C
Carlos Ernesto González Ramírez
Guest
Cada vez que alguien pregunta por qué Panamá no genera las empresas y los empleos que su economía podría dar de sobra, la respuesta oficial se va por las nubes: tasas de interés, inversión extranjera, el Canal, la banca… Todo muy respetable. Pero yo, que llevo años peleando con el aparato regulatorio panameño desde adentro, te lo digo con claridad: el freno más grande no está en la macroeconomía. Está en el trámite innecesario, absurdo y, muchas veces, deliberadamente estúpido.
Abrir un negocio en este país es una carrera de obstáculos diseñada para desgastarte. Empiezas con el Aviso de Operación, esa “simple notificación” que la ley inventó… y que en la práctica se convirtió en un permiso disfrazado donde el funcionario te pide cosas que la propia ley prohíbe exigir. Luego vienen los permisos sanitarios que tratan igual a una fábrica de químicos que a la señora que vende queques en el barrio. El Cuerpo de Bomberos, el municipio, los ministerios… todos actúan como si cada nuevo empresario fuera un delincuente hasta que demuestre lo contrario. En los países que sí generan empleo al ritmo que necesitan, es al revés: dejas operar y fiscalizas después.
Y aquí viene lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta: buena parte de estas trabas no existen para proteger al ciudadano. Existen para proteger a alguien. Un examen sanitario que no mide riesgo real. Una intermediación profesional obligatoria para trámites que cualquier panameño podría hacer solo. Una restricción de cabotaje que blinda a un puñado de transportistas. Todo eso tiene beneficiarios con nombre, apellido y, casi siempre, línea directa a un político con poder. La regulación excesiva no es un accidente burocrático. Es un negocio bien organizado… financiado con el tiempo, la plata y la paciencia de quien solo quiere trabajar.
La solución no es compleja ni original: reemplazar la autorización previa por un registro + declaración jurada (con cárcel de verdad para el que mienta) y fiscalización posterior seria. Que el Estado deje de ser el portero malhumorado que decide quién entra y se convierta en el vigilante que castiga a quien hace daño. Eso multiplicaría la formalización, la inversión y el empleo de un solo golpe. Porque hoy una parte enorme de la economía panameña decide quedarse informal no porque no quiera formalizarse… sino porque el costo de cruzar la puerta es más alto que el beneficio de entrar.
Y ojo, para no caer en la inocencia: esto ya se ha intentado. Se ha simplificado un trámite, se ha eliminado un permiso, se ha abierto una actividad a la competencia. ¿Y qué pasa después? En silencio, casi siempre de noche, aparecen nuevos reglamentos o resoluciones que reconstruyen la barrera que se había derribado. Empujados, claro, por los mismos sectores que perdieron el control cuando se abrió la puerta. La desregulación en Panamá no ha fracasado por falta de buenas ideas. Ha fracasado porque nunca se blindó contra la reversión. Se abre con un decreto y se cierra con una resolución que nadie discute en público.
Por eso un plan serio de desregulación tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo: tumbar las trabas de hoy y soldar la puerta trasera por la que históricamente han vuelto a colarse. Jerarquía normativa clara. Silencio administrativo a favor del ciudadano. Y que ningún reglamento de tercera categoría pueda resucitar un permiso que la ley ya mató.
Panamá no tiene un problema de talento ni de ganas de trabajar. Tiene un problema de puertas que se abren para unos pocos y se cierran para casi todos los demás. Desregular no es un favor a los empresarios. Es la forma más directa, más justa y más urgente de abrirle la puerta a la inversión y al empleo formal.
Hasta que no hagamos eso, seguiremos siendo el país que le tiene miedo a su propio potencial… mientras los trámites y los privilegiados siguen mandando.
El autor es vicepresidente de la Fundación Libertad.
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Abrir un negocio en este país es una carrera de obstáculos diseñada para desgastarte. Empiezas con el Aviso de Operación, esa “simple notificación” que la ley inventó… y que en la práctica se convirtió en un permiso disfrazado donde el funcionario te pide cosas que la propia ley prohíbe exigir. Luego vienen los permisos sanitarios que tratan igual a una fábrica de químicos que a la señora que vende queques en el barrio. El Cuerpo de Bomberos, el municipio, los ministerios… todos actúan como si cada nuevo empresario fuera un delincuente hasta que demuestre lo contrario. En los países que sí generan empleo al ritmo que necesitan, es al revés: dejas operar y fiscalizas después.
Y aquí viene lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta: buena parte de estas trabas no existen para proteger al ciudadano. Existen para proteger a alguien. Un examen sanitario que no mide riesgo real. Una intermediación profesional obligatoria para trámites que cualquier panameño podría hacer solo. Una restricción de cabotaje que blinda a un puñado de transportistas. Todo eso tiene beneficiarios con nombre, apellido y, casi siempre, línea directa a un político con poder. La regulación excesiva no es un accidente burocrático. Es un negocio bien organizado… financiado con el tiempo, la plata y la paciencia de quien solo quiere trabajar.
La solución no es compleja ni original: reemplazar la autorización previa por un registro + declaración jurada (con cárcel de verdad para el que mienta) y fiscalización posterior seria. Que el Estado deje de ser el portero malhumorado que decide quién entra y se convierta en el vigilante que castiga a quien hace daño. Eso multiplicaría la formalización, la inversión y el empleo de un solo golpe. Porque hoy una parte enorme de la economía panameña decide quedarse informal no porque no quiera formalizarse… sino porque el costo de cruzar la puerta es más alto que el beneficio de entrar.
Y ojo, para no caer en la inocencia: esto ya se ha intentado. Se ha simplificado un trámite, se ha eliminado un permiso, se ha abierto una actividad a la competencia. ¿Y qué pasa después? En silencio, casi siempre de noche, aparecen nuevos reglamentos o resoluciones que reconstruyen la barrera que se había derribado. Empujados, claro, por los mismos sectores que perdieron el control cuando se abrió la puerta. La desregulación en Panamá no ha fracasado por falta de buenas ideas. Ha fracasado porque nunca se blindó contra la reversión. Se abre con un decreto y se cierra con una resolución que nadie discute en público.
Por eso un plan serio de desregulación tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo: tumbar las trabas de hoy y soldar la puerta trasera por la que históricamente han vuelto a colarse. Jerarquía normativa clara. Silencio administrativo a favor del ciudadano. Y que ningún reglamento de tercera categoría pueda resucitar un permiso que la ley ya mató.
Panamá no tiene un problema de talento ni de ganas de trabajar. Tiene un problema de puertas que se abren para unos pocos y se cierran para casi todos los demás. Desregular no es un favor a los empresarios. Es la forma más directa, más justa y más urgente de abrirle la puerta a la inversión y al empleo formal.
Hasta que no hagamos eso, seguiremos siendo el país que le tiene miedo a su propio potencial… mientras los trámites y los privilegiados siguen mandando.
El autor es vicepresidente de la Fundación Libertad.
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