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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) apelará la decisión de una jueza que ordenó al Ministerio Público (MP) pagar más de 7.5 millones de pesos por un teléfono celular incautado a un imputado del proceso judicial por presunta corrupción administrativa que involucra a Hugo Beras y Jochi Gómez.
A través de un comunicado de prensa, el órgano acusador afirmó que la decisión de la magistrada está "plagada de graves vicios procesales" y favorece al imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
En ese sentido, explicó que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la decisión pese a haber sido desapoderada del caso desde el 24 de octubre de 2025.
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Justicia
Indicó que, a partir de esa fecha, el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoció la audiencia preliminar y dictó el auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, sostuvieron además que la magistrada desnaturalizó la figura de la astreinte y, sobre esa base, fijó una suma que calificaron de "exorbitante", con la que, a su juicio, pretende convertir esa figura jurídica en una indemnización a favor de un procesado por corrupción.
"Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación", dijo Jonathan Pérez, quien recordó que el juicio contra Álvarez Carbuccia está pautado para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Asimismo, explicó que el tribunal que actualmente conoce el proceso por corrupción tampoco tiene competencia para decidir sobre la reclamación del teléfono celular presentada por Álvarez Carbuccia, debido a que no se trata de una jurisdicción administrativa.
La decisión de la jueza Padilla Rosario establece el pago de 7. 5 millones al procesado, por concepto de liquidación de la astreinte de una serie de bienes que ya recibió. Además, reclama la entrega de una móvil marca Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda alrededor de 3 mil pesos.
Álvarez Carbuccia figura como imputado en el proceso seguido contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, acusado de presuntamente facilitar adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y de participar en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Otro de los procesados es José Ángel Gómez Canaán, a quien el Ministerio Público atribuye haberse beneficiado de contratos presuntamente fraudulentos a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange. Además, lo señala como responsable del control de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y de espionaje tecnológico, así como del presunto sabotaje que afectó la red semafórica del Gran Santo Domingo.
De acuerdo con el expediente acusatorio, Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant.
Los demás imputados enfrentan cargos por presunto lavado de activos, testaferrato, sabotaje de la red semafórica, manipulación de procesos de licitación y de decisiones del Comité de Compras, con el supuesto propósito de favorecer a las empresas vinculadas al esquema de corrupción, además de facilitar el control técnico de la red semafórica y falsificar certificaciones.
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A través de un comunicado de prensa, el órgano acusador afirmó que la decisión de la magistrada está "plagada de graves vicios procesales" y favorece al imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
En ese sentido, explicó que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la decisión pese a haber sido desapoderada del caso desde el 24 de octubre de 2025.
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Jueza condena a la Procuraduría General a pagar más de RD$7.5 millones a imputado de caso Intrant
Indicó que, a partir de esa fecha, el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoció la audiencia preliminar y dictó el auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, sostuvieron además que la magistrada desnaturalizó la figura de la astreinte y, sobre esa base, fijó una suma que calificaron de "exorbitante", con la que, a su juicio, pretende convertir esa figura jurídica en una indemnización a favor de un procesado por corrupción.
"Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación", dijo Jonathan Pérez, quien recordó que el juicio contra Álvarez Carbuccia está pautado para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Asimismo, explicó que el tribunal que actualmente conoce el proceso por corrupción tampoco tiene competencia para decidir sobre la reclamación del teléfono celular presentada por Álvarez Carbuccia, debido a que no se trata de una jurisdicción administrativa.
La decisión de la jueza Padilla Rosario establece el pago de 7. 5 millones al procesado, por concepto de liquidación de la astreinte de una serie de bienes que ya recibió. Además, reclama la entrega de una móvil marca Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda alrededor de 3 mil pesos.
El caso
Álvarez Carbuccia figura como imputado en el proceso seguido contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, acusado de presuntamente facilitar adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y de participar en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Otro de los procesados es José Ángel Gómez Canaán, a quien el Ministerio Público atribuye haberse beneficiado de contratos presuntamente fraudulentos a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange. Además, lo señala como responsable del control de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y de espionaje tecnológico, así como del presunto sabotaje que afectó la red semafórica del Gran Santo Domingo.
De acuerdo con el expediente acusatorio, Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant.
Los demás imputados enfrentan cargos por presunto lavado de activos, testaferrato, sabotaje de la red semafórica, manipulación de procesos de licitación y de decisiones del Comité de Compras, con el supuesto propósito de favorecer a las empresas vinculadas al esquema de corrupción, además de facilitar el control técnico de la red semafórica y falsificar certificaciones.
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