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PDH da cinco días a la Usac para explicar el borrado de registros de estudiantes
La PDH abre expediente por la “alteración y borrado de registro académico” de estudiantes que buscan acompañamiento de la institución para que se garantice su derecho de acceso a la educación.
Sandy Pineda
22 de julio de 2026
|
14:29h
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Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Policía Nacional Civil participaron en una citación legislativa para informar sobre las denuncias de estudiantes y la presencia policial en la Universidad de San Carlos (Usac). (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
Durante una citación en el Congreso, este miércoles 22 de julio, se revelaron detalles sobre la eliminación de registros académicos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la fuerte presencia policial en el campus.
En la reunión se confirmó que se han documentado casos específicos de estudiantes afectados. En la citación estuvieron presentes Yesenia Chen, subdirectora de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC).
La subdirectora de la PDH detalló que la institución abrió el expediente 2026-10997 por la “alteración y borrado de registro académico”. Según informó la funcionaria, hasta ese momento nueve estudiantes habían solicitado el acompañamiento de esa institución en defensa de su derecho de acceder a la educación universitaria.
“Teníamos otros estudiantes en recepción, a los cuales también se les brindaría el acompañamiento… ese dato todavía no lo tenemos; habría que ver cuántos se apersonarán hoy por la tarde”, explicó Chen, quien estimó que la cifra podría elevarse a 15 o más conforme avanzaba la jornada.
Chen subrayó que el acompañamiento busca garantizar que los alumnos puedan ingresar al campus y que el Departamento de Registro y Estadística reciba sus memoriales.
Ante los cuestionamientos, la PDH fijó un plazo de cinco días a las autoridades universitarias para entregar un informe circunstanciado sobre la desaparición de los datos.
No obstante, la subdirectora admitió que el procurador José Alejandro Córdova no ha acudido al campus de la universidad estatal. “Personalmente no lo ha hecho”, afirmó, y añadió que las verificaciones fueron delegadas a personal de esa institución.
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Ausencia de autoridades universitarias
Aunque fue convocado el personal del Departamento de Registro y Estadística de la Usac, hubo ausencia total de sus autoridades.
Entre los citados figuraba Bryan Fuentes Paz, jefe de esa dependencia, quien fue denunciado por el diputado Chic ante la Fiscalía por los presuntos delitos de supresión, ocultación o destrucción de documentos; destrucción de registros informáticos, y abuso de autoridad.
Ante su inasistencia, Fuentes Paz remitió una carta en la que asegura que realiza acciones administrativas para “garantizar el derecho a la educación”.
Mientras, organizaciones internacionales de derechos humanos advirtieron que estas acciones comprometen el “desarrollo de los proyectos de vida” de los universitarios.
Un “patrón de persecución” política
El diputado José Chic, quien presentó una denuncia penal por este caso ante el Ministerio Público (MP) y la misma PDH, fue enfático al señalar que la pérdida de datos no es un error técnico aleatorio, sino a su criterio, un ataque dirigido.
“Hay un patrón donde la gente a la que le borraron su registro ha estado participando en el 2022 o participando ahorita en algún evento electoral interno”, denunció.
Citó casos en los que, en facultades con miles de estudiantes, solo un alumno —con afinidad política de oposición— perdió sus registros.
El legislador recordó que, legalmente, el historial académico es intocable. “No hay ninguna normativa que implique borrar registros; así a mí me expulsen de la universidad… el registro no se borra”. Advirtió que la demora en resolver estos casos resulta crítica para los estudiantes.
“Si se los resuelven en agosto o septiembre, los hicieron perder un semestre y, en algunos casos, un año”, recalcó.
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Descargo de la Usac
La Usac, ante la falta de un enlace de prensa directo, difundió un video el 21 de julio en el que sostuvo que la “congelación” de registros digitales se debe a que, durante la toma del 2022-2023, “fueron sustraídos expedientes estudiantiles físicos”.
La universidad hizo público el video luego de que medios publicaran las denuncias de los estudiantes, en este invitó a los afectados a acudir a una “ventanilla especial” a partir del 22 de julio para una “revisión exhaustiva” individual.
Sin embargo, estudiantes afectados califican esta versión de incongruente.
Un alumno señaló que inició su carrera en el 2025, por lo que su expediente no pudo verse afectado por hechos ocurridos en años anteriores y que, durante su primer año, no tuvo problemas para inscribirse o asignarse cursos.
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Además de las denuncias relacionadas con los registros, el director de la PNC, David Custodio Boteo, justificó la presencia de agentes en los accesos de la avenida Petapa y el Anillo Periférico.
Custodio Boteo leyó un oficio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que exigía explicaciones sobre las razones para disminuir la vigilancia.
“Responsabilizaban al ministro de Gobernación de que si se quitaba la seguridad y pasaba algo, pues iba a ser responsabilidad [del ministro]”, expuso.
Actualmente, la PNC mantiene 30 agentes rotativos —15 en cada ingreso—, quienes realizan labores que el director calificó de “preventivas” para evitar agresiones y cumplir con órdenes de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sin embargo, la citación también reveló información sobre la seguridad interna, ya que, según el congresista, la Usac ha reportado el extravío de entre 30 y 35 armas de fuego y no ha actualizado su registro de tenencia de armas en más de ocho años.
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Organizaciones expresan preocupación
En un comunicado conjunto, organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC), manifestaron su preocupación por la crisis que enfrenta la Usac y advirtieron que impedir a estudiantes asignarse cursos o ingresar al campus “compromete no solo su formación profesional, sino también el desarrollo de sus proyectos de vida”.
Asimismo, condenaron “cualquier acto de represalia, intimidación o restricción a los derechos de las y los estudiantes” por ejercer su libertad de expresión, participación y petición.
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