%.

Adicionalmente, el discurso de una “alcahuetería” con los reincidentes tampoco se sustenta con una revisión de las condenas: para ellos, la principal sanción es la cárcel, con más de la mitad de las condenas (61%), seguida por ejecución condicional (18%). Muy diferente del panorama de los no reincidentes, en los cuales la sanción de cárcel alcanzó casi un 40%, seguida por la ejecución condicional con un 33%. (ver gráficos)

Molina también advirtió que ante el crecimiento en las tasas de prisionalización en el país estos temas deberían tratarse con amplitud y sobre todo, con información amplia y transparente, ya que algunos casos pueden presentarse como si fueran tendencias, cuando no lo son en realidad, y complicar el panorama, en lugar de esclarecerlo.

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